Tegucigalpa, Honduras.
La reforma a la Ley de Presupuesto de 2018, aprobada en la última sesión del Congreso saliente, benefició a cinco diputados acusados e investigados por la Unidad Fiscal contra la Impunidad de la Corrupción (Ucefic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos (unos L8 millones).
Los exlegisladores Augusto Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Dennys Antonio Sánchez Fernández, Eleázar Alexander Juárez Sarabia y Audelia Rodríguez Rodríguez salieron sonrientes de los juzgados capitalinos, luego de conocer la resolución que interrumpe el caso incoado en su contra, lo que suspende toda acción penal.
La reforma a la Ley de Presupuesto de 2018, aprobada en la última sesión del Congreso saliente, benefició a cinco diputados acusados e investigados por la Unidad Fiscal contra la Impunidad de la Corrupción (Ucefic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos (unos L8 millones).
Los exlegisladores Augusto Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Dennys Antonio Sánchez Fernández, Eleázar Alexander Juárez Sarabia y Audelia Rodríguez Rodríguez salieron sonrientes de los juzgados capitalinos, luego de conocer la resolución que interrumpe el caso incoado en su contra, lo que suspende toda acción penal.
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A ellos, la Ucefic los acusa de pertenecer a una supuesta red de corrupción denominada “red de diputados” que recibía fondos públicos a través de una organización no gubernamental.
En la audiencia inicial se dictaminaría si procedía un auto de formal procesamiento o sobreseimiento provisional o definitivo a los cinco exparlamentarios, sin embargo el proceso fue suspendido mientras el Tribunal Superior de Cuentas interviene.
Molesto Jiménez
El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, lamentó la decisión de la magistrada Alma Consuelo Guzmán de archivar el caso y trasladarlo al TSC, que ahora tiene un plazo de hasta tres años para concluir las investigaciones, de acuerdo a la reforma realizada por el Congreso Nacional a los artículos 16 y 131-A a la Ley Orgánica del Presupuesto.
Explicó que la responsabilidad penal la determina el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero que en este caso la ley aprobada por el Congreso Nacional establece que la responsabilidad penal debe ser determinada por el TSC, lo que significaría una usurpación de funciones.
“Lamentablemente esto se ha establecido el día de hoy -ayer- en el caso de los cinco diputados y tendrá extensión por supuesto en los más de 60 que estamos investigando. Por supuesto tendrá lamentable consecuencia en el caso de la exprimera dama (Rosa de Lobo) y tendrá consecuencia en el caso de Mario Zelaya vinculado al caso de “afiliación migrante hondureño”, que fue resuelto el año pasado y que significó la sentencia más alta en la historia de Honduras por delitos de corrupción”, dijo.
También Jiménez teme que esa resolución contra Zelaya sea anulada basándose en esta reforma, ya que el caso aún tiene un procedimiento pendiente.
Indicó que la Misión continuará solicitando la reconsideración y derogación de la ley que considera como “extremadamente grave”, “afecta a la labor de la misión” y supondría “una posible excarcelación de personas condenadas en el caso del Seguro Social, como Mario Zelaya y su organización criminal”.
Prejudicialidad
Por otro lado, el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, afirmó que “no se ha dictado ni sobreseimiento, tampoco auto de formal procesamiento, el análisis que fue presentado por la juez natural en esta causa, establece la necesidad que pueda existir una condición de prejudicialidad previo a continuar con el sustento de la causa penal por parte del Ministerio Público y por parte de la Procuraduría General de la República”.
