La jueza guatemalteca Erika Aifán, que atendía casos de corrupción de alto impacto, renunció este lunes ante presiones desde redes criminales y temores por su seguridad.
“He decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida”, dijo Aifán en un video difundido en Twitter.
La ahora exjueza hizo el anuncio desde Estados Unidos, donde se exilió, según la prensa local.
Aifán fue una de las ganadoras del premio internacional “Mujeres de Coraje” 2021, que Estados Unidos otorga para reconocer liderazgos femeninos excepcionales.
Desde 2019, gozaba de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ser objeto de amenazas y hostigamientos en el marco de sus labores.
“He conocido grandes casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles del Estado de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas en contra de mi independencia y de mi integridad”, agregó.
Entre los casos que atendía, figura el supuesto amaño para designar jueces en el Poder Judicial destapado en 2020 por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), orquestado por el influyente empresario Gustavo Alejos, involucrado en varios casos de corrupción.
Aifán enfrentaba un proceso para quitarle inmunidad por haber ordenado investigar a jueces involucrados en ese caso, pues los denunciantes, un grupo de magistrados de apelaciones, señalaron que no tenía facultad para hacerlo.
“Las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad”, dijo la exjueza, tras indicar que no contaba con las garantías de un debido proceso.
La renuncia ocurre un mes después de la captura de cinco exfiscales de la FECI y de una representante de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Naciones Unidas (2007-2019), señalados de abuso de autoridad.
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Esas detenciones se realizaron a pedido del Ministerio Público, a cargo de Consuelo Porras, incluida en una lista de personajes “corruptos” por Estados Unidos.
Ex funcionarios que trabajaron en órganos antimafias en Guatemala calificaron a esas detenciones como una “venganza” contra quienes lucharon contra la corrupción. La Fiscalía rechaza esas acusaciones.
La mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad y otros siguen procesados por delitos menores.
