Tegucigalpa, Honduras.
Porque no se encontraron delitos para iniciar una investigación penal, la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) solicitó a la Unidad de Enjuiciamiento del Sector Justicia el cierre administrativo del 85% de los expedientes remitidos al Ministerio Público.
Las mismas autoridades encontraron solo faltas o infracciones en las investigaciones que ejecutaron a los miembros de la Policía Nacional.
Sin embargo, el cierre administrativo de los expedientes debe hacerlo la Unidad del Ministerio Público, debido a que la DIECP no está facultada para efectuar un actividad de esa naturaleza.
Al menos 500 expedientes fueron trasladados al MP, de los cuales el 85%, osea 425, se cerraron por no encontrar delitos para iniciar la investigación penal. En ellos se detallan infracciones o faltas a la Ley de Policía por parte de los miembros de esa institución que conllevan sancionan leves, por lo que estos casos serán revisados por otras dependencias y no por los fiscales, según explicaron.
El resto de los casos están en las pesquisas correspondientes para determinar el grado de responsabilidad penal de los implicados.
Procedimientos
Los fiscales encargados de esta unidad no ofrecieron más detalles sobre el tema; pero indicaron que el 15% de los casos que sí están enmarcados en los procedimientos legales están siendo investigados por la unidad.
Actualmente, el Ministerio Público tiene en proceso de judicialización a 51 operadores de justicia; 40 de los casos están en alguna etapa del proceso penal.
De los 11 expedientes restantes, cuatro están en procesos de conciliación con la Procuraduría General de la República, ya que los implicados califican para resolver sus acusaciones con esta medida alterna y evitar un encarcelamiento por sus delitos. Las siete causas restantes sufrieron un revés en los tribunales, adonde los jueces otorgaron un sobreseimiento definitivo a los implicados.
La Unidad de Enjuiciamiento se encarga de requerir a funcionarios del sistema judicial, específicamente a jueces y magistrados del Poder Judicial y a los miembros de la Policía Nacional.
Porque no se encontraron delitos para iniciar una investigación penal, la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) solicitó a la Unidad de Enjuiciamiento del Sector Justicia el cierre administrativo del 85% de los expedientes remitidos al Ministerio Público.
Las mismas autoridades encontraron solo faltas o infracciones en las investigaciones que ejecutaron a los miembros de la Policía Nacional.
Sin embargo, el cierre administrativo de los expedientes debe hacerlo la Unidad del Ministerio Público, debido a que la DIECP no está facultada para efectuar un actividad de esa naturaleza.
Al menos 500 expedientes fueron trasladados al MP, de los cuales el 85%, osea 425, se cerraron por no encontrar delitos para iniciar la investigación penal. En ellos se detallan infracciones o faltas a la Ley de Policía por parte de los miembros de esa institución que conllevan sancionan leves, por lo que estos casos serán revisados por otras dependencias y no por los fiscales, según explicaron.
El resto de los casos están en las pesquisas correspondientes para determinar el grado de responsabilidad penal de los implicados.
Procedimientos
Los fiscales encargados de esta unidad no ofrecieron más detalles sobre el tema; pero indicaron que el 15% de los casos que sí están enmarcados en los procedimientos legales están siendo investigados por la unidad.
Actualmente, el Ministerio Público tiene en proceso de judicialización a 51 operadores de justicia; 40 de los casos están en alguna etapa del proceso penal.
De los 11 expedientes restantes, cuatro están en procesos de conciliación con la Procuraduría General de la República, ya que los implicados califican para resolver sus acusaciones con esta medida alterna y evitar un encarcelamiento por sus delitos. Las siete causas restantes sufrieron un revés en los tribunales, adonde los jueces otorgaron un sobreseimiento definitivo a los implicados.
La Unidad de Enjuiciamiento se encarga de requerir a funcionarios del sistema judicial, específicamente a jueces y magistrados del Poder Judicial y a los miembros de la Policía Nacional.
