San Pedro Sula, Honduras.
Contaminación visual, inundaciones y desabastecimiento de agua son algunos problemas que, según expertos, está por enfrentar San Pedro Sula con la construcción de la Ciudad Jaraguá, proyecto residencial que se desarrollará a escasos 10 metros de la zona de reserva de El Merendón.
La obra habitacional que tramita un grupo de desarrolladores bajo el nombre de Inversiones MPG e Inversiones en Activo ha puesto en alarma a las autoridades, sobre todo la Fiscalía del Ambiente y la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna).
Así lo indicó Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, quien aseguró que se abrió una investigación para determinar si dicha urbanización está bajo la ley. “ La Fiscalía comenzó el 7 de abril una investigación. Inspeccionó la zona y constató que lo que se está haciendo es bajo la cota 200”. Detalló que la División Municipal Ambiental (Dima) extiende los permisos para talar árboles y vigila que no se traspasen los límites.
“La Fiscalía mandó oficios para que Dima, el Instituto de Conservación Forestal y la Serna informen si han otorgado permisos a la empresa que construirá residenciales en El Merendón”. Guzmán dijo que esperan que el documento sea entregado a la Fiscalía del Ambiente.
Si constatan que los interesados no tienen los permisos, Dima debe detener la obra. De no hacerlo, abrirán una investigación a la institución y deducirán responsabilidades.
Los urbanizadores han talado 26 de 1,028 árboles autorizados por Dima con un tiempo máximo de 60 días y por los que pagaron unos L400 mil. Ellos se comprometieron a que por cada árbol cortado sembrarán tres maderables.
Preocupación
Para ser testigo de la deforestación masiva que han iniciado con dos manzanas y media en parte del sector de Armenta no hay necesidad de llegar al sitio. Desde la parte baja, los pobladores pueden ver la destrucción de una parte del pulmón de la ciudad.
“Estamos preocupados con esto que quieren hacer, sobre todo ahorita por las lluvias que nos pueden inundar o los derrumbes”, señaló Rafael Vásquez, presidente del patronato de la colonia Fraternidad de Armenta.
La fraternidad está conformada por unas 700 familias y queda frente a los terrenos que urbanizarán.
Carlos Pineda, viceministro de la Serna, declaró a LA PRENSA que aunque ayer recibió una denuncia formal de Rigoberto Chang Castillo, ministro del Interior y Población, desde hace tres días tomaron acciones de oficio.
“Por ser El Merendón una zona protegida, hoy (ayer) activamos la fuerza de tarea de protección del medio ambiente, en la cual están el Ministerio Público, Fusina, Antropología e Historia, para hacer una inspección de campo y verificar los hechos”, aseveró.
Vaticinan más tala
Rodolfo Bueso, exgerente de Dima, enfatizó que con las reformas aprobadas al decreto 46-90 en 2014, los terrenos donde se construirán estas residenciales quedan fuera de la cota 200. Vaticinó que solo es el principio de muchos proyectos que se harán en la montaña.
Bueso indicó que antes de solicitar la licencia, los inversionistas deben presentar un diagnóstico ambiental que especifique cómo será el desarrollo de la obra. “Los técnicos de Dima van a revisar ese diagnóstico e impondrán las medidas al constructor.
El objetivo de la licencia es que el impacto ambiental disminuya. Para eso se aplican medidas de mitigación”.
Contaminación visual, inundaciones y desabastecimiento de agua son algunos problemas que, según expertos, está por enfrentar San Pedro Sula con la construcción de la Ciudad Jaraguá, proyecto residencial que se desarrollará a escasos 10 metros de la zona de reserva de El Merendón.
La obra habitacional que tramita un grupo de desarrolladores bajo el nombre de Inversiones MPG e Inversiones en Activo ha puesto en alarma a las autoridades, sobre todo la Fiscalía del Ambiente y la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna).
Así lo indicó Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, quien aseguró que se abrió una investigación para determinar si dicha urbanización está bajo la ley. “ La Fiscalía comenzó el 7 de abril una investigación. Inspeccionó la zona y constató que lo que se está haciendo es bajo la cota 200”. Detalló que la División Municipal Ambiental (Dima) extiende los permisos para talar árboles y vigila que no se traspasen los límites.
“La Fiscalía mandó oficios para que Dima, el Instituto de Conservación Forestal y la Serna informen si han otorgado permisos a la empresa que construirá residenciales en El Merendón”. Guzmán dijo que esperan que el documento sea entregado a la Fiscalía del Ambiente.
Si constatan que los interesados no tienen los permisos, Dima debe detener la obra. De no hacerlo, abrirán una investigación a la institución y deducirán responsabilidades.
Los urbanizadores han talado 26 de 1,028 árboles autorizados por Dima con un tiempo máximo de 60 días y por los que pagaron unos L400 mil. Ellos se comprometieron a que por cada árbol cortado sembrarán tres maderables.
Preocupación
Para ser testigo de la deforestación masiva que han iniciado con dos manzanas y media en parte del sector de Armenta no hay necesidad de llegar al sitio. Desde la parte baja, los pobladores pueden ver la destrucción de una parte del pulmón de la ciudad.
“Estamos preocupados con esto que quieren hacer, sobre todo ahorita por las lluvias que nos pueden inundar o los derrumbes”, señaló Rafael Vásquez, presidente del patronato de la colonia Fraternidad de Armenta.
La fraternidad está conformada por unas 700 familias y queda frente a los terrenos que urbanizarán.
Carlos Pineda, viceministro de la Serna, declaró a LA PRENSA que aunque ayer recibió una denuncia formal de Rigoberto Chang Castillo, ministro del Interior y Población, desde hace tres días tomaron acciones de oficio.
“Por ser El Merendón una zona protegida, hoy (ayer) activamos la fuerza de tarea de protección del medio ambiente, en la cual están el Ministerio Público, Fusina, Antropología e Historia, para hacer una inspección de campo y verificar los hechos”, aseveró.
Vaticinan más tala
Rodolfo Bueso, exgerente de Dima, enfatizó que con las reformas aprobadas al decreto 46-90 en 2014, los terrenos donde se construirán estas residenciales quedan fuera de la cota 200. Vaticinó que solo es el principio de muchos proyectos que se harán en la montaña.
Bueso indicó que antes de solicitar la licencia, los inversionistas deben presentar un diagnóstico ambiental que especifique cómo será el desarrollo de la obra. “Los técnicos de Dima van a revisar ese diagnóstico e impondrán las medidas al constructor.
El objetivo de la licencia es que el impacto ambiental disminuya. Para eso se aplican medidas de mitigación”.
