Preocupación internacional por el choque de poderes en El Salvador

Diferentes sectores y la comunidad internacional reaccionaron por la irrupción del presidente Bukele en el Congreso.

Los militares llegaron a la Asamblea Legislativa armados con fusiles de asalto.
Los militares llegaron a la Asamblea Legislativa armados con fusiles de asalto.

San Salvador.

El choque entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de El Salvador provocó la preocupación de diferentes sectores y comunidad internacional, en virtud de la intervención de los militares y policías que se sumaron a la posición del presidente Nayib Bukele, algo que no ocurría desde el fin de la guerra civil en 1992.

Bukele irrumpió este domingo en la Asamblea Legislativa escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil.

El titular del poder Ejecutivo exige a los diputados salvadoreños la aprobación de un polémico préstamo para financiar el Plan Control Territorial.

Las pandillas son responsables de gran parte de la violencia en El Salvador, uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con un promedio anual de 35.6 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2019.

Reacciones

El cardenal Gregorio Rosa Chávez advirtió que el país está ante un conflicto evidente con "dos posturas bastante radicales", por lo que instó a las partes a "bajar los niveles de confrontación y volver a los niveles de la racionalidad".

Por su parte, el analista y exministro de Justicia Francisco Bertrand, tras calificar fuera de lugar el llamado de Bukele a la Asamblea, dijo que el país ha vivido la situación "más grave" de las últimas décadas y similar a las que sucedían normalmente en los años 1950 y 1960 durante los regímenes militares.

La Unión Europea también expresó este domingo en un comunicado la "gran preocupación" que ha causado el "enfrentamiento" entre las instituciones salvadoreñas.

Y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) pidió el "retiro de las Fuerzas Armadas" del recinto legislativo, entre otras medidas, para desactivar la crisis.



El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, llamó a los órganos Ejecutivo y Legislativo a dialogar para buscar "consensos" y pidió "mantener la calma".

"Desde la firma de los Acuerdos de Paz hemos apoyado el fortalecimiento de la democracia en El Salvador. Hacemos un llamado a todas las partes del Estado y a todos los salvadoreños a trabajar y dialogar en búsqueda de consensos y a mantener la calma", manifestó el diplomático a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Johnson dijo estar "convencido de que la mejor vía de resolución de los conflictos es el diálogo razonable y el respeto mutuo".

Por su parte, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg, señaló que "El Salvador ha alcanzado logros importantes y ha ido profundizando su democracia y el Estado de Derecho mediante el respeto de las diferentes opiniones y el diálogo como forma de llegar a acuerdos que beneficien a todo el país".



"Confiamos en que el espíritu de dialogo prevalezca siempre", agregó.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), también hizo un llamado al diálogo y al "pleno respeto de la institucionalidad democrática para garantizar el Estado de Derecho, incluyendo la independencia de las ramas del poder público".

Amnistía Internacional condena militarización

La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, condenó el "ostentoso" despliegue militar y policial en la Asamblea Legislativa y señaló que esto "nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país".

"El presidente Nayib Bukele debe resguardar el importante legado de los acuerdos de paz", indicó en un comunicado.



Guevara Rosas señaló que el Gobierno y la Asamblea Legislativa "deben asegurar que sus decisiones se tomen respetando las normas nacionales e internacionales, sin poner en riesgo la institucionalidad que debe estar al servicio de los derechos humanos de todas las personas sin distinción".

"El pueblo salvadoreño no se merece revivir los años de tragedia y abuso estatal", agregó.

La Prensa