El impacto político que causó la extradición de Juan Orlando Hernández
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Foto: Fotografía de archivo
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado el 21 de abril de 2022. El próximo 12 de febrero de 2024 se presentará ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el inicio de su juicio por acusaciones de narcotráfico.
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dom 4 de febrero de 2024
Desde antes que el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) culminara su mandato presidencial, los rumores de una eventual extradición vagaban por doquier y era un secreto a voces en el espectro político hondureño.
El 27 de enero de 2022, después de ocho años en la cúspide política y de ser el hombre más poderoso de Honduras, JOH abandonaba el palacio presidencial tras una dura derrota que sufrió el Partido Nacional en noviembre de 2021.
Con la asunción de un nuevo gobierno, Hernández Alvarado buscó maniobras políticas para evadir a la justicia en caso de ser acusado; una de las estrategias fue jurar como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Captura y extradición
Poco más de dos semanas transcurrieron de su nombramiento en el Parlacen, cuando el 15 de febrero se informaba en todos los medios nacionales sobre la inédita solicitud de extradición en contra del expresidente hondureño.
Ese mismo día, en un operativo nunca antes visto, la Policía Nacional de Honduras y unidades de Fuerzas Especiales sitiaron la residencia del exmandatario y lo capturaron en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Tras aquel oscuro día para la familia Hernández García, JOH permaneció dos meses en prisión preventiva hasta que un juez concedió su extradición y el 21 de abril de 2022 fue trasladado en un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA) hacia Estados Unidos.
El 22 de abril, 24 horas después de su extradición y a cientos de kilómetros del país al que gobernó por casi una década, Juan Orlando Hernández compareció ante el juez Stewart D. Aaron en un Tribunal Federal de Nueva York y conoció por primera vez los cargos por los cuales fue requerido por la implacable justicia estadounidense.
Cargos por narcotráfico
La Corte del Distrito Sur de Nueva York acusa a Juan Orlando Hernández de conspiración, tráfico de armas y droga, tres cargos de peso de los que tendrá que defenderse con su equipo de abogados el próximo 12 de febrero, fecha programada para el inicio del histórico juicio.
La acusación formal detalla que desde 2004, hasta alrededor de 2022, el expresidente Hernández “participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos”.
JOH, según las investigaciones de fiscales estadounidenses, “recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”.
De acuerdo a la Fiscalía neoyorquina, Hernández Alvarado protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y exdiputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado.
Las acusaciones señalan que JOH proporcionó información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos; ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras.
“Como congresista, luego presidente del Congreso Nacional de Honduras y finalmente presidente de Honduras durante dos mandatos, Hernández supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada”, añade el Departamento de Justicia de EEUU.
Asimismo, revela que Hernández se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera (Guzmán Loera), alias “El Chapo”, entre otros individuos. Añade que en 2013, mientras JOH hacía campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera.
El expresidente también se asoció con el capo hondureño (ya condenado) Geovanny Fuentes Ramírez. Entre las pruebas de la Fiscalía hay grabaciones (videos, audios y testimonios) de reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez, quien lo sobornó para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico
Consecuencias de la extradición de JOH
La extradición del exmandatario provocó un terremoto político en Honduras y llenó de temor a quienes por años fueron sus más cercanos seguidores, incluyendo altos funcionarios e incluso diputados del Congreso Nacional, con quienes Hernández mantenía una estrecha relación, la mayoría pertenecientes al Partido Nacional.
Puede decirse que, incluso antes de que Hernández Alvarado fuese extraditado, la debacle de uno de los principales partidos políticos de Honduras era inminente, ya que los juicios de “Tony” Hernández y de Geovanny Fuentes sirvieron como una antesala de lo que enfrentaría la clase política en el poder en ese entonces.
El impacto mediático de la extradición mermó a los líderes políticos del Partido Nacional, que venían de una dura derrota electoral en noviembre de 2021; muchos de ellos se escondieron de la palestra pública y otros se limitaban a vociferar frases en las que, de una u otra manera, buscaban desligarse de Juan Orlando Hernández.
Poco a poco, los “amigos” fueron desapareciendo y el círculo de poder político que una vez rodeó al expresidente, cuando este era inquilino del palacio José Cecilio del Valle, se desvaneció. Únicamente, su esposa Ana García Carías y sus hijas, Daniela e Isabela Hernández, fueron las que salieron del anonimato y desde la extradición, montaron una campaña, que aún persiste, y que tiene como eslogan principal la inocencia de JOH por los cargos que se le acusan.
Sin embargo, todo parece indicar que la verdadera tempestad aún no ha azotado, ya que el juicio contra Hernández Alvarado podría desatar una ola de revelaciones y señalamientos que salpicarían a otros personajes de la política hondureña.
Las consecuencias serían devastadoras, principalmente, para el Partido Nacional, cuyos líderes fueron de los más cercanos al expresidente Hernández; no obstante, la clase política en general, incluso de los partidos Liberal y Libertad y Refundación, deben estar atentos al desarrollo del histórico juicio.
Honduras, un narcoestado
Más allá de la sacudida a la acomodada clase política hondureña, la extradición de Hernández resonó en todas partes del mundo. El evento solo se compara con la captura del expresidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, durante una operación estadounidense en dicho país en 1990.
Honduras se convirtió en un narcoestado, en donde los clanes del narcotráfico, cuyos miembros en su mayoría ya purgan condenas en Estados Unidos, aterrorizaron al país, dejando una estela de muerte y violencia generalizada.
La narcoactividad penetró al Estado hondureño, involucrando a diputados, ministros, militares y policías, haciendo de la nación centroamericana un santuario para el tráfico drogas durante al menos dos décadas.
La caída del expresidente Hernández (aún no condenado) y de muchos capos extraditados supuso un golpe magnánimo para el narcotráfico. Se pensó que con la llegada de un nuevo gobierno, la lucha contra este flagelo se intensificaría, lo cierto es que la droga sigue pasando por Honduras, incluso, ahora es producida en el país.
“El Tigre” Bonilla y Mauricio Hernández, los otros dos protagonistas
Junto a Juan Orlando Hernández, también será juzgado por narcotráfico el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien, según las investigaciones de fiscales, jugó un papel clave en la protección de cargamentos de droga que cruzaban por el país.
El pasado viernes, 2 de febrero, el exoficial Mauricio Hernández Pineda, supuesto primero del expresidente, negoció cooperar con la Fiscalía de Nueva York y se declaró culpable por narcotráfico. A cambio, le habrían quitado dos cargos por uso y conspiración para la utilización de armas, por ende, una reducción de condena, la cual se conocerá el 2 de mayo de 2024.
El juicio, que inicialmente estaba programado para el 5 de febrero, fue postergado para el 12 de ese mismo mes, pero no se descartaría que haya un nuevo aplazamiento a petición del nuevo abogado Renato Stabile, quien pidió un plazo de 90 a 180 días para poder conocer todo el material de pruebas que la Fiscalía utilizará en contra de Juan Orlando Hernández.
