Javier Antonio Hércules fue secuestrado y amenazado en 2023 por ejercer el periodismo. Aun así, el gobierno determinó que su vida no estaba en suficiente riesgo como para asignarle escoltas, según Héctor Longino Becerra, secretario de Derechos Humanos.
“La medida no daba para que él tuviera escoltas”, afirmó Héctor Longino Becerra, al ser consultado sobre el previo asesinato de Javier Hércules.
El funcionario se refirió también a las críticas contra el Mecanismo Nacional de Protección. "No ha sido el gobierno el que ha provocado la muerte de los periodistas. El Ministerio Público tiene que ahondar en las investigaciones. Desde el gobierno se están haciendo acciones", sostuvo.
Asimismo, afirmó que el asesinato del comunicador Javier Hércules obliga al Estado a realizar una investigación inmediata y exhaustiva para determinar si el crimen está vinculado a su trabajo periodístico u obedece a otras causas.
Becerra aseguró que Hércules contaba con cinco medidas de protección. Una de ellas, dijo, era un estipendio mensual que se le entregó “debido a su situación económica” y que concluyó el año pasado.
Aclaró que “las medidas se consensuaban con el beneficiario” y que estas se aprueban según el porcentaje de riesgo evaluado por los analistas del mecanismo.
Según explicó, tras recibir amenazas en 2023, el periodista entregó su versión de los hechos a los evaluadores del mecanismo, quienes elaboraron un plan de medidas de seguridad que fue presentado ante el comité técnico para definir las a aplicar.
Héctor Becerra dejó en claro que "estamos viviendo en una época en la que la libertad de expresión no es atacada. En algunos casos hay una reacción, pero recordemos que debe haber respeto entre funcionarios y periodistas, y viceversa".
