San Pedro Sula, Honduras.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exhorta al Estado de Honduras a crear un registro de reclusos, fortalecer la defensa pública y capacitar a todos los operadores para superar el escenario de impunidad e injusticia en el cual se encuentra el país.
Esa organización continental, con sede en San José, Costa Rica, en un análisis exclusivo para Diario LA PRENSA sobre la justicia en Honduras, destaca que en el país existen operadores, en todas las instituciones, que desean realizar su trabajo de manera transparente en la búsqueda de la verdad, no obstante, tropiezan con una serie de obstáculos.
“En Honduras hay muchos jueces y juezas buenas, que quieren hacer las cosas bien, que se están capacitando, que realmente creen en la justicia y que tratan de hacer su trabajo aún en las peores condiciones materiales y de logística”, dijo Marcia Aguiluz, directora de Cejil para Centroamérica y México.
Según esa organización, “el hecho de que haya gente honorable que luche verdadera y genuinamente por la justicia, es un valor muy positivo que hay que potenciar”.
Cejil es una organización que ha llevado casos de injusticia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos contra los Estados del continente, entre ellos Honduras, para que le reparen los daños a personas afectadas.
Carrera judicial
“Lamentablemente a nosotros como Cejil nos consta que hay bastantes debilidades en Honduras, por una parte, no hay una verdadera carrera judicial y eso es muy complicado porque no se está cumpliendo con estándares para la contratación de jueces y juezas y tampoco para los ascensos”, dijo
Aguiluz destacó que “no necesariamente están llegando las mejores personas a ejercer justicia, y son puestos muy delicados, además, hay una politización del nombramiento, desde las más altas jerarquías.
Ya se conoce que hay injerencia de los poderes económicos y políticos en quienes eligen la Corte Suprema de Justicia, eso ha sido así lamentablemente en todas las elecciones anteriores”.
El Cejil posee información de que el desaparecido Consejo de la Judicatura utilizó el régimen disciplinario para castigar jueces y juezas “que no hacen caso a estos grupos de poder” y premió “con ascensos” a los funcionarios que se adosaron a intereses parciales.
“Los operadores de justicia no tienen capacidades técnicas ni logísticas para cumplir su labor de manera independiente. Existen muchos temores y eso hace que no puedan cumplir a cabalidad su labor y por otra parte combatir la impunidad que es algo que a la ciudadanía le interesa muchísimo”, recalcó.
El Cejil no libera a ningún sistema judicial centroamericano de la injerencia política partidista, pues en todos observa intromisión de entes externos, sin embargo, destaca que Honduras debería emular el ejemplo de Costa Rica.
“Uno de los países que más invierte en justicia es Costa Rica. Es por eso que aquí existen mayores capacidades institucionales, técnicas, profesionales, hay una carrera judicial muchísimo más fuerte (...). Si se trata de capacidades institucionales y carreta judicial, Costa Rica podría ser el modelo que Honduras debería mirar con mayor claridad”, plantea.
El Cejil le recuerda al Estado que debe cumplir con la sentencia emitida el 7 de junio de 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al “Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras”.
Esa sentencia obliga a Honduras, de acuerdo con el numeral 189, “en el marco de la obligación general del artículo 2 de la Convención, (...) a implementar, en caso de no existir en la actualidad, un registro de detenidos que permita el controlar la legalidad de las detenciones, por lo cual este debe incluir la identificación de los detenidos, motivo de la detención, autoridad competente, día y hora de ingreso y de liberación e información sobre la orden de detención”.
“Por otra parte, también es importantísimo que haya una defensa pública fuerte, si hay personas que están privadas de libertad, que no deberían estar allí, lo natural es que la defensa pública pueda mapear y pueda ejercer una defensa técnica de calidad, pero para eso se necesita recursos, se necesita tener buenas personas, buenos salarios, condiciones que les permitan hacer su trabajo”, agregó Cejil a través de su coordinadora en la región.
Desde San José, el Cejil, de acuerdo con Aguiluz, observa que el sistema penitenciario se está llenando de personas de la clase media y baja, lo cual indica que “se está criminalizando la pobreza”.
“Tiene que haber un análisis de la política criminal para saber qué se quiere perseguir, a quiénes se quiere perseguir y qué es lo que está generando esta cantidad de personas en las cárceles”, manifestó.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exhorta al Estado de Honduras a crear un registro de reclusos, fortalecer la defensa pública y capacitar a todos los operadores para superar el escenario de impunidad e injusticia en el cual se encuentra el país.
Esa organización continental, con sede en San José, Costa Rica, en un análisis exclusivo para Diario LA PRENSA sobre la justicia en Honduras, destaca que en el país existen operadores, en todas las instituciones, que desean realizar su trabajo de manera transparente en la búsqueda de la verdad, no obstante, tropiezan con una serie de obstáculos.
| Caso
En 1992, la Comisión Interamericana abrió el caso por “el secuestro, tortura y ejecución” de Juan Humberto Sánchez. La Corte emitió falló 11 años después
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Según esa organización, “el hecho de que haya gente honorable que luche verdadera y genuinamente por la justicia, es un valor muy positivo que hay que potenciar”.
Cejil es una organización que ha llevado casos de injusticia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos contra los Estados del continente, entre ellos Honduras, para que le reparen los daños a personas afectadas.
| Medidas
1. Reforzar la investigación
Para evitar que los presidios sigan recibiendo más personas, el Ministerio Público debe reforzar y profundizar las investigaciones.
2. Más inversión en el sistema judicial
El Gobierno debe invertir en capacitación técnica y científica en el personal que labora en el Poder Judicial y Ministerio Público.
3. Promover la independencia
Entre más injerencia política haya, menos independencia habrá en el sistema judicial.
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“Lamentablemente a nosotros como Cejil nos consta que hay bastantes debilidades en Honduras, por una parte, no hay una verdadera carrera judicial y eso es muy complicado porque no se está cumpliendo con estándares para la contratación de jueces y juezas y tampoco para los ascensos”, dijo
Aguiluz destacó que “no necesariamente están llegando las mejores personas a ejercer justicia, y son puestos muy delicados, además, hay una politización del nombramiento, desde las más altas jerarquías.
Ya se conoce que hay injerencia de los poderes económicos y políticos en quienes eligen la Corte Suprema de Justicia, eso ha sido así lamentablemente en todas las elecciones anteriores”.
El Cejil posee información de que el desaparecido Consejo de la Judicatura utilizó el régimen disciplinario para castigar jueces y juezas “que no hacen caso a estos grupos de poder” y premió “con ascensos” a los funcionarios que se adosaron a intereses parciales.
“Los operadores de justicia no tienen capacidades técnicas ni logísticas para cumplir su labor de manera independiente. Existen muchos temores y eso hace que no puedan cumplir a cabalidad su labor y por otra parte combatir la impunidad que es algo que a la ciudadanía le interesa muchísimo”, recalcó.
El Cejil no libera a ningún sistema judicial centroamericano de la injerencia política partidista, pues en todos observa intromisión de entes externos, sin embargo, destaca que Honduras debería emular el ejemplo de Costa Rica.
“Uno de los países que más invierte en justicia es Costa Rica. Es por eso que aquí existen mayores capacidades institucionales, técnicas, profesionales, hay una carrera judicial muchísimo más fuerte (...). Si se trata de capacidades institucionales y carreta judicial, Costa Rica podría ser el modelo que Honduras debería mirar con mayor claridad”, plantea.
El Cejil le recuerda al Estado que debe cumplir con la sentencia emitida el 7 de junio de 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al “Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras”.
Esa sentencia obliga a Honduras, de acuerdo con el numeral 189, “en el marco de la obligación general del artículo 2 de la Convención, (...) a implementar, en caso de no existir en la actualidad, un registro de detenidos que permita el controlar la legalidad de las detenciones, por lo cual este debe incluir la identificación de los detenidos, motivo de la detención, autoridad competente, día y hora de ingreso y de liberación e información sobre la orden de detención”.
“Por otra parte, también es importantísimo que haya una defensa pública fuerte, si hay personas que están privadas de libertad, que no deberían estar allí, lo natural es que la defensa pública pueda mapear y pueda ejercer una defensa técnica de calidad, pero para eso se necesita recursos, se necesita tener buenas personas, buenos salarios, condiciones que les permitan hacer su trabajo”, agregó Cejil a través de su coordinadora en la región.
Desde San José, el Cejil, de acuerdo con Aguiluz, observa que el sistema penitenciario se está llenando de personas de la clase media y baja, lo cual indica que “se está criminalizando la pobreza”.
“Tiene que haber un análisis de la política criminal para saber qué se quiere perseguir, a quiénes se quiere perseguir y qué es lo que está generando esta cantidad de personas en las cárceles”, manifestó.
