Por no cumplir sus deberes como funcionaria, el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, concluyó que la ministra de Finanzas, Rebeca Santos, incurre en “ilegalidad”.
De acuerdo a la ley, en septiembre de cada año el Ejecutivo tiene que remitir al Congreso Nacional un anteproyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del siguiente año.
En el presente caso, el Gobierno aún no remite el anteproyecto, aunque ha transcurrido casi la mitad del año sin un presupuesto.
“Las acciones de este Gobierno son ilegales. Está incumpliendo. La ministra de Finanzas (Santos) debe ser requerida judicialmente porque no está cumpliendo como funcionaria”, expresó el director ejecutivo del TSC, Moisés López Alvarenga.
“La obligación de ella es presentar el presupuesto, así como están gastando sin presupuesto lo que amerita, es una responsabilidad civil y de repente penal”, indicó.
Según el director, el deber de la titular de Finanzas es remitir el presupuesto al CN. “Ni el Presidente ni ninguna institución deben seguir gastando sin tener referencia de un presupuesto que les permita manejarse dentro del mismo”, expresó.
“Es como trabajar con un ‘cheque en blanco’, a manos libres y manejando, de repente, fondos como los de la Alba: no sabemos a quiénes se los dan, de qué manera los dan”, continuó.
“No es un regalo, es un dinero que al final el Estado tiene que pagar”, añadió. El despilfarro busca no rendir cuentas al no llevar la contabilidad de los gastos, sin ninguna planificación.
Se incurre en responsabilidades que el Tribunal, hoy o mañana, tendrá que sacar a luz. Tenemos que llegar a deducirle responsabilidades a la ministra para que presente ese presupuesto, si quiere salvarse y no ser responsable por mal manejo de esa secretaría que mande ese presupuesto; es su obligación legal”, indicó.
