En un ambiente de poco entusiasmo, los guatemaltecos acuden este domingo a las urnas para elegir presidente, en un balotaje entre la socialdemócrata Sandra Torres y el conservador Alejandro Giammattei, cuyo ganador tendrá el desafío de enfrentar la pobreza, la corrupción y la violencia criminal.
El proceso electoral está bajo observación de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el expresidente costarricense Luis Guillermo Solís, así como otras entidades locales.
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Giammattei, favorito en las encuestas, y Torres disputan un balotaje luego de que en la primera vuelta de junio ninguno alcanzó el 50% más uno de los votos.
Los dos candidatos, ambos de 63 años, centran sus promesas en el combate a la pobreza, que afecta a casi el 60% de los 17,7 millones de guatemaltecos, mejorar la salud y la educación, y luchar contra la corrupción y la violencia criminal.
Giammattei busca la presidencia por cuarta vez, mientras que Torres hace su segundo intento luego de que en 2015 perdiera contra Morales, un excomediante de televisión que ganó la elección tras la renuncia del expresidente Otto Pérez, derribado por denuncias de corrupción en medio de masivas protestas.
 Las elecciones comenzaron con pocas personas llegando a las urnas esta mañana en Guatemala. Foto AFP
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Los candidatos proponen generar miles de empleos para reactivar la economía y mejorar la seguridad con un incremento de policías, con lo cual esperan contener el masivo flujo de personas que emigran huyendo de la miseria y la violencia, aunque ninguno de los aspirantes ha indicado cómo harán para lograr esas metas.
Los dos políticos han evitado hablar abiertamente sobre un acuerdo con Estados Unidos para convertir a Guatemala en un 'tercer país seguro', lo que implica recibir a migrantes que pidan asilo en el país norteamericano mientras definen su situación.
- Promesas y desconfianza -
'Queremos que se elimine la delincuencia y la extorsión y que haya un gobierno que sepa llevar el país', dijo a la AFP Santiago, un anciano carpintero en el poblado indígena de Sumpango, al oeste de la capital.
Mientras armaba una mesa de madera, el hombre señaló que ha perdido la confianza en los políticos por las promesas incumplidas, como generar empleo y atacar la pobreza.
Guatemala cerró 2018 con un crecimiento de 3,1% y para este año la Cepal proyecta un aumento de 2,9%. Otro flagelo a vencer es la desnutrición crónica del 46% de los menores de cinco años; el índice más alto de Latinoamérica.
Aunque ambos candidatos buscar frenar el éxodo a Estados Unidos, un motor fundamental de la economía guatemalteca son las remesas de sus migrantes, que el año pasado alcanzaron casi 9.300 millones de dólares, cifra cercanas a las exportaciones, que sumaron unos 10.500 millones de dólares el año pasado.
Datos oficiales indican que alrededor de 1,5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de los cuales solo entre 300.000 y 400.000 tienen residencia legal.
Miles de guatemaltecos se aventuran a cruzar México para llegar a Estados Unidos alegando huir de la pobreza y la violencia, problemas comunes en el norte centroamericano donde operan las temidas pandillas y grupos del narcotráfico.
'Hay mucha gente que emigra por lo mismo, porque no hay oportunidad de empleo. Hay muchos que están graduados a nivel medio y universitarios y no hay oportunidades', dijo Leticia Gallina, una maestra de 40 años en el mercado de Sumpango.
El Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala y Honduras- es la región sin conflicto armado más violenta del mundo, según la ONU, y en el último año generó multitudinarias caravanas migratorias a Estados Unidos.
- Tambaleante lucha anticorrupción -
En 2015 los guatemaltecos vieron una esperanza de atacar la corrupción tras el arresto del presidente Pérez por casos impulsados por la fiscalía local y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
Pero esas esperanzas se ven menguadas con el fin de las funciones de la Cicig en setiembre, ya que Morales desistió de ampliar su misión hasta 2021 luego de que el ente internacional y la fiscalía solicitaran investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña.
Ambos aspirantes a presidencia descartaron la continuidad de la Cicig, que funcionaba desde 2007, y proponen crear fiscalías especiales con apoyo internacional.
Pero analistas y opositores dicen que esas promesas son vagas y dudan de sus compromisos contra la corrupción, dado que los dos candidatos fueron cuestionados y acusados por la Cicig.
