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TSC no dará solvencia a ejecutivos de Ccivs

  • Actualizado: 27 abril 2011 /

El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, no se pronunció sobre una auditoría que le hizo a la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula.

    El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, no se pronunció sobre una auditoría que le hizo a la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, Ccivs, porque no pudo comprobar la información disponible.

    La auditoría fue de enero de 2006 a diciembre de 2009, es decir en el gobierno de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti, tiempo en el que se manejaron 106,240,946 lempiras. Lo anterior se conoció en un informe del TSC después de un pleno que no se atrevió a opinar al respecto.

    El 6 de diciembre pasado, mediante oficio número “Presidencia /TSC-1593/2010, dirigido a Carlos Gerardo Ramírez, director ejecutivo de la Ccivs”, se le notificó los resultados. En el mismo informe, el TSC aclaró que debido a que fue imposible establecer el buen o mal uso de los recursos administrados no se les extenderá la solvencia a los funcionarios de ese período.

    “Para efectos de nuestra auditoría nos abstenemos de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y la posición financiera al 31 de diciembre de 2009, de la Ccivs, en vista de que no se pudo comprobar el origen y veracidad a los rubros examinados en vista de no haber tenido acceso a los auxiliares de las cuentas antes mencionadas”, establece el documento.

    Finanzas no confiables

    “Con base en lo antes expuesto y considerando que los estados financieros no son confiables porque no se pudieron determinar los valores que integran estas cuentas, nos abstenemos de emitir una opinión razonable y que esté de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptadas, ya que los estados financieros presentados no fueron elaborados de acuerdo con estos principios”, agrega. En la auditoría se detectaron pagos de horas extras a empleados de confianza por más de 170,000 lempiras sin argumentos legales, por lo que ocasionó pérdidas al Estado. Para recuperar esos fondos, al menos 103,000 lempiras, a los funcionarios que cobraron horas extras y remuneraciones adicionales se les deducirán 500 lempiras mensuales hasta concluir el pago y en caso de cesantía se les deducirá de las prestaciones laborales.