Una corte antimafia de El Salvador retomó este martes el juicio contra 426 testaferros, pandilleros y líderes históricos de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) por cargos de homicidio, organizaciones terroristas, lavado de dinero y tráfico de armas.
Las autoridades de seguridad solo trasladaron a 16 de los imputados, mientras que el resto se encuentra en diferentes cárceles del país y presencian el juicio mediante video.
Los imputados fueron capturados en el marco de la denominada 'Operación Cuscatlán' en febrero de 2018, una de las más amplías de los últimos años, y en la que se incautaron bienes por más de 1.8 millones de dólares.
Entre los cabecillas que enfrentan el juicio desde el lunes se encuentran Dionisio Umanzor, Pedro Rivas y Borromeo Henríquez, considerados como parte de la máxima estructura de liderazgo de la MS-13.
Se espera que en el juicio declaren al menos 34 testigos, de una lista previa de 150 personas, y que concluya el próximo 1 de noviembre.
Las investigaciones de la Fiscalía señalan que un grupo de los supuestos testaferros de la pandilla recibió dinero de dicha estructura para blanquearlo mediante pequeños negocios.
El 70% de las ganancias generadas por todos los negocios que recibían fondos ilícitos era para la pandilla y 30% les quedaba a los dueños de los comercios.
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La operación que dio pie a este proceso se registró después de la denominada 'Jaque' de 2016, que fue el primer golpe directo a las finanzas de la MS-13 con la desarticulación de una red que administraba el patrimonio de la pandilla.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la MS-13 se ha debilitado desde 2017, cuando el Gobierno estadounidense y el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) incrementaron su coordinación policial y judicial para combatir a ese grupo.
No obstante, las operaciones más fuertes contra esta estructura criminal comenzaron en el año 2016.
El Salvador es asediado por la MS-13, que Estados Unidos busca erradicar, el Barrio 18 y otras pandillas minoritarias que cuentan con más de 600 grupos en todo el país y a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los crímenes ocurridos en su territorio. Texto y foto de EFE.