San Pedro Sula, Honduras.
Funcionarios municipales de la administración anterior incurrieron en irregularidades en la compra de tres terrenos para la construcción de las plantas de tratamiento, señala una auditoría financiera y de cumplimiento legal practicada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la Unidad de Concesiones de la Alcaldía del periodo que abarca el primero de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013.
La alcaldía debía entregar los terrenos a la empresa Aguas de San Pedro (ASP) para construir las plantas de tratamiento, que llevan más de 12 años de desfase. La Corporación Municipal anterior, que estuvo liderada por Juan Carlos Zuniga, aprobó la compra de tres predios cuya inversión superó los L49 millones.
Uno de los lotes está en el sector de la Rivera Hernández, adquirido por un valor de L19.7 millones con la emisión de tres cheques. El segundo terreno está en Cofradía y fue comprado en L12.4 millones, pagados en dos cheques, y el tercero en el sector de El Guanal por un valor de L17.1 millones con la emisión de dos cheques.
Hallazgos
Según el TSC, no se consideró para la compra de los tres terrenos el avalúo de la Dirección de Bienes Nacionales de la Secretaría de Finanzas. Tomando en cuenta la ubicación de los terrenos que están en zonas de riesgo y que carecen de mantenimiento consideran que pueden estar sobrevalorados.
En una inspección a los terrenos, el TSC constató que las dimensiones son muy extensas para la construcción de las plantas de tratamiento.
Además, las tierras no cuentan con cerco, ni seguridad, y carecen de mantenimiento de limpieza.
Los terrenos tampoco están identificados como propiedad de la alcaldía y la descripción del proyecto a ejecutar, incumpliendo lo establecido en la Ley de Propiedad.
Las autoridades de la Junta de Concesión de la actual administración, estando de jefa Fanny Letona, argumentó que debido a la inseguridad jurídica y para evitar invasiones no se han identificado los predios. De igual forma, el TSC recomendó que se debe hacer.
El informe señala también que la vulnerabilidad de los terrenos por las zonas en las que se ubican y que consta en informes de la División Municipal Ambiental (Dima) y Urbanismo puede ocasionar gastos futuros a la alcaldía, ya que las zonas de Chotepe y Rivera Hernández son de riesgo a inundaciones, considerando que una vez finalizado el contrato de concesión esas plantas pasarán a formar parte del patrimonio de la Municipalidad.
La concesionaria no presentó diseño, ni informe previo a la compra de terrenos para la ejecución de los proyectos.
El TSC recomienda a la Junta de Concesiones Municipal que cuando se compren terrenos se debe seguir el procedimiento establecido en las leyes que rigen los procedimientos de compra. El TSC emitirá los pliegos de responsabilidades a funcionarios y empleados, quienes podrán impugnar el presente informe dentro de un plazo de 60 días, contados a partir de la fecha en que sean notificados los pliegos de responsabilidad de forma individual.
Funcionarios municipales de la administración anterior incurrieron en irregularidades en la compra de tres terrenos para la construcción de las plantas de tratamiento, señala una auditoría financiera y de cumplimiento legal practicada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la Unidad de Concesiones de la Alcaldía del periodo que abarca el primero de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013.
La alcaldía debía entregar los terrenos a la empresa Aguas de San Pedro (ASP) para construir las plantas de tratamiento, que llevan más de 12 años de desfase. La Corporación Municipal anterior, que estuvo liderada por Juan Carlos Zuniga, aprobó la compra de tres predios cuya inversión superó los L49 millones.
Uno de los lotes está en el sector de la Rivera Hernández, adquirido por un valor de L19.7 millones con la emisión de tres cheques. El segundo terreno está en Cofradía y fue comprado en L12.4 millones, pagados en dos cheques, y el tercero en el sector de El Guanal por un valor de L17.1 millones con la emisión de dos cheques.
Hallazgos
Según el TSC, no se consideró para la compra de los tres terrenos el avalúo de la Dirección de Bienes Nacionales de la Secretaría de Finanzas. Tomando en cuenta la ubicación de los terrenos que están en zonas de riesgo y que carecen de mantenimiento consideran que pueden estar sobrevalorados.
En una inspección a los terrenos, el TSC constató que las dimensiones son muy extensas para la construcción de las plantas de tratamiento.
Además, las tierras no cuentan con cerco, ni seguridad, y carecen de mantenimiento de limpieza.
Los terrenos tampoco están identificados como propiedad de la alcaldía y la descripción del proyecto a ejecutar, incumpliendo lo establecido en la Ley de Propiedad.
Las autoridades de la Junta de Concesión de la actual administración, estando de jefa Fanny Letona, argumentó que debido a la inseguridad jurídica y para evitar invasiones no se han identificado los predios. De igual forma, el TSC recomendó que se debe hacer.
El informe señala también que la vulnerabilidad de los terrenos por las zonas en las que se ubican y que consta en informes de la División Municipal Ambiental (Dima) y Urbanismo puede ocasionar gastos futuros a la alcaldía, ya que las zonas de Chotepe y Rivera Hernández son de riesgo a inundaciones, considerando que una vez finalizado el contrato de concesión esas plantas pasarán a formar parte del patrimonio de la Municipalidad.
La concesionaria no presentó diseño, ni informe previo a la compra de terrenos para la ejecución de los proyectos.
El TSC recomienda a la Junta de Concesiones Municipal que cuando se compren terrenos se debe seguir el procedimiento establecido en las leyes que rigen los procedimientos de compra. El TSC emitirá los pliegos de responsabilidades a funcionarios y empleados, quienes podrán impugnar el presente informe dentro de un plazo de 60 días, contados a partir de la fecha en que sean notificados los pliegos de responsabilidad de forma individual.
Reacción
Marissa Mena, directora de la Unidad de Concesiones en la administración de Juan Carlos Zuniga, declaró que no tiene nada que esconder y que si se le hace llegar el pliego de responsabilidad responderá en conformidad con la ley.
“Esperaremos que notifique el Tribunal para leer el informe a ver qué dice. Las tierras fueron compradas de acuerdo con la ley”, expresó. Enfatizó que la compra de las tierras se hizo siguiendo el debido proceso y con la aprobación de la Corporación Municipal. “La Corporación compra las tierras por medio de dictámenes legales de todo”.
