En la Policía no sólo hay controladores aéreos para el aterrizaje de narcoavionetas: hay uniformados que lideran bandas de robacarros.
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, siguió ayer revelando irregularidades que han detectado en la Policía Nacional y por lo cual ha anunciado una depuración profunda.
Tras declarar el miércoles que tienen identificados unos diez oficiales que sirven de brazos del crimen organizado para el trasiego de drogas, señaló que podría haber más integrantes dedicados a otros actos ilícitos.
“Hemos detectado que ciertos policías, utilizando uniformes, están robándole vehículos a la ciudadanía. Lideran bandas de policías que hacen operativos, paran a las personas y les quitan sus vehículos. Imagínese que hagan esos operativos con uniforme y chalecos amarillos; lo paran, le quitan el vehículo, el teléfono celular y lo dejan en la calle. No lo vamos a permitir”.
“Poderes especiales”
El funcionario expresó ayer que por eso urge la aprobación de la ley denominada “Política de seguridad del Estado y de la convivencia de la Policía”, que le proporcionará poderes especiales para separar a los elementos sobre los que tienen pruebas de que están involucrados en acciones ilícitas. El proyecto de ley se presentará el próximo miércoles a organismos internacionales y autoridades del Gobierno.
Álvarez repitió ayer que con la ley actual, aunque tengan identificados a los oficiales u otros elementos de esa institución que andan en “malos pasos”, no pueden sacarlos. “Las reformas de la ley me permitirían usar la discreción para separar al policía y acusarlo. Sacar ahorita a un policía público y acusarlo de corrupción lleva meses y hasta años. No podemos permitir que, mientras se está tratando de separarlo de la Policía, tiene el rango y el mando para seguir delinquiendo”.
Álvarez sostuvo que diez oficiales están involucrados en el aterrizaje de narcoavionetas y que no se han adoptado medidas porque es necesaria la nueva ley.
“No están suspendidos. Les hemos ido dando seguimiento. Pero ¿qué sucede? Cuando capturamos al director de la DNIC en Tocoa, Colón, agarrando dinero de una supuesta extorsión, se presentó a los juzgados y el juez lo dejó libre.
Necesito poderes especiales para que se les siga el proceso judicial y, si ese proceso no funciona, que estén fuera de la institución. La mayoría de los policías honestos están pidiendo que se haga la depuración”.
El secretario de Seguridad detalló ayer la forma en que identificaron a dos oficiales que participaron en el aterrizaje de una avioneta en la zona norte de Honduras. “El caso más claro: una avioneta cayó en la zona norte del país. Hicimos un operativo y me di cuenta de que dos oficiales no pertenecían a esa departamental y estaban allí.
Pedí a oficiales que están a cargo que los llamaran; ellos contestaron y colgaron. La señal del teléfono quedó marcada en esa torre donde aterrizó la avioneta. Encontramos un fichero, un vehículo, uno de los libros que utilizan para tomar notas y allí están todavía como que si nada ha pasado. Se les ha podido probar científicamente que estaban allí, pero si comienzo un proceso, puede durar un año y, si es posible, ya ni seré ministro de Seguridad”.
Por esa razón dijo que hizo un llamado al director general de la Policía Nacional, José Luis Muñoz Licona, para que exija cuentas a los jefes inmediatos.
“La Policía es una institución jerarquizada. El jefe es Muñoz Licona y todos los policías deben rendirle a él. Le he dicho: General, tome correctivos y lo vamos a apoyar”.
Reformas son necesarias
El comisionado Muñoz Licona aseguró que comparte todos los puntos de vista del ministro Álvarez, pero señaló que es necesaria una revisión interna para hacer los correctivos.
“Se tienen todas esas informaciones a las que se refiere el ministro, producto de todas las actividades, pero no son suficientes ante un tribunal. Son importantes, por esa razón, las reformas, como ha dicho el ministro. Es necesario fortalecer la institución y tener mecanismos que le permitan a la autoridad hacer las cancelaciones de esas personas”.
Agregó que el procedimiento actual impide que, aunque un policía sea agarrado in fraganti y procesado, sea separado de la institución.
“Únicamente se le suspende y después de seis meses se le puede cancelar. Pero si después de seis meses esta persona es dejada en libertad, la institución nos obliga a mantenerlo y no lo podemos despedir; incluso hay que pagarle salarios caídos. Esta política perjudica la moral de la institución”, mencionó.
No hay diferencias
El comisionado general de la Policía reconoció que está de acuerdo con lo que ha declarado el secretario Álvarez.
“Sabemos que tenemos una situación que es urgente manejar positivamente para que el resto de la mayoría de policías que trabajamos para la sociedad no nos sintamos incómodos con situaciones en que la misma ley nos tiene amarrados y no nos permite hacer lo que corresponde”.
Las declaraciones de Álvarez al indicarle que debe “apretar” y separar a los policías corruptos no lo han hecho sentirse amenazado en su cargo. “De ninguna manera. Siempre hemos tenido el apoyo del ministro y lo hemos planteado claramente. Uno a veces se siente frustrado cuando se presenta un caso ante un tribunal y ve que no se siguieron algunos procedimientos que beneficiaron a un hechor criminal. Uno se frustra y hasta se siente desmotivado, como el oficial que era jefe en Colón. Esto daña la moral de todo el policía que trabaja correctamente”.
Indicó que mientras continúen con la misma ley estarán amarrados hasta para hacer llamados de atención.
“Hay casos puntuales. Hemos trasladado a 40 policías de Tránsito a una unidad interna y han interpuesto algunas acciones legales por ese traslado. Otros de la DNIC que han sido trasladados ejecutan acciones con abogados porque consideran que deben estar allí.
Hemos evaluado y cada director ha dicho que ciertas personas están creando problemas; necesitamos hacer esas remociones y la ley no nos faculta. Vemos que hay algunos vacíos y no le dan autoridad suficiente a un director general para que tome acciones”.
El ministro Álvarez aclaró que su llamado al jefe de la Policía tiene el objetivo de rescatar a la institución. “Ése es el tema. Que no vayamos a tener un mal entendido. Por allí andan un rumor de que le he dado unas horas al señor director y que, si no cumple, lo voy a sacar. Nada que ver. Él tiene nuestra confianza. Vamos a hacer equipo”, apuntó.
El director nacional de Servicios Especiales Preventivos, comisionado Danilo Orellana, también expresó su acuerdo con Álvarez.
“Estamos de acuerdo con esto. Nos alegramos y vamos a apoyar lo que sea necesario. Ojalá nos aprueben estas leyes en el Congreso Nacional. Esto no se trata de ningún enfrentamiento. Somos hombres de leyes, jerarquizados”, aseguró.
