Barcelona, España.
Este lunes es un día clave para Cataluña al cumplirse el plazo dado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aclare si declaró o no la independencia en un confuso discurso frente al Parlamento catalán.
Si contesta afirmativamente, Rajoy responderá aplicando el artículo 155 de la Constitución, una medida drástica y de consecuencias imprevisibles que le permitirá intervenir las amplias competencias del gobierno catalán, como la sanidad, la educación o la Policía regional.
Previo a su esperada comparecencia, Puigdemont apeló ayer a la “calma” y la “serenidad” en medio de la mayor crisis institucional de España en las últimas décadas. “El Govern y yo reiteramos nuestro compromiso con la paz, el civismo y la serenidad, y también con la democracia como inspiradoras de las decisiones que tenemos que tomar”, dijo en un acto público en Barcelona. Pese a que no quiso adelantar su respuesta, Puigdemont aludió a su compromiso con los resultados del referendo de autodeterminación prohibido del 1 de octubre que los independentistas dicen haber ganado con un 90% de síes a la secesión.
“Está a tiempo de volver a la normalidad institucional”, replicó tajante el ministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido, instando al líder catalán a “contestar que no declaró la independencia”.
Presión
Puigdemont está bajo una formidable presión, tanto política como económica, diplomática y judicial.
En su campaña por el referendo, prohibido por la justicia por inconstitucional, los independentistas aseguraron que las empresas no se marcharían de Cataluña y que, ante “los hechos consumados”, la comunidad internacional los apoyaría.
Sin embargo, del 2 al 11 de octubre, 540 empresas trasladaron su sede, entre ellas, los dos mayores bancos de la región, CaixaBank y Sabadell, el grupo editorial Planeta, uno de las más importantes del mundo.
A nivel internacional, la Unión Europea (UE) también se pronunció contra una secesión unilateral, así como países latinoamericanos -México, Colombia, Chile- que mantienen estrechas relaciones con España.
Este lunes es un día clave para Cataluña al cumplirse el plazo dado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aclare si declaró o no la independencia en un confuso discurso frente al Parlamento catalán.
Si contesta afirmativamente, Rajoy responderá aplicando el artículo 155 de la Constitución, una medida drástica y de consecuencias imprevisibles que le permitirá intervenir las amplias competencias del gobierno catalán, como la sanidad, la educación o la Policía regional.
Previo a su esperada comparecencia, Puigdemont apeló ayer a la “calma” y la “serenidad” en medio de la mayor crisis institucional de España en las últimas décadas. “El Govern y yo reiteramos nuestro compromiso con la paz, el civismo y la serenidad, y también con la democracia como inspiradoras de las decisiones que tenemos que tomar”, dijo en un acto público en Barcelona. Pese a que no quiso adelantar su respuesta, Puigdemont aludió a su compromiso con los resultados del referendo de autodeterminación prohibido del 1 de octubre que los independentistas dicen haber ganado con un 90% de síes a la secesión.
“Está a tiempo de volver a la normalidad institucional”, replicó tajante el ministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido, instando al líder catalán a “contestar que no declaró la independencia”.
Presión
Puigdemont está bajo una formidable presión, tanto política como económica, diplomática y judicial.
En su campaña por el referendo, prohibido por la justicia por inconstitucional, los independentistas aseguraron que las empresas no se marcharían de Cataluña y que, ante “los hechos consumados”, la comunidad internacional los apoyaría.
Sin embargo, del 2 al 11 de octubre, 540 empresas trasladaron su sede, entre ellas, los dos mayores bancos de la región, CaixaBank y Sabadell, el grupo editorial Planeta, uno de las más importantes del mundo.
A nivel internacional, la Unión Europea (UE) también se pronunció contra una secesión unilateral, así como países latinoamericanos -México, Colombia, Chile- que mantienen estrechas relaciones con España.
