Rebeca Ráquel Obando, presidenta del Poder Judicial, conocerá el expediente de la causa contra Mario Flores y Miriam Barahona, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
La acción del Ministerio Público de presentar un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) por el delito de prevaricato judicial ha generado un intenso debate sobre la constitucionalidad y el impacto político de la medida, a solo 20 días de las elecciones generales.
El expediente del MP señala que los magistrados, supuestamente, emitieron resoluciones contrarias a la ley al ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de Christian Villalobos y Jorge Cálix como candidatos a diputados.
COMUNICADO sobre la asignación de expediente acusatorio que relaciona a dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. pic.twitter.com/U6pIwhEhHR
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 11, 2025
Dicha normativa exige la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión del expediente y la convocatoria de un suplente.
Sin embargo, según el MP, el magistrado Flores Urrutia participó en la resolución de una recusación planteada en su contra, lo que contraviene expresamente la ley.
El pasado 28 de octubre, los mismos magistrados emitieron una sentencia definitiva que ordenó al CNE inscribir a los dos aspirantes, pese a que el TJE no estaba debidamente conformado. De acuerdo con el documento, el tercer magistrado propietario ni un suplente fueron convocados, como exige la normativa para que el pleno pueda sesionar válidamente.
Cuestionamiento
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos enfatizó que los magistrados del TJE cuentan con protección constitucional similar a la de otros altos funcionarios electos por el Congreso Nacional.
“Requerir a estos magistrados vulnera la autonomía y la independencia del órgano judicial electoral. No puede ser un juez común quien conozca este caso”, explicó Barrientos.
“Tiene que ser un magistrado de la Corte Suprema nombrado por el pleno, quien decidirá si admite o no el requerimiento fiscal. Si no lo admite, se archivan las diligencias. Si lo admite, se abrirá la primera audiencia inicial y se seguirá el procedimiento legal hasta una resolución final".
Barrientos señaló que este procedimiento es complejo y difícil de resolver en el corto plazo, por lo que sería prácticamente imposible que se llegue a una decisión antes de los comicios.
Por su parte, el analista político Fernando González coincidió en que la acción del Ministerio Público “tiene claros tintes políticos y podría percibirse como persecución”.
“El Tribunal de Justicia Electoral no es subordinado a la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general se empecina en perseguir a la oposición política a menos de veinte días de las elecciones”, señaló González.
Según el analista, esta situación genera incertidumbre ciudadana y podría afectar la credibilidad del proceso electoral.
“Mientras el TJE está siendo perseguido, se busca imponer suplentes que le pertenecen a Luis Redondo. Esto sería un golpe directo a la independencia del órgano electoral”, agregó.
Guion político
El diputado liberal Marlon Lara también consideró que la medida refleja una presión indebida sobre los órganos electorales.
“Esto se ve como persecución política del Ministerio Público. Ya habíamos denunciado presiones sobre los consejeros del CNE desde marzo. Hoy se consuma este acto. El proceso necesita garantías plenas para que la ciudadanía y los órganos electorales actúen sin temor”, afirmó Lara.
El legislador recordó que estas acciones podrían afectar la supervisión internacional del proceso electoral y subrayó la importancia de mantener la transparencia y legalidad de los comicios.
Asimismo, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas coincidió en que se trata de un acto de persecución política y un “circo” que busca afectar a los magistrados. “A 20 días de las elecciones se busca suspender o inhabilitar a los magistrados. Este es un requerimiento fiscal: no significa culpabilidad ni procedimiento definitivo”, indicó Rivera Callejas.
El congresista enfatizó que la Corte Suprema debe asignar al juez natural en pleno y no a través de su presidencia, para respetar la ley y la Constitución.
