De un paquete de 10 grandes alianzas público privadas (APP) concesionadas por el Gobierno en la última década por más de $1,000 millones, seis se consolidaron y llegarán hasta el final, una fracasó por el descontento social y las otras tres tienen un futuro incierto.
El modelo APP, esquema de inversión que impulsa el desarrollo socioeconómico en países pobres, le permitió a Honduras contar con un corredor logístico que cruza territorio, modernizar las terminales marítimas de Puerto Cortés y construir en San Pedro Sula obras viales que resultaban imposibles.
Pero al mismo tiempo, la concesión otorgada a la Empresa Energía Honduras (EEH) y a Palmerola International Airport han estado bajo la lupa del nuevo Gobierno por resultados insatisfactorios.
En la sesión del 7 de abril, cuando el Congreso Nacional discutió la reformulación del Presupuesto Nacional de la República, la comisión de dictamen suprimió los artículos 297, 298 y 299 que proponían la derogación de la Ley de Alianza Público Privada que pretendía el Poder Ejecutivo en el anteproyecto.
Éxitos y fracasos. La APP del Corredor Logístico, operada por Concesionaria Vial Honduras (Covi-H) concluirá en 2037; la del Centro Cívico Gubernamental, ejecutada por Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras (DOIH) finalizará en 2046.
La APP de la terminal de contenedores de Puerto Cortés, concedida a la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) de International Container Terminal Services, expirará en 2042.
La APP de la terminal de graneles y sólidos de Puerto Cortés, otorgada a Grupo Logra y Terminales Especializadas de Honduras, en 2033.En contraste, el Estado fracasó con la concesión del Corredor Turístico, proyecto vial de cuatro carriles entre San Pedro Sula, El Progreso y Tela.
La Comisión para la Alianza Público Privada (Coalianza) le adjudicó en diciembre de 2012 la APP a Autopistas del Atlántico, formada por CI Grodco de Colombia, CI Grodco de Panamá y Profesionales de la Construcción (Prodecon).
Este proyecto, cuya inversión era de $268,860,109, sería desarrollado y operado por la concesionaria durante 30 años y como fuente de repago utilizaría el cobro en peajes a los conductores que transitaran por esa vía. La compañía comenzó las obras en mayo de 2015, pero las suspendió en julio de 2016 cuando habitantes de El Progreso incendiaron las casetas de peaje.
A raíz de los disturbios que afectaron al proyecto, el Congreso aprobó en diciembre de 2018 la terminación anticipada del contrato (decreto 186-2018). Según un informe de 2014-2018 de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP), eso significó el pago de unos $18 millones por penalizaciones.
Luego, para establecer el monto de una compensación, según ese decreto, el Gobierno contrató por $750,000 a la empresa PriceWaterhouseCoopers. Un informe de SAPP de 2020 indica que el Gobierno pagó $14.5 millones a la concesionaria.
Entre los acreedores de este proyecto estaban Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, JPMorgan Chase Bank, Alturas INC, Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión y Global Opportunities Offshore.
“El Estado tuvo que pagar por incumplimiento y ahora los progreseños, los principales opositores del proyecto, quieren una carretera de cuatro carriles porque en horas pico tienen problemas con el tráfico vehicular, no tienen salidas”, dijo César García, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).
