El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, expresó ayer que no conoce el edificio que pretendían alquilar los diputados de Cortés para que funcionen oficinas del Legislativo en la capital industrial, por unos 300 mil lempiras mensuales.
“Ya ordené se revise ese contrato, porque es demasiado dinero y buscamos ahorrar. Ya estamos ahorrando en otras áreas, porque la idea es rentar un inmueble porque no tenemos capacidad para comprar.
La comisión analiza nuevas opciones más cómodas para decidir cuál es la más conveniente. Esperamos que en dos semanas se tome una decisión”. Al consultarle a Hernández sobre rumores de que hay intereses de algunos diputados en el alquiler, no confirmó, “se hizo un concurso público y una comisión determinó”, dijo.
Jorge Beltrán, presidente del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, indicó que “iniciamos una investigación de oficio para determinar si el proceso se realiza conforme a lo que estipula la Ley de Contratación del Estado. Solicitaremos al Congreso la documentación del oneroso alquiler de ese edificio”.
Esa denuncia de que el proceso para arrendar ese local no fue el correcto la hizo el diputado liberal y miembro de la comisión dictaminadora, José Azcona.
El fiscal general, Luis Rubí, dijo que “si el Tribunal Superior halla irregularidades, actuaremos; porque el que no cumple los requisitos que ya dice la Ley de Contratación del Estado, incurre en responsabilidad”.
