San Pedro Sula, Honduras.
Aunque la Dirección Municipal Ambiental (Dima) ya otorgó los permisos para la tala de 1,028 árboles en los terrenos en los que se pretende construir el proyecto habitacional Ciudad Jaraguá, los pobladores aún pueden oponerse de manera legal a la obra, confirmó la Fiscalía del Ambiente.
Autoridades de la Fiscalía del Ambiente -en compañía con personal de Dima- inspeccionaron ayer las tierras donde ya fueron destruidos unos 26 árboles con el objetivo de recabar datos y determinar si se está cumpliendo con la ley.
El área deforestada, ubicada en la parte alta de El Merendón y que colinda con la colonia Fraternidad, de Armenta, fue medida por la comitiva.
Según datos proporcionados por la Fiscalía, Dima les entregó el miércoles los documentos del proyecto que se va a llevar a cabo en la zona, específicamente diez metros abajo de la cota 200, para que sean evaluados.
“Encontramos personas levantando datos, lo que me hace suponer que no tenían este levantamiento. Es la información que estamos verificando”, dijo una fuente de la Fiscalía.
Además, informaron que el patronato o pobladores de la comunidad pueden oponerse ante Dima al desarrollo de la obra residencial, ya que esto es un punto a tomar en consideración antes de que la institución otorgue la licencia ambiental, que está en proceso. Otro de los recursos es que los habitantes presenten una denuncia formal ante la Fiscalía del Ambiente.
En el recorrido también señalaron la falta de baños móviles, de depósitos para la basura y de un rótulo visible de la lotificadora.
La pobladora Doris Jiménez denunció que los trabajos ejecutados hasta ahora por los constructores han causado que ya no les llegue agua a dos pozos que están en la parte baja y con las que se abastecían para los quehaceres diarios. “Aquí el agua es manejada por el patronato y a veces la dan y a veces no, la gente sufre por agua y esos pozos mitigaban esta situación. Ahora no sé cómo vamos a hacer”, aseveró.
El proyecto, que incluye tres residenciales, plazas comerciales y tiendas de servicio, se desarrollará en 150 manzanas de tierra, en 700 lotes. María Luisa García, habitante, dijo que la urbanización afectará a una comunidad con cientos de pobladores y que solo beneficiará a unos cuantos.
“Tengo 20 años de vivir aquí y nunca había visto algo parecido, tantos árboles cortados”.
Cristy Raudales, gerente general de Dima, declaró que ellos han cumplido con las responsabilidades que les corresponden y han otorgado los permisos dentro de la ley. “Hay medidas de mitigación que ellos deberán respetar para minimizar cualquier impacto ambiental en el sector”.
La licencia ambiental les permitirá a los inversionistas continuar el proceso en Urbanismo Municipal hasta que este sea sometido a discusión por la Corporación Municipal.
Pablo Dubón, director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), señaló que si las urbanizaciones quedan fuera de la cota 200, esta se convierte en una zona urbana, adonde se puede construir, dejándolos fuera de su competencia.
Aunque la Dirección Municipal Ambiental (Dima) ya otorgó los permisos para la tala de 1,028 árboles en los terrenos en los que se pretende construir el proyecto habitacional Ciudad Jaraguá, los pobladores aún pueden oponerse de manera legal a la obra, confirmó la Fiscalía del Ambiente.
Autoridades de la Fiscalía del Ambiente -en compañía con personal de Dima- inspeccionaron ayer las tierras donde ya fueron destruidos unos 26 árboles con el objetivo de recabar datos y determinar si se está cumpliendo con la ley.
El área deforestada, ubicada en la parte alta de El Merendón y que colinda con la colonia Fraternidad, de Armenta, fue medida por la comitiva.
Según datos proporcionados por la Fiscalía, Dima les entregó el miércoles los documentos del proyecto que se va a llevar a cabo en la zona, específicamente diez metros abajo de la cota 200, para que sean evaluados.
“Encontramos personas levantando datos, lo que me hace suponer que no tenían este levantamiento. Es la información que estamos verificando”, dijo una fuente de la Fiscalía.
Además, informaron que el patronato o pobladores de la comunidad pueden oponerse ante Dima al desarrollo de la obra residencial, ya que esto es un punto a tomar en consideración antes de que la institución otorgue la licencia ambiental, que está en proceso. Otro de los recursos es que los habitantes presenten una denuncia formal ante la Fiscalía del Ambiente.
En el recorrido también señalaron la falta de baños móviles, de depósitos para la basura y de un rótulo visible de la lotificadora.
La pobladora Doris Jiménez denunció que los trabajos ejecutados hasta ahora por los constructores han causado que ya no les llegue agua a dos pozos que están en la parte baja y con las que se abastecían para los quehaceres diarios. “Aquí el agua es manejada por el patronato y a veces la dan y a veces no, la gente sufre por agua y esos pozos mitigaban esta situación. Ahora no sé cómo vamos a hacer”, aseveró.
El proyecto, que incluye tres residenciales, plazas comerciales y tiendas de servicio, se desarrollará en 150 manzanas de tierra, en 700 lotes. María Luisa García, habitante, dijo que la urbanización afectará a una comunidad con cientos de pobladores y que solo beneficiará a unos cuantos.
“Tengo 20 años de vivir aquí y nunca había visto algo parecido, tantos árboles cortados”.
Cristy Raudales, gerente general de Dima, declaró que ellos han cumplido con las responsabilidades que les corresponden y han otorgado los permisos dentro de la ley. “Hay medidas de mitigación que ellos deberán respetar para minimizar cualquier impacto ambiental en el sector”.
La licencia ambiental les permitirá a los inversionistas continuar el proceso en Urbanismo Municipal hasta que este sea sometido a discusión por la Corporación Municipal.
Pablo Dubón, director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), señaló que si las urbanizaciones quedan fuera de la cota 200, esta se convierte en una zona urbana, adonde se puede construir, dejándolos fuera de su competencia.
