El equipo de abogados defensores del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lucha por evitar una sentencia contra el magnate en en Nueva York después de que el pasado mayo un jurado lo condenara por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir durante la campaña electoral de 2016 un escándalo sexual pasado.
El juez que preside ese caso, Juan Merchan, informó este lunes que comunicará por escrito si mantiene o desestima por completo la acusación por el dinero secreto relacionado con la victoria electoral de Trump en 2016, después de que una decisión de la Corte Suprema de EEUU en julio otorgara a los presidentes una amplia inmunidad frente a la persecución penal, según informaron medios locales.
El togado ya retrasó la sentencia para evaluar el fallo de inmunidad del Supremo, y tiene fijada una audiencia este martes 12 de noviembre para responder a una moción de la defensa, que además alegaba interferencia electoral, para anular la condena.
Si Merchan decide proceder, la fecha de sentencia es el 26 de noviembre y Trump se enfrenta a una pena máxima de cuatro años de cárcel, pero los expertos creen que la defensa intentará seguir dilatando el proceso; así pues, la posibilidad de que este pise una cárcel es mínima, sobre todo si los retrasos llegan a la fecha de su nombramiento como jefe del Estado.
Según la cadena CNN, que cita una fuente conocedora de la estrategia de la defensa, los abogados de Trump van a presentar en los próximos días una moción ante Merchan que arguye que un presidente electo tiene los mismos derechos constitucionales que uno en ejercicio, y por tanto debe quedar protegido de las acciones de los fiscales.
El caso penal, en Georgia, por presunta interferencia en las elecciones de 2020, no tiene visos de avanzar antes de la investidura, tras ser obstaculizado por un idilio entre los fiscales que llevó a la dimisión de uno de ellos y a una denuncia de la defensa para que se retire la fiscal de distrito Fani Williams.
Trump y sus abogados siempre han considerado que todos estos casos, pese a su diversidad, forman parte de lo que califican como ‘caza de brujas’ por parte de una fiscalía que obedece a sus simpatías demócratas. EFE
