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El caso de Georgia sienta las bases para procesos penales paralelos en contra de Trump

  • 16 agosto 2023 /

El exmandatario enfrenta varios cargos por el supuesto intento de alterar los resultados electorales en Georgia.

Georgia, Estados Unidos.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, Fani Willis, comenzó a investigar al expresidente Donald Trump 21 meses antes de que Jack Smith fuera nombrado fiscal especial, pero presentaron cargos casi por los mismos hechos, en un lapso de dos semanas.

La acusación formal del condado de Fulton representa tan solo un capítulo de la acusación de cuatro cargos que presentó Smith: el intento del expresidente de obligar a que Georgia formara parte de sus victorias.

Pero dado que la ley estatal sobre delincuencia organizada es tan extensa en el caso de Atlanta, trasciende las fronteras de Georgia para abarcar los actos más generalizados de Trump en todo el país para aferrarse al poder, lo que crea un extraordinario enjuiciamiento paralelo de una figura política destacada como nunca se había visto en la historia del país.

En 98 páginas repletas de texto, Willis argumenta que Georgia no solo fue el lugar donde Trump cometió actos delictivos, sino también el centro de una conspiración nacional orquestada por él, con la complicidad de las mismas personas implicadas por el equipo de Smith en el intento de anular las elecciones de 2020. Cinco de los seis cómplices no imputados que es probable que estuvieran incluidos en la acusación federal (Rudy Giuliani, Kenneth Chesebro, John Eastman, Sidney Powell y Jeffrey Clark) aparecieron en la acusación de Willis el lunes 14 de agosto.

Willis y Smith, quienes entrevistaron casi a los mismos testigos y revisaron casi las mismas pruebas, llegaron a la misma conclusión desde direcciones distintas: que Trump y sus aliados “a sabiendas y de manera intencionada se asociaron para cambiar de manera ilegal los resultados de las elecciones”, escribieron los fiscales del condado de Fulton en el resumen de los cargos.

El equipo de Smith describió una asociación similar, una que “se basó en mentiras”.

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No hay un camino a seguir para acusar formalmente a un expresidente, mucho menos someterlo a proceso al mismo tiempo por delitos similares en dos jurisdicciones. Los fiscales, en particular los que trabajan para el Departamento de Justicia, suelen tratar de evitar casos concurrentes para evitar discrepancias, pequeñas o significativas, en los testimonios de los testigos que puedan ser aprovechadas por la defensa.

Todavía no sabemos cómo funcionará esto. Smith, quien fue nombrado fiscal especial en noviembre, tiene un caso más ágil y está presionando para que el juicio comience a principios de enero. En declaraciones a los periodistas a última hora del lunes, Willis mencionó que no tenía “ningún deseo de ser la primera ni la última”. Pero también sugirió que su equipo solicitaría una fecha para el juicio “en un plazo de seis meses“, lo cual sería antes de febrero de 2024, a pesar de que personas implicadas en el caso han dicho que un plazo tan corto parece muy poco probable.

En la acusación federal, Georgia es uno de los varios estados en los que se produjeron conductas ilegales previas al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos, pero ambas acusaciones abarcan una amplia variedad de actividades. Entre ellas, la incesante presión de Trump sobre el vicepresidente Mike Pence para que bloqueara la certificación oficial de la victoria de Joe Biden, incluso mientras los seguidores de Trump irrumpían los pasillos del Congreso.

Uno de los acontecimientos más sorprendentes revelados el lunes fue hasta qué punto los investigadores de Willis se desplazaron más allá de las fronteras estatales. La fiscal de distrito explicó que la mayoría de los actos delictivos descritos en la acusación ocurrieron en el estado, pero que “algunos ocurrieron en otras jurisdicciones y se incluyen porque el gran jurado cree que formaron parte del intento ilegal de anular los resultados de las elecciones presidenciales de Georgia en 2020”.

El estado se menciona no menos de 48 veces en la acusación federal de 45 páginas y muchos de los incidentes y acciones más significativos investigados por Willis y sus fiscales también fueron citados por Smith y su equipo.

Incluyen la tristemente célebre conversación telefónica del 2 de enero de 2021, durante la cual Trump le pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que “encontrara” los 11,780 votos que necesitaba para ganar; la insistencia de Trump en repetir afirmaciones falsas de que se había permitido que miles de personas muertas y no residentes del estado votaran por Biden, a pesar de que Raffensperger y otros funcionarios presentaron repetidas veces pruebas de que no era cierto; la falsa acusación de Giuliani de que los trabajadores electorales de Atlanta registraron totales de votos fraudulentos; y la difusión por parte del abogado de Trump, Powell, de teorías conspirativas desacreditadas, incluida la afirmación ficticia de que partidarios de Biden manipularon las máquinas electrónicas para votar.

Sin embargo, los dos casos tienen diferencias importantes. La más evidente es la acusación contra Mark Meadows, el ex jefe de Gabinete de Trump, en Georgia. Meadows, una figura central en los acontecimientos que llevaron al ataque al Capitolio, brilla por su ausencia en la acusación federal ya sea como testigo o como acusado.

Otra diferencia muy marcada: mientras que Smith impuso condiciones de fianza indulgentes para Trump en Washington y para el expresidente y sus dos coacusados en el caso relacionado con su retención de secretos de seguridad nacional, los funcionarios del condado de Fulton han sugerido que procesarán a los acusados como a cualquier otro imputado, lo que requiere tomar fotos para la ficha policial y tal vez incluso solicitar una fianza monetaria.

Es probable —si no es que casi seguro— que Smith proceda primero, dado el hecho de que su caso solo implica a un acusado. La jueza que presidirá el juicio, Tanya Chutkan, señaló su intención de actuar rápido, en especial si Trump continúa con sus ataques al tribunal y sus fiscales, lo cual podría contaminar a los posibles miembros del jurado.

Si el caso de Georgia “fuera primero, sería un problema para Jack Smith”, afirmó John Fishwick Jr., quien fue fiscal del distrito oeste de Virginia de 2015 a 2017. “Pero no hay manera de que el caso de Georgia vaya a juicio antes de las elecciones de 2024, por lo que, a corto plazo, este traslape no importará mucho”.

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Los fiscales del Departamento de Justicia tienen fama de querer imponerse a los funcionarios locales que investigan los mismos hechos. Pero los fiscales del condado de Fulton tuvieron una ventaja de casi dos años, por lo que estaban muy avanzados en su investigación mucho antes de que Smith, basándose en una investigación que comenzó en la oficina del fiscal federal en Washington, asumiera el cargo de fiscal especial a finales de 2022.

Según los funcionarios de procuración de justicia, las oficinas se han comunicado, aunque en lo mínimo, y a menudo a través de la fiscalía de Atlanta.

Sin embargo, esto podría cambiar: en otros casos que se han traslapado, los abogados del Departamento de Justicia solicitaron ver las pruebas que los fiscales locales entregaban a los abogados de la defensa durante el proceso de presentación de pruebas para evitar sorpresas que pudieran poner en peligro su propio caso. La ley no obliga a los funcionarios locales a acceder, pero a menudo lo hacen, a veces a cambio de información recabada por el gobierno.