Julieta Castellanos, rectora de la Unah (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), llegó ayer al Ministerio Público, adonde solicitó ampliar la acusación a la cadena de mando de la posta policial de La Granja y de la Metropolitana 1 por el crimen contra su hijo Rafael Alejandro Vargas Castellanos y de su amigo Carlos David Pineda Rodríguez.
Acompañada de las señoras Aurora Pineda, Hilda Caldera y su abogado, Castellanos se presentó a la Fiscalía, adonde se reuniría con el fiscal general, Luis Rubí; pero se canceló debido a que el funcionario participaría en la cadena nacional junto al presidente Porfirio Lobo.
Sin embargo, se reunieron con Danelia Ferrera, directora de fiscales.En el caso de Castellanos y Pineda, además de pedir ampliar la acusación, el propósito de la visita era conocer los avances en los casos contra los asesinos de sus hijos.
La visita de Caldera era para conocer los avances en la investigación del asesinato de su esposo Alfredo Landaverde, pero lamentó, entre lágrimas, que no hay avance en las investigaciones, pero que seguirá insistiendo hasta que se esclarezca este caso.Castellanos explicó que la ampliación se debe a que en un primer momento solo se acusó a los cuatro involucrados directos y a los cuatro policías que auxiliaron con una patrulla extra.
Además, calificó como una barbarie la participación de ocho policías en la muerte de dos jóvenes de 22 años; pero considera que es necesario acusar a la cadena de mando porque conocían que era una posta en la que “estaba incrustado el crimen”.
“Ellos sabían perfectamente que esas patrullas se dedicaban a asesinar jóvenes” y recordó las acciones de intimidación para obstruir la investigación, por lo que consideró necesario que se les deduzcan responsabilidades.
“Estamos dando seguimiento porque estamos en la última semana que trabajan los tribunales de justicia y el Ministerio Público. Queremos saber cómo termina el año con nuestros casos”, dijo la rectora.Agregó que han hecho un trabajo permanente, “hemos aportado pruebas, hemos contribuido en todo lo posible para que el asesinato de mi hijo no quede en la impunidad”.
Castellamos consideró que “esta lucha seguirá por mucho tiempo porque todo es un obstáculo, todo es una barrera, nada es fácil”, añadió.“Es este país la lucha es desigual, los ciudadanos buscando justicia y el Estado coludiéndose con los delincuentes”, aseveró al recordar que tiene más de un año pidiendo la resolución de los casos.
La rectora se reuniría con Rubí en noviembre pasado, pero se canceló debido al accidente de la escolta del Fiscal, en la que murió un miembro de su equipo.
Finalmente consideró que en este país la lucha es desigual, los ciudadanos buscando justicia y el Estado coludiéndose con los delincuentes”.
Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez fueron asesinados en octubre de 2011 y sus cuerpos fueron encontrados en el kilómetro 8 de la carretera que conduce de Tegucigalpa al sur de Honduras.
Libres policías acusados
de matar a hijo de rectora de Unah
En libertad fueron dejados dos agentes de la Policía Nacional acusados de participar en el asesinato de los dos estudiantes universitarios, entre ellos el hijo de Julieta Castellanos, rectora de la Unah.
En audiencia preliminar, el Ministerio Público solicitó al juez con Jurisdicción Nacional que dictara el sobreseimiento provisional a favor de Martín Orlando Ortez Pavón y José Manfredo Fúnez Colíndrez, acusados por los delitos de abuso de autoridad, robo y asesinato agravado.
La Fiscalía argumentó que durante las investigaciones se verificó, según el libro de novedades del Distrito Policial del barrio La Granja, que los dos agentes estaban en turno el día del asesinato de los estudiantes universitarios, pero se quedaron descansando, por lo que no participaron en el crimen.
Ante esta revelación, los fiscales encargados del caso solicitaron al juez nacional que los dejará en libertad provisional; los otros acusados serán presentados en juicio oral y público.
Tras la captura de los agentes
se puso al descubierto la presencia de carteles dentro de la Policía Nacional, lo que originó un proceso de depuración de la institución armada.
Durante la depuración se ha separado a más de 200 agentes y oficiales,
lo cual ha sido rechazado por muchos elementos policiales que han presentado recurso de inconstitucionalidad.
