La opositora Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, del ex canciller Eduardo Montealegre, anunció ayer que “solicitará formalmente” la destitución del presidente del país, Daniel Ortega, por violar la Constitución y las leyes de esta nación.
En un pronunciamiento distribuido ayer a la prensa, la BDN indicó que Ortega “puede ser declarado incapacitado para seguir gobernando ya que no puede siquiera cumplir con la más básica de las atribuciones de un Jefe de Estado, que es cumplir con la Constitución y las leyes”.
El pronunciamiento de la BDN se produce después de que Ortega decretara el pasado día 9 la ratificación y prórroga en sus cargos de autoridades de instituciones y poderes del Estado cuyo mandato finaliza este año, facultad que corresponde a la Asamblea Nacional.
Proceso
Para destituir a Ortega se requieren dos tercios de los votos de la Asamblea Nacional, que no reúnen ni el oficialismo ni la oposición. La BDN, integrada por 16 de los 92 diputados del Congreso, llama a la Fiscalía General del Estado a que, sin perjuicio de las acciones legislativas que se tomen en el seno de la Asamblea Nacional, “inicie un proceso contra Ortega por haber violado la Carta Magna”. Los legisladores recordaron al fiscal general, el liberal Julio Centeno, que la Constitución establece que “ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes”.
También consideran que Ortega ha probado su incapacidad para mantener la cooperación internacional con el supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre de 2008 “y sí ha demostrado capacidad para reemplazar dicha cooperación con más impuestos para el pueblo nicaragüense”.
La BDN llama a los funcionarios públicos a obedecer la Constitución y abandonar sus cargos al término de su mandato, al tiempo de advertir a aquéllos que no lo hagan de que podrán ser acusados ante cualquier tribunal porque no gozarán de inmunidad al haber concluido el plazo para el que fueron elegidos.
Ortega emitió el decreto para evitar, dijo, “un vacío de poder” en el Estado nicaragüense, ya que este año se vence el período de cinco años de mandato de diez magistrados del Poder Electoral, cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, cinco fiscalizadores de cuentas y otros importantes cargos.
Empresarios
La cúpula empresarial nicaragüense tildó ayer de “atropello” a la Constitución la decisión del presidente, Daniel Ortega, de prorrogar por decreto los nombramientos de funcionarios directivos de varios organismos públicos, que deben ser aprobados por el parlamento.
“Rechazamos que el Poder Ejecutivo a través de un decreto se atribuye funciones que la Constitución que competen exclusivamente a la Asamblea Nacional, las cuales no pueden, por ningún poder o funcionario, ser usurpadas”, señaló el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, en una declaración.
