Tegucigalpa, Honduras.
El sistema de investigación criminal ha sido una de las principales preocupaciones de los hondureños, y es uno de los ejes en los que más ha invertido el Gobierno. Rommel Martínez, director de la Dirección de Investigación Policial (DPI), en entrevista con LA PRENSA, asegura que se están generando esquemas técnicos profesionales para contar con una nueva entidad de investigación, con recurso humano de élite bajo un esquema de supervisión, mando y control constante.
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La investigación es una deuda pendiente con la población, ¿qué acciones se toman para bajar los índices de impunidad en materia de investigación?
Se están generando esquemas técnicos profesionales a través de los laboratorios móviles de criminalística para mejorar el procesamiento de las escenas. Estamos recolectando elementos materiales de prueba para procesarlos en los laboratorios de la Policía científica de la DPI. Esto se reflejará en algunos meses porque los procesos que se inician hoy usualmente tienen un despliegue entre ocho a catorce meses para que lleguen a un juicio oral, allí se hacen visibles los productos logrados a través de los laboratorios y en formato de prueba técnica científica. Implementar un nuevo organismo de investigación dispone de cierta normatización y se trabaja en capacitar a los agentes bajo ciertas características: constante supervisión, mando y control. Se ha adquirido equipamiento, mobiliario y mucha tecnología. Ponemos en práctica ejercicios de inteligencia criminal que prácticamente son los conductos que hacen fluir información desde las comunidades, los lugares adonde suceden los hechos, por supuesto que sea información útil.
¿Cuántos casos se le asignan a cada agente de investigación?
El alto número de casos que estaban en retraso de hace décadas es una carga difícil de llevar. Pero estaríamos hablando de que el agente que menos casos tiene ronda entre los 35 y 40, y hay otros agentes que llevan hasta 200. Es una carga complicada. Pero más allá de la carga hay que comparar la cantidad de judicializaciones que se han ido dando en los últimos años porque al final ese es el resultado. Hay un ascenso en la judicialización a partir de 2017, el año 2018 superó al año anterior, y en 2019 la meta es aumentar los casos que llegan a los juzgados. Cada caso que se judicialice es un caso que sale de la impunidad. Por ejemplo, hay un aumento en el cumplimiento de órdenes de captura que también va en ascenso desde 2017 a 2018, fue de un 34%.
¿Hay un trabajo coordinado en investigación con otros países?
Estamos trabajando junto a El Salvador y Guatemala en el caso específico de maras, hay unidades especializadas en trata de personas, robo de vehículos y crimen organizado. Hay un entretejido articulador de esfuerzos para atacar fenómenos transnacionales. A nivel interno se ha mejorado la relación entre el Ministerio Público y en el esquema metodológico de la DPI, que obliga al investigador a buscar el acompañamiento casi inmediato desde que se le asigna un caso, y esto opera en un sistema de elaboración de informes preliminares de avances, hasta llegar a un informe final.
¿Se ha desarticulado a estructuras dedicados al tráfico de personas?
En los últimos años, los resultados en el combate al tráfico y trata de personas han sido satisfactorios. En 2018 hubo 56 imputaciones por tráfico de personas y se lograron 34 condenas y seguimos trabajando en identificar a esos grupos. Además hay una segunda área priorizada: el ataque al crimen organizado y maras, en el que DPI lleva el principal músculo en el país.
¿Cómo participa la DPI en la seguridad fronteriza?
No es muy propio de Dla PI, pero actuamos como unidades coadyuvantes con la Dirección Nacional de Policía de Fronteras apoyando en diversas tareas. Hay un esquema de inteligencia para determinar, por ejemplo, para los casos de migración irregular. Nos corresponde combatir y monitorear a los individuos que tengan relación con el tráfico o trata de personas o con los que están moviendo menores sin seguir los requisitos que la ley establece o cualquier otro riesgo o amenaza a la cual se exponen los participantes en estas migraciones.
¿Cuáles son los indicadores que nos muestran que se avanza en seguridad?
Casi al cierre del primer trimestre del año estamos reflejando una disminución en comparación con 2018, de casi 200 muertes violentas. Eso marca una línea de mejora bastante considerable que a la luz de los ojos internacionales es mejor considerada que a la vista de los nacionales. Por supuesto que el problema de inseguridad requiere de bastante atención, no está resuelto, pero la tendencia de los esfuerzos del país son halagadores. Esto no nos hace confiarnos ni caemos en conformismo.
¿Y en la muerte violenta de mujeres qué tendencia hay?
Es algo más exhaustivo. Al cierre del primer trimestre tenemos una leve disminución en comparación con 2018. Si hay categoría segregada de homicidios en los que tenemos alza, por ejemplo, en la muerte de menores donde tenemos alza en 2019 y hay un leve incremento en las muertes del área rural, hay más eventos en este trimestre. Esto tiene una explicación: cuando se atacan frontalmente los grandes centros urbanos por naturaleza el delito tiende a desplazarse hacia las zonas donde hay menos vigilancia por parte de las autoridades.
¿Cómo estructuran las bandas delictivas?
La información que se recoge se somete a un ciclo de verificación que opera de manera diferente a como opera investigación criminal. En el caso de DPI, tenemos la unidad de perfilación criminal que es patrocinada incluso por la Asistencia de Programas de la Embajada e Estados Unidos. Tenemos un grupo de analistas que con elementos demostrables y concretos establece las agrupaciones ilícitas y las perfila en cuánto a cantidad de miembros, quiénes son, niveles delictivos, modus operandi, patrones de victimización. Es parte de todo un trabajo de perfilación. Si DPI se refiere a una banda criminal es porque tiene todo el soporte o formato de investigación criminal para poder hacer las vinculaciones. Todo se sustenta con información confiable.
¿Vamos hacia la investigación objetiva que tanto ansían los hondureños?
Claro, hacia eso vamos. Contar con los laboratorios de criminalística pone al país a la vanguardia en Centroamérica. Buscamos un trabajo de excelencia donde con pruebas técnicas y científicas acusar de manera objetiva a los implicados de cualquier hecho criminal. Le puedo garantizar que los procesos de investigación científico son ágiles y contribuyen a identificar a los hechores, muestra de ello es el ascenso de casos judicializados logrando con ello una justicia expedita.
