El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, confirmó ayer que ejecuta una auditoría financiera de la administración del Congreso Nacional.
Se investiga el período entre el 6 de enero de 2010 y el 31 de mayo de 2011, informó la secretaria general del TSC, Alva Rivera.
“Es una auditoría financiera y de cumplimiento legal que, como se entiende, abarca varios sectores, como gasto corriente, caja de bancos, compras directas o bajo licitación, subsidios y ayudas”, detalló la funcionaria.
Uso de subsidios
La investigación constatará si los diputados hacen uso transparente o no del manejo de subsidios.
Para garantizar resultados, el TSC no requerirá que los parlamentarios proporcionen información: acudirán directamente a la administración del Congreso Nacional o recabarán la documentación soporte.
Rivera aseguró que la auditoría empezó en julio de este año.
“Se considera que el Poder Legislativo maneja un presupuesto bastante grande y para profundizar en la auditoría necesitamos un equipo bastante amplio”.
Rivera manifestó que los auditores tienen que “poner todo su empeño, conocimiento y perspicacia y verificar incluso, si es necesario, in situ si el proyecto o la obra fue debidamente hecho”.
Alva Rivera insistió en que el TSC auditará la partida de los subsidios.
Explicó que cada diputado debe justificar, cuando es el caso, en qué invierte el dinero destinado a los subsidios.
Aseguró que “en relación con los beneficiarios de los subsidios, el diputado debe liquidarlos y dar a conocer quiénes han sido beneficiados”.
Rivera explicó que el procedimiento de la auditoría será igual al que establece el TSC, “si se definen responsabilidades de tipo civil, administrativas o penales, son notificadas al ente investigado”.
El informe en detalle se conocerá en octubre de este año.
Producto de la investigación se conocerá si existen indicios de responsabilidad civil, penal o administrativa que se tengan que deducir.
La aplicación de pliegos de responsabilidad, en caso de existir méritos, se notificará, independientemente de quién se trate, se garantizó en el órgano contralor.
Derecho a la información
De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ltaip, que en 2007 aprobó el Congreso Nacional, “el pueblo hondureño tiene el derecho de acceso a la información pública, a la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, garantías para un mejor desempeño del servidor público y del Gobierno en general, y condiciones necesarias para una efectiva participación ciudadana en la construcción de una auténtica democracia”.
Ante la negativa de las instituciones obligadas de dar información pública, la ley otorga a los peticionarios la opción de presentar los recursos de revisión en el IAIP.
Sólo en el período 2007-2010, el IAIP conoció 193 recursos de revisión contra diferentes instituciones, de los que resolvió 139 a favor de los peticionarios, denegó 25 y declaró improcedentes 20.
IAIP emplaza a diputados por los subsidios
El Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, se ha mostrado implacable con los diputados del Congreso Nacional, a quienes les está solicitando publicar en qué gastan los subsidios.
El Congreso Nacional, que tiene como lema “Más cercano y transparente”, ha sido el blanco de este instituto debido a que varias organizaciones no gubernamentales han presentado requerimientos en vista de la falta de transparencia y rendición de cuentas de los congresistas en el manejo de subsidios.
El jefe de la bancada del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra; el secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo; el presidente de la Comisión de Transparencia, Sergio Castellanos; y la vicepresidenta Alba Nora Gúnera encabezan la lista de los recién emplazados.
El IAIP había publicado la lista de diputados que no rinden cuentas de subsidios por petición del periódico digital Revistazo.com, un apéndice de la Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ.
Esa lista la encabeza el propio presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández.
Según las investigaciones de estas organizaciones, los diputados propietarios reciben al año un millón de lempiras para llevar obras a sus comunidades, en tanto que los suplentes obtienen 450,000 lempiras. La ASJ ha solicitado a cada diputado un informe de los gastos, pero se han negado, indicando que brindan una liquidación a la Tesorería del CN.
