Las recomendaciones para que la crisis política de 2009 no se repita se ubican en ocho distintos ámbitos que se mencionan a continuación:
El constitucional, los derechos humanos, corrupción, fortalecimiento del Estado democrático de derecho, el político electoral el internacional, medios de comunicación y el de la memoria.
1. Recomendaciones en el ámbito constitucional
La Constitución hondureña actual no tiene un procedimiento suficientemente claro de la responsabilidad institucional para tratar la situación de un alto funcionario del Gobierno, como es el caso del Presidente, que atentó contra las normas constitucionales positivas con el fin de buscar un cambio constitucional y la entrada a un nuevo régimen. El resultado de esta ausencia es que los procesos de remoción pueden ser improvisados en el camino y ser, por lo tanto, objetados.
Nosotros los comisionados consideramos que, como se ha visto a lo largo de este Informe, todos los actores gubernamentales y estatales involucrados en los eventos de junio de 2009 actuaron fuera de los límites de la Constitución hondureña de varias maneras. El resultado fue una crisis constitucional extendida, la cual no sólo tuvo costos sustanciales al Gobierno y la ciudadanía de Honduras, sino que también planteó serios obstáculos al Estado democrático de derecho.
Finalmente, no podemos obviar el hecho de que una de las causas principales de la crisis política que vive la sociedad hondureña desde el año 2009 se encuentra relacionada con los procesos para el cambio del orden constitucional.
En ese sentido, opinamos que la sociedad hondureña debe asumir con la suficiente responsabilidad dicho proceso de cambio, ya sea el que se orienta a una nueva Constitución o el que busca las reformas a la Constitución vigente.
Cualquiera que sea el camino que tome la sociedad hondureña, consideramos importante una serie de elementos que la Constitución política hondureña debe asumir en relación con que estos hechos no vuelvan a ocurrir, tales elementos están referidos a procesos de cambio constitucional, regulación del juicio político (impeachment) o separación del cargo de los miembros del Poder Ejecutivo; restricción de las competencias, derechos y obligaciones de las Fuerzas Armadas, facultades del Congreso de la República, reformas a los llamados “remedios constitucionales”, reformas a la restricción y suspensión de derechos fundamentales, revisión de normas constitucionales referidas a procedimientos de control del poder o de fortalecimiento de garantías civiles y ciudadanas, delito de traición a la patria, mecanismos de extensión del presupuesto nacional por parte del Congreso Nacional.
2. Recomendaciones en el ámbito de los derechos humanos
Los comisionados recomendamos las siguientes medidas para satisfacer el derecho a la verdad, la justicia, la reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Honduras a partir del 28 de junio de 2009 y medidas de prevención y adecuación a los estándares internacionales.
Medidas para satisfacer el derecho a la justicia:
A. El Estado de Honduras en cumplimiento de sus obligaciones internacionales debe investigar, procesar y sancionar todas las violaciones a los derechos humanos acaecidas a partir del 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, así como las responsabilidades de las personas identificadas como principales causantes de las violaciones, sin excluir los máximos niveles de responsabilidad y sin dilación indebida.
B. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben someter su actuación ante las violaciones a los derechos humanos derivadas del 28 de junio 2009 a un consejo nacional de la magistratura para determinar si se contrarió el derecho a la “protección judicial”.
C. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos debe someter su actuación a una investigación independiente, comisionada por el Congreso de la República, para determinar si cumplió con sus obligaciones con la imparcialidad y diligencia que requería la situación.
D. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos debe ser evaluada a profundidad en aspectos de capacidad, gestión de la unidad y otros, para identificar áreas para mejorar.
E. La Policía Nacional, incluyendo la Policía Nacional Preventiva y la Dirección Nacional Investigación Criminal, DNIC, debe fortalecer sus procedimientos de evaluación y control interno para excluir aquellos funcionarios implicados en prácticas irregulares o delictivas. En particular, el entrenamiento para el uso de la fuerza y de las armas de fuego debe tener un fuerte componente práctico y renovarse periódicamente.
F. El Estado de Honduras debe revisar o derogar su legislación incompatible con las normas internacionales, en particular las disposiciones relativas con la libertad y seguridad personales, la libertad de expresión y la tortura.
G. El Gobierno debe dar capacitación adicional específica sobre la prohibición de la tortura y su investigación a funcionarios de la Policía y otros competentes en la materia.
H. Revisar y reglamentar los criterios/protocolos para la utilización de gases lacrimógenos por parte de la Policía. Para ello se debe llevar a cabo un estudio sobre los componentes de los gases lacrimógenos utilizados por la Policía.
3. Recomendaciones en el combate a la corrupción
Los comisionados hemos encontrado que en la crisis del 28 de junio existieron elementos de corrupción que influyeron y agravaron directamente el conflicto.No se puede obviar que el país ha sido calificado con altos índices de corrupción, lo cual representa uno de los principales desafíos para el fortalecimiento del Estado democrático de derecho y la legitimidad democrática.
Asimismo, hemos encontrado que existe una serie de vacíos legales y procesales, como debilidades en las instituciones en cargadas del control de la corrupción en el país.
A. Los comisionados recomendamos sentar las bases para un sistema nacional de integridad contra la corrupción para mejorar la coordinación interinstitucional, a nivel estratégico y operativo, entre los órganos de control superior, operadores de justicia y los Poderes del Estado, así como fomentar la participación y fortalecimiento de las capacidades de control de la ciudadanía organizada.
En particular, recomendamos mejorar los mecanismos de coordinación entre la Procuraduría General de la República, Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público a fin de limitar el quehacer de cada una de las instituciones encargadas del control y del ejercicio de la acción penal en materia de corrupción. Entre las instituciones encargadas del control de la corrupción debe fortalecerse la Procuraduría General de la República en materia de capacitación y dotación de mayores recursos. Este fortalecimiento permitiría a los procuradores actuar con suficiente capacidad técnica para poder sostener con buen criterio sus pretensiones acusatorias, ya que en materia de persecución de delitos de corrupción, la Procuraduría, como representante de los intereses del Estado, debe asumir un rol más protagónico, tal como lo establece la ley.
4. Recomendaciones para fortalecer el Estado democrático de derecho y la democracia durante una crisis
Este conjunto de recomendaciones está enfocado en asegurar que el Estado democrático de derecho se proteja adecuadamente durante crisis severas de Estado.
A tal fin, hacemos recomendaciones relacionadas con la estructura y facultades del Poder Judicial.
El Poder Judicial es un importante árbitro entre instituciones durante crisis, y también es un guardián crítico de derechos humanos en estas situaciones.
También hacemos recomendaciones relacionadas con el sistema de nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fiscales del Ministerio Público, la transparencia y legitimidad de la acción judicial, facultades constitucionales de la Corte Suprema de Justicia, la estructura judicial y acciones contra la impunidad.
Nombramiento de magistrados de la CSJ y fiscales del Ministerio Público
Propuesta Consejo Nacional de la Magistratura:
A. Los comisionados de la CVR, para asegurar la independencia, idoneidad e imparcialidad de los magistrados de todas las instancias del Poder Judicial y el Fiscal General, Fiscal Adjunto y fiscales de todas las instancias del Ministerio Público, proponemos que sean elegidos por un Consejo Nacional de Magistratura permanente, autónomo y con patrimonio propio, integrado por:
B. Un miembro elegido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
C. Un miembro elegido por la asamblea de fiscales del Ministerio Público.
D. Un miembro elegido por una junta de rectores de las universidades públicas.
E. Un miembro elegido por una junta de rectores de las universidades privadas.
F. Un miembro elegido mediante votación directa y secreta de los miembros del Colegio de Abogados de Honduras.
G. Un miembro elegido por las centrales obreras.
H. Un miembro elegido por la asamblea de organizaciones miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Los miembros durarán siete años en sus cargos y no tendrán suplentes.
La transparencia y legitimidad de la acción judicial:
El Poder Judicial es el guardián más importante del Estado democrático de derecho. Sus procesos deben ser públicos y transparentes.
Esto es especialmente cierto en casos de importancia nacional. Cualquier ventaja táctica que se pueda ganar manteniendo los procesos judiciales en secreto seguramente está superada por la posibilidad de que cualquier reclamo puede surgir alegando que dichos procesos son ilegítimos.
Si al Poder Judicial se le llegara a asignar un papel formal en la destitución presidencial, sus responsabilidades deben estar expresamente indicadas.
El Poder Judicial también debería tener el deber de expresar su razonamiento y conclusiones de manera pública y transparente. Mucha de la incertidumbre en la crisis de junio de 2009 derivó de la ausencia de una línea clara de interpretación y la falta de una posición expresa, clara y pública del Poder Judicial
5. Recomendaciones en el ámbito político electoral
A. Recomendamos incrementar la capacidad de respuesta de las instituciones, de la normativa y de los actores políticos para revitalizar el rendimiento del sistema democrático hondureño, altamente debilitado, tal como lo hemos analizado en este informe.
Este sistema débil está en serias dificultades para enfrentar al cambio de época que estamos viviendo, lo cual explica buena parte de la ineficacia de sus instituciones y el desfase del liderazgo para abordar los cambios que este momento histórico demanda.
B. Modificar los procedimientos de nombramientos de los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, TSE, y el Registro Nacional de las Personas, RNP, reduciendo y hasta eliminando el peso que los partidos políticos tienen en la designación.
C. Mejorar los aspectos de uso racional y trasparente de los recursos de los partidos políticos:
D. Respecto a la financiación no electoral y fiscalización de los gastos, el TSE debe tener una mayor intervención en las funciones de transparencia de las cuentas de ingresos y gastos de los partidos.
6. Recomendaciones para el ámbito internacional
Capacidades de prevención de crisis y respuestas tempranas
A. Recomendamos mejorar las capacidades de prevención de conflictos, alerta y acción temprana y diplomacia preventiva.
Para ello se propone retomar los siguientes puntos: Los actores internacionales en general, y en particular la OEA, necesitan invertir más en la creación de sistemas de alerta temprana eficaces que:
- Incluyan monitorear, ordenar y analizar la información sobre dinámicas de conflicto, fragilidad y polarización de manera sistemática.
- Proveer escenarios prospectivos sobre evoluciones potenciales.
- Comunicar las alertas de manera eficaz y proveer a los responsables políticos con opciones de respuesta temprana y, por lo tanto, permitir actuar a tiempo y de manera informada.
B. Recomendamos mejorar la diplomacia preventiva. El secretario general de la OEA se beneficiaría de una expansión de sus buenos oficios.
Requiere de acceso y movimiento libre, así como de suficiente flexibilidad para acceder a todos los actores en países que se encuentren bajo riesgo de conflictos o crisis serias.
Se debería promocionar esta reforma como un proyecto de resolución para la próxima asamblea general anual de la OEA.
C. Recomendamos, como la experiencia hondureña nos ha demostrado, la revisión de la Carta Democrática Interamericana considerando la dinámica regional de conflictos entre Poderes.
7. Recomendaciones en el ámbito de los medios de comunicación social
Respecto al marco jurídico regulatorio
A. Se recomienda revisar la Constitución de la República (1982), actualmente vigente, en lo referente a la libertad de expresión, contenido en su capítulo II, de los derechos individuales; y de su ley secundaria, la Ley de Emisión del Pensamiento (1958), para resolver aparentes contradicciones entre los derechos ciudadanos a la libre emisión del pensamiento y al libre acceso a la información y las normativas vigentes en el ejercicio de las labores noticiosas y editoriales.
B. Eliminar la práctica del pago dudoso a los medios de comunicación y agencias de relaciones públicas y de publicidad para construir una imagen favorable de Gobierno o de altos funcionarios, en particular de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Conatel es una entidad reguladora que no puede asumir la función de censora de la libertad de expresión y justificar en ello medidas arbitrarias.
C. Prohibir la práctica de cadenas radiales y de televisión impuestas desde el Estado, con la clara excepción de calamidad y emergencia nacional, y evitar la cancelación de las transmisiones de los sistemas de cable y otras opciones.
A los periodistas y comunicadores sociales: someterse a una regeneración profesional que les permita enfrentar la censura directa, la censura sutil y la autocensura, y que promueva un uso responsable de la libertad de expresión, lo que implica respeto a la honra y al reconocimiento de la dignidad de todas las personas, independiente de su condición social, económica, política, ideológica o situación legal.
8. Recomendaciones en el ámbito de la memoria
Los comisionados hemos reconocido y acompañamos el profundo sentimiento de la población hondureña sobre el impacto y las consecuencias de los hechos, precisamente en la línea del mandato seguido por la Comisión, para que estos no se repitan.
Vemos con mucha preocupación que persisten los elementos divisorios en la población que no se han podido superar.
En tal sentido, hechos de esta naturaleza no deben repetirse, pues ha sido profunda la división de la sociedad hondureña.
Al momento de concluir este informe siguen existiendo posiciones encontradas sobre lo ocurrido. Al respecto consideramos que se debe construir una adecuada memoria sobre lo ocurrido; de esta manera, este informe constituye un punto de partida para ello; no obstante, consideramos oportuno elaborar, de forma participativa y consensuada, una política de la memoria que permanentemente haga presente y vivifique estos acontecimientos.
Solamente a través de este proceso el país podrá trascender el simple recuerdo de los hechos, para identificar las principales lecciones de todo en perspectiva de la búsqueda de las transformaciones necesarias para ello y el avance del país.
Así, se propone lo siguiente:
A. Elaborar de forma participativa y consensuada una política de la memoria, en un contexto de pluralismo y de libertad.
B. Realizar ejercicios de relatos compartidos que sirvan para interpretar los acontecimientos fundamentales de la crisis política, procuren significado a la misma y precisar las opciones del futuro. La democracia hondureña también requiere de sus valores e ideales políticos y de los procedimientos consensuados para su identificación, desarrollo, transmisión, retención y evolución por aprendizaje.
Desde ese pluralismo y libertad es importante, por un lado que en el ámbito político se trabaje en función de sacar las lecciones de estos hechos y sus consecuencias, es indispensable que la nación se examine a sí misma en el conocimiento de su propia historia y, por otro, en el ámbito educativo se introduzcan el estudio permanente de estos hechos para que las nuevas generaciones tomen conciencia y se construya una memoria contra el olvido de hechos de esta naturaleza y un proceso de aprendizaje colectivo de trabajar juntos.
Para que la memoria sobre estos acontecimientos sea permanente y aleccionadora se requiere, también, que en el país se garantice la libre emisión del pensamiento y el ejercicio responsable y participativo de toda la ciudadanía.
Institucionalidad para la reconciliación nacional
Nuestra tarea como comisionados fue buscar y esclarecer la verdad y generar las bases de una reconciliación nacional, que sólo los hondureños pueden lograr: verdad y reconciliación.
La propuesta de recomendaciones de derechos humanos y la búsqueda de la justicia, en toda su expresión, son las bases para cualquier reconciliación posible.
Por eso, queremos concluir este informe con tres propuestas concretas con relación al tema de justicia y derechos humanos:
A. La unidad de seguimiento para la Comisión de la Verdad y Reconciliación prevista en el decreto de su creación (decreto ejecutivo PCM-11-2010) deberá asumir el seguimiento de la implementación de las recomendaciones sobre derechos humanos. Esta unidad de seguimiento ha de ser independiente y podrá contar con el apoyo de organismos internacionales.
B. El Estado de Honduras debe divulgar este informe adecuadamente para que la sociedad hondureña pueda conocer la verdad, obtener la justicia y que nunca más se vuelva a ser víctima de violaciones a los derechos humanos, como las sufridas tras el 28 de junio de 2009.
C. Las instituciones y organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas y partidos políticos deben asumir que los derechos humanos son un valor fundamental en sí mismo, que está por encima de consideraciones políticas y debe promoverse como un espacio de encuentro, sin instrumentalización ni sectarismo. Esto no será fácil y la propia asimilación de la verdad allana el camino hacia la reconciliación.
Esta no viene con el tiempo, sino con la justicia y el esfuerzo ciudadano de lograr acuerdos de convivencia respetuosa. Como comisionados, creemos que estos hechos no se repetirán, porque mantenemos la esperanza de que este esfuerzo realizado será una señal de luz que nos guíe hacia un futuro de justicia, reconciliación y paz.
