Un grupo de familiares de los adolescentes detenidos en Venezuela denunciaron este miércoles que los menores sufrieron “torturas” en los centros de detención, a donde fueron trasladados después de ser aprehendidos en el contexto de la protestas contra el resultado de las elecciones del 28 de julio, que ratificó a Nicolás Maduro como presidente electo.
Así lo aseguró Dionexis García, hermana de un chico de 17 años que -según contó- fue detenido por la Policía cuando se encontraba dentro de la casa de un amigo el pasado 2 de agosto, luego de que se registraran protestas en todas las regiones del país durante los días 29 y 30 de julio en contra de la reelección de Maduro.
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“Mi hermano fue víctima de tortura en ‘Zona 7’ (como se conoce a unos calabozos de la Policía Nacional Bolivariana ubicados en el este de Caracas) le colocaron una capucha, electricidad, con la intención de obligarlo a grabar un video donde el dice que le pagaron 50 dólares por salir a manifestar”, denunció García.
Aseguró que su hermano fue aprehendido “sin una orden de detención” y que fue señalado por los delitos de “terrorismo e incitación al odio” pese a que “no salió a la calle” ni participó en las protestas que se desataron entonces, alentadas por la denuncia de fraude electoral que hiciera la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Explicó que, al cumplirse 48 días del arresto y sin haber recibido “ninguna respuesta” a las peticiones de liberación, varios familiares de los menores decidieron juntarse para reunir alimentos y productos de aseo personal, donados por ciudadanos de manera voluntaria, para entregarlos a los detenidos en los dos días establecidos para las visitas.
Llamado de solidaridad
“Somos obreros, personas trabajadoras que no cuentan con recursos. Queremos hacer un llamado a colaborar porque ser pobre no es un delito”, dijo la mujer mientras esperaba por más donaciones en una plaza caraqueña.
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Cerca de ella, Theany Urbina, de 32 años, coreaba consignas a favor de su hijo de 16 años, también detenido el 2 de agosto y todavía preso, al igual que otros 58 menores de edad en todo el país, según los registros de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos.
“Estamos haciendo una recolecta porque no tenemos el dinero para (...) llevar jabón y ese tipo de cosas, porque no podemos trabajar, la desesperación es grande, no tenemos tiempo de trabajar ya que tenemos que estar con nuestros hijos”, expuso Urbina, que trabaja como manicurista.
Insistió en que su hijo no salió a protestar, pero cinco días después de las elecciones, “pasaron dos policías y se lo llevaron”, cuando “se comía una chuchería en la puerta de la casa”.
Los familiares de los encarcelados mostraron fotografías de sus seres queridos, agitaron una pancarta con la frase ‘Basta de criminalizar a quienes luchan’ y, al final de la protesta, colectaron varios alimentos enlatados, así como afeitadoras, crema dental, desodorante, galletas, entre otros productos.
