Tegucigalpa, Honduras.
El proceso de elección de la nómina de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2016-2022 entró esta semana en su recta final y paralelamente se intensificaron los cabildeos y negociaciones entre las diversas fuerzas políticas para asegurar los 86 votos que se necesitan en el Congreso Nacional para escoger a los 15 juristas.
La Junta Nominadora anunció que entre el 12 y 15 de enero adelantarán al Poder Legislativo el listado final de los 45 nominados, del cual saldrán los 15 magistrados propietarios que integrarán ese poder del Estado por los próximos siete años.
Una vez entregado el listado, los diputados están convocados para el 25 de enero a fin de elegir a los miembros del máximo tribunal de justicia con el voto de las dos terceras partes (86 en total) de los 128 legisladores que componen el atomizado parlamento hondureño, en el que el oficialismo no tiene la mayoría.
Fuentes políticas y analistas consultadas por LA PRENSA visualizaron una elección excepcional y compleja en virtud de que el Partido Nacional no reúne los votos suficientes y por consiguiente requerirá del respaldo de las bancadas de oposición.
Tradicionalmente, liberales y nacionalistas se han repartido la Corte Suprema, ejerciendo la presidencia y ocupando la mayoría de las butacas del pleno de magistrados el instituto político que ostenta el poder; sin embargo, en esta ocasión las cosas son diferentes en virtud de la correlación de fuerzas existentes en el Legislativo.
El izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre) dispone de 30 diputados, que quedaron tras siete deserciones, y el Partido Anticorrupción (PAC) tiene 13 parlamentarios, quienes pueden inclinar la votación; pero se da por descontado que no apoyarán una elección en la que liberales y nacionalistas se repartan la Corte.
Bajo este escenario, el Partido Nacional, con 48 curules, ha adelantado las negociaciones para asegurar el apoyo de los 27 diputados del ala liberal, cinco de la bancada independiente que está compuesta por desertores de Libre, uno de Unificación Democrática (UD) y tres de la Democracia Cristiana (DC), con los cuales solamente logra 84 votos.
Se conoció que las negociaciones se han intensificado a nivel personal con algunos diputados del PAC y Libre para lograr su respaldo y así asegurar los 86 votos que se requieren para lograr una elección sin sobresaltos.
Un miembro de la junta directiva que pidió el anonimato confió a LA PRENSA que en las últimas semanas han tenido acercamientos con prominentes figuras políticas, dirigentes de los partidos y con los miembros de las bancadas de la oposición con los cuales se ha logrado garantizar su respaldo. “Ya tenemos casi seguros 84 votos y solo faltan dos”, reveló.
Según la fuente, cuentan con el apoyo del Partido Liberal, UD, DC y la bancadita independiente.
El Pinu no ha entrado en esta negociación. Al respecto, el diputado nacionalista y expresidente de la Corte Suprema de Justicia Oswaldo Ramos Soto reconoció que el Congreso Nacional es un órgano político y por ende la elección de los 15 magistrados se decidirá entre las cúpulas partidistas, por lo que al final los diputados solo se limitarán a escoger a los juristas que reciban la bendición de sus partidos.
El proceso de elección de la nómina de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2016-2022 entró esta semana en su recta final y paralelamente se intensificaron los cabildeos y negociaciones entre las diversas fuerzas políticas para asegurar los 86 votos que se necesitan en el Congreso Nacional para escoger a los 15 juristas.
La Junta Nominadora anunció que entre el 12 y 15 de enero adelantarán al Poder Legislativo el listado final de los 45 nominados, del cual saldrán los 15 magistrados propietarios que integrarán ese poder del Estado por los próximos siete años.
Una vez entregado el listado, los diputados están convocados para el 25 de enero a fin de elegir a los miembros del máximo tribunal de justicia con el voto de las dos terceras partes (86 en total) de los 128 legisladores que componen el atomizado parlamento hondureño, en el que el oficialismo no tiene la mayoría.
Fuentes políticas y analistas consultadas por LA PRENSA visualizaron una elección excepcional y compleja en virtud de que el Partido Nacional no reúne los votos suficientes y por consiguiente requerirá del respaldo de las bancadas de oposición.
Tradicionalmente, liberales y nacionalistas se han repartido la Corte Suprema, ejerciendo la presidencia y ocupando la mayoría de las butacas del pleno de magistrados el instituto político que ostenta el poder; sin embargo, en esta ocasión las cosas son diferentes en virtud de la correlación de fuerzas existentes en el Legislativo.
El izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre) dispone de 30 diputados, que quedaron tras siete deserciones, y el Partido Anticorrupción (PAC) tiene 13 parlamentarios, quienes pueden inclinar la votación; pero se da por descontado que no apoyarán una elección en la que liberales y nacionalistas se repartan la Corte.
Bajo este escenario, el Partido Nacional, con 48 curules, ha adelantado las negociaciones para asegurar el apoyo de los 27 diputados del ala liberal, cinco de la bancada independiente que está compuesta por desertores de Libre, uno de Unificación Democrática (UD) y tres de la Democracia Cristiana (DC), con los cuales solamente logra 84 votos.
Se conoció que las negociaciones se han intensificado a nivel personal con algunos diputados del PAC y Libre para lograr su respaldo y así asegurar los 86 votos que se requieren para lograr una elección sin sobresaltos.
Un miembro de la junta directiva que pidió el anonimato confió a LA PRENSA que en las últimas semanas han tenido acercamientos con prominentes figuras políticas, dirigentes de los partidos y con los miembros de las bancadas de la oposición con los cuales se ha logrado garantizar su respaldo. “Ya tenemos casi seguros 84 votos y solo faltan dos”, reveló.
Según la fuente, cuentan con el apoyo del Partido Liberal, UD, DC y la bancadita independiente.
El Pinu no ha entrado en esta negociación. Al respecto, el diputado nacionalista y expresidente de la Corte Suprema de Justicia Oswaldo Ramos Soto reconoció que el Congreso Nacional es un órgano político y por ende la elección de los 15 magistrados se decidirá entre las cúpulas partidistas, por lo que al final los diputados solo se limitarán a escoger a los juristas que reciban la bendición de sus partidos.
Escenarios
Frente a esta compleja elección, los analistas vislumbran diversos escenarios en el caso que no se logren negociar los 86 votos de la mayoría calificada.
Uno de estos es que ante la falta de consenso entre los partidos la elección no pueda concretarse y deban continuar por siete años más los actuales miembros de la Corte, lo cual sería un grave precedente y desencadenaría una nueva crisis política en el país.
Sin embargo, la Constitución de la República y el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso establece que en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto de las dos terceras partes.
Otro escenario es que los nacionalistas cedan espacios y negocien con la oposición, especialmente con el PAC y Libre, una nueva Corte compuesta por magistrados que representen a los diversos sectores de la sociedad y las distintas fuerzas políticas. Si esto se logra acabaría el monopolio de los partidos tradicionales en la composición del Poder Judicial.
Tomás Zambrano, prosecretario del Congreso Nacional, alabó la labor de la Junta Nominadora y dijo que “solo estamos esperando que llegue la nómina para iniciar el diálogo entre las bancadas y proceder a revisar las hojas de vida de los 45 candidatos que envíe la Junta”.
Reconoció que se requiere el acompañamiento de las diferentes fuerzas políticas para lograr la mayoría calificada de 86 votos; pero reveló que hay pláticas avanzadas para lograr ese objetivo.
Liberales a reunión
Ramón Chacón Ferrufino, subjefe de la bancada liberal, informó que los miembros de este colectivo parlamentario se reunirán esta semana para fijar su posición inicial, porque se espera que la lista de los 45 nominados esté en el Congreso antes del 15 de enero.
Aseguró que hasta ahora la bancada liberal “no ha tomado ninguna posición sobre este tema porque en definitiva nosotros iniciaremos el proceso de análisis al momento que se nos mande la nómina de 45 aspirantes a magistrados”.
Confió que esta vez el listado no sea enviado a unas horas de la elección, como ocurrió en la última votación de los actuales miembros del Poder Judicial. “Confiamos en el trabajo de la Junta Nominadora y en definitiva esperaremos el listado para hacer nuestras propias investigaciones y definir nuestra posición”, dijo.
