Raymond Colon, abogado del expresidente Juan Orlando Hernández, confirmó que finalmente no presentarán ninguna moción de fianza para su cliente porque las personas que estaban brindando un apoyo financiero se retiraron.
En su momento, el mismo Colon dijo que la solicitud de fianza podría rondar el millón de dólares pero se han quedado sin ese apoyo que en buena parte venía de miembros de la comunidad judía.
“Se había dicho de parte de una comunidad en Honduras y en Estados Unidos que iban a ser fiadores pues se desaparecieron o no cumplieron con su promesa porque nos dejaron sin individuos que podrían meter sus pruebas financieras como planillas de contribución y propiedad.
Simplemente decidieron por último que no querían colaborar en este proceso y nos dejaron sin fiadores”, inició diciendo en plática con Ángel Martínez, detective y parte del equipo legal del exmandatario Hernández.
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Asimismo, precisó que sin apoyo económico no pueden hacer la moción por lo que ha quedado descartada.
“En este proceso de fianza el gobierno norteamericano investiga los bienes, los recursos, ingresos, planillas de contribución y parece que ellos dijeron que no podían revelar esa información y nos quedamos sin fiadores. Es imposible, sin fiadores no hay base para someter una moción de fianza”.
En cuanto a la salida del abogado Daniel Pérez, Colon explicó que la decisión la tomó él y es porque su homólogo no tenía tanta experiencia.
“No tenía experiencia en las Cortes Federales y yo necesito abogados experimentados que tengan carrera en litigar casos federales, tuve que terminar su representación porque el equipo necesita abogados con experiencia. Yo tengo que asegurarme que los recursos que brinda la familia sean bien utilizados”.
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No obstante, pormenorizó que se contratará a más abogados para ser parte del equipo de defensa. “Ya están listos para entrar en el litigio pero estamos esperando que nos manden la información clasificada que el juez haya ordenado que se entregue, ya tengo abogados que están trabajando y de igual manera tratamos de que no sepan con qué abogados trabajamos”.
La audiencia de Hernández fue reprogramada para el 27 de octubre y el juicio para el 24 de abril de 2023.
DE SER EXTRADITADO A ENFRENTAR TRES CARGOS POR NARCOTRÁFICO
Hernández, de 53 años, está acusado de tres delitos cometidos, según la Fiscalía, entre 2004 y 2022: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de esas ametralladoras y armas.
Estos dos últimos delitos pueden merecer la cadena perpetua. La acusación formal, de 20 páginas, alega que Hernández formó parte de una conspiración que desde 2004 transportó más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de Honduras, procedente de Colombia, Venezuela y otros países. Como parte de esa conspiración, Hernández recibió “millones de dólares de múltiples organizaciones narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares”.
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Los dos períodos de gobierno de Hernández en Honduras fueron salpicados por denuncias de las principales fuerzas de oposición de que dijo ganar las elecciones de 2013 y 2017 “con fraude”, lo que también recogió la acusación. “Hernández usó esos beneficios del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, incluido en relación con las elecciones presidenciales de 2013 y 2017”, agregó la acusación de Estados Unidos.
Estados Unidos ha alegado que en 2013 Hernández recibió un “soborno de un millón de dólares” del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces líder del Cartel de Sinaloa, “a cambio de una promesa de proteger” a esa organización en Honduras.
En marzo de 2021, un hermano del expresidente, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico.
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La extradición de Hernández Alvarado se consolidó el 21 de abril y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el 13 de abril la entrega a Estados Unidos luego de que la resolución sobre su extradición fue firmada por los 15 magistrados que integran el pleno.
La sala constitucional ratificó el 8 de abril la extradición del expresidente hondureño, que el pleno de la Corte Suprema de Justicia había confirmado el 28 de marzo. El 16 de marzo, un juez natural designado por el pleno del Supremo hondureño autorizó la extradición de Hernández, lo que en su momento fue apelado por su defensa.
El 14 de febrero, tres semanas después de que Juan Orlando Hernández concluyó su segundo mandato en el poder, Estados Unidos le solicitó a Honduras su “arresto preventivo” con fines de extradición, acusándolo de tres cargos.
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