Tegucigalpa, Honduras.
A más de un año de ser aprobada la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, hasta ahora se están concluyendo los reglamentos.
Las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, conjuntamente con sociedad civil, realizan la revisión del último borrador de los reglamentos que servirán para poner en marcha la ley.
Una vez que se haga la aprobación por el Consejo Nacional de Defensores de Derechos Humanos serán remitidos al Congreso Nacional. Leonel Ayala, titular de la Secretaría de Gobernación y Justicia, enfatizó que el proceso anterior es producto de un consenso entre todos los sectores involucrados.
Según el funcionario, el Estado cumple con una de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hechas durante la última revisión efectuada en 2010.
Con la vigencia de la ley se crean nuevas medidas de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia de su actividad profesional.
Lo aprobado
Para efectos de la operatividad de la ley, durante la aprobación en el Congreso, se dispuso que en el presupuesto 2015 se creara una partida de 10 millones de lempiras dentro de la Secretaría de Derechos Humanos.
Otra fuente de financiamiento serán los aportes que hagan los gremios profesionales, asociaciones de jueces y otros. Además, se crea el Fondo Especial de Protección, que será financiado con recursos provenientes de la Tasa de Seguridad.
En casos de peligro grave o inminente, se podrá asignar equipo celular, radio o telefonía satelital, cámaras de video, cerraduras, luces y otras, en el lugar de trabajo o de residencia del afectado, chalecos antibalas, detector de metales, asignación de protección policial personal, de inmuebles y las necesarias para salvaguardar la vida. En casos extremos, el Consejo Nacional de Protección podrá determinar la evacuación inmediata, reubicación dentro o fuera de Honduras, ya sea definitiva o temporal, entre otras medidas de seguridad que ayuden a proteger a los profesionales.
A más de un año de ser aprobada la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, hasta ahora se están concluyendo los reglamentos.
Las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, conjuntamente con sociedad civil, realizan la revisión del último borrador de los reglamentos que servirán para poner en marcha la ley.
Una vez que se haga la aprobación por el Consejo Nacional de Defensores de Derechos Humanos serán remitidos al Congreso Nacional. Leonel Ayala, titular de la Secretaría de Gobernación y Justicia, enfatizó que el proceso anterior es producto de un consenso entre todos los sectores involucrados.
Según el funcionario, el Estado cumple con una de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hechas durante la última revisión efectuada en 2010.
Con la vigencia de la ley se crean nuevas medidas de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia de su actividad profesional.
Lo aprobado
Para efectos de la operatividad de la ley, durante la aprobación en el Congreso, se dispuso que en el presupuesto 2015 se creara una partida de 10 millones de lempiras dentro de la Secretaría de Derechos Humanos.
Otra fuente de financiamiento serán los aportes que hagan los gremios profesionales, asociaciones de jueces y otros. Además, se crea el Fondo Especial de Protección, que será financiado con recursos provenientes de la Tasa de Seguridad.
En casos de peligro grave o inminente, se podrá asignar equipo celular, radio o telefonía satelital, cámaras de video, cerraduras, luces y otras, en el lugar de trabajo o de residencia del afectado, chalecos antibalas, detector de metales, asignación de protección policial personal, de inmuebles y las necesarias para salvaguardar la vida. En casos extremos, el Consejo Nacional de Protección podrá determinar la evacuación inmediata, reubicación dentro o fuera de Honduras, ya sea definitiva o temporal, entre otras medidas de seguridad que ayuden a proteger a los profesionales.
