San Francisco, Estados Unidos.
A punto de cumplir con su objetivo de bloquear la política de gobierno en EEUU de devolver a México a los solicitantes de asilo, están las organizaciones de derechos civiles ya que están cumpliendo con los requisitos básicos para su caso.
Esto manifestó el juez Richard Seeborg quien no emitió fallo inmediato que le ayudara a decidir si suspende o no la política mientras se decide una apelación.
Lo habitual era que las familias solicitantes de asilo quedaran en libertad dentro de Estados Unidos con órdenes de comparecer ante las cortes de inmigración. La medida que comenzó a aplicarse en enero en el cruce San Ysidro, en San Diego, fue un cambio sin precedentes en el sistema estadounidense de asilo.
La demanda a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y grupos intercesores sostiene que el gobierno viola la ley al no tener debidamente en cuenta los peligros que enfrentan los migrantes en México.
El juez mencionó que los demandantes tenían la potestad de presentar el caso y que el tribunal podía escucharlo. Pero cuestionó el argumento de que la medida viola la ley estadounidense que permite el regreso de inmigrantes a México.
Las organizaciones también han acusado al Departamento de Seguridad Nacional y a funcionarios de inmigración de privar a los migrantes del derecho a solicitar asilo al dificultar el proceso.
“En lugar de poder concentrarse en preparar sus casos, las personas que solicitan asilo obligadas a regresar a México tendrán que concentrarse en intentar sobrevivir”, según la demanda presentada en febrero por la Unión Americana de Libertades Civiles, el Southern Poverty Law Center y el Center for Gender & Refugee Studies, todos organismos activistas.
El gobierno confía en que obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México desaliente las peticiones con poco sustento y contribuya a reducir los más de 800.000 casos acumulados en los tribunales de inmigración.
