Tegucigalpa, Honduras.
Los funcionarios de Honduras, Guatemala y El Salvador que sean incluidos en la “ lista negra” de personajes vinculados a corrupción que elaboraría Estados Unidos perderían su visa de ingreso a ese país, entre otras represalias, dijo a LA PRENSA la congresista Nora Torres.
Con un “Sí, claro” respondió Torres la consulta sobre si el Congreso de Estados Unidos analiza pedir el desvisado a los servidores públicos señalados en la potencial deshonrosa nómina.
Después de la entrega de la lista, el Congreso tomará las medidas que considere necesarias con base en la información proporcionada”, acotó Torres, congresista por California.
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó por unanimidad el 23 de mayo una enmienda solicitada por Torres que exige al secretario de Defensa que envíe al Congreso los nombres de los funcionarios de Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica involucrados en casos de corrupción y crimen organizado.
El Senado deberá ratificar la enmienda, orientada a ser incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional.
“La enmienda contempla la entrega de la lista de nombres, si no existe, habría que elaborarla con base en información que poseen las agencias de inteligencia de Estados Unidos”, indicó Torres.
Alcaldes, diputados y otros altos funcionarios de Honduras han sido procesados por presuntos nexos con el crimen organizado, algunos de los que, entre estos policías, han sido extraditados a Estados Unidos.
Mientras, Honduras no ha podido lograr, desde 2006, un segundo compacto de la Cuenta de Desafío del Milenio porque ha resultado reprobada en el indicador de percepción de corrupción.
El Consejo Nacional Anticorrupción estimó que 49 centavos de cada lempira de los impuestos es malversado por actos de corrupción.
Pura publicidad
A criterio de Torres, el Gobierno de Honduras ha hecho mucha vocería sobre sus estrategias sobre la lucha contra la corrupción, pero en realidad solo es “mucha publicidad” y pocos hechos.
“El gobierno de Hernández ha hecho mucha publicidad y habla mucho de sus programas, lo que queremos ver, y lo que llevo más de dos años exigiendo, son resultados”.
Por otro lado, la congresista solicitó al presidente Juan Orlando Hernández que nombre al vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad ( Maccih), una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) avalada por el Gobierno hondureño. “Estoy preocupada, sobre todo por las acciones del Congreso hondureño para debilitar la Maccih; sin embargo, consideró que la Maccih necesita un apoyo más firme desde el Gobierno hondureño”, remarcó.
Juan Jiménez Mayor, exvocero de la Maccih, renunció tras desavenencias con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Almagro dijo que desde abril propuso al exfiscal brasileño Luiz Antonio Guimaraes como nuevo vocero de la Maccih, pero el Gobierno hondureño no lo ha ratificado.
Los funcionarios de Honduras, Guatemala y El Salvador que sean incluidos en la “ lista negra” de personajes vinculados a corrupción que elaboraría Estados Unidos perderían su visa de ingreso a ese país, entre otras represalias, dijo a LA PRENSA la congresista Nora Torres.
Con un “Sí, claro” respondió Torres la consulta sobre si el Congreso de Estados Unidos analiza pedir el desvisado a los servidores públicos señalados en la potencial deshonrosa nómina.
Después de la entrega de la lista, el Congreso tomará las medidas que considere necesarias con base en la información proporcionada”, acotó Torres, congresista por California.
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó por unanimidad el 23 de mayo una enmienda solicitada por Torres que exige al secretario de Defensa que envíe al Congreso los nombres de los funcionarios de Gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica involucrados en casos de corrupción y crimen organizado.
El Senado deberá ratificar la enmienda, orientada a ser incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional.
“La enmienda contempla la entrega de la lista de nombres, si no existe, habría que elaborarla con base en información que poseen las agencias de inteligencia de Estados Unidos”, indicó Torres.
Alcaldes, diputados y otros altos funcionarios de Honduras han sido procesados por presuntos nexos con el crimen organizado, algunos de los que, entre estos policías, han sido extraditados a Estados Unidos.
Mientras, Honduras no ha podido lograr, desde 2006, un segundo compacto de la Cuenta de Desafío del Milenio porque ha resultado reprobada en el indicador de percepción de corrupción.
El Consejo Nacional Anticorrupción estimó que 49 centavos de cada lempira de los impuestos es malversado por actos de corrupción.
Pura publicidad
A criterio de Torres, el Gobierno de Honduras ha hecho mucha vocería sobre sus estrategias sobre la lucha contra la corrupción, pero en realidad solo es “mucha publicidad” y pocos hechos.
“El gobierno de Hernández ha hecho mucha publicidad y habla mucho de sus programas, lo que queremos ver, y lo que llevo más de dos años exigiendo, son resultados”.
Por otro lado, la congresista solicitó al presidente Juan Orlando Hernández que nombre al vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad ( Maccih), una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) avalada por el Gobierno hondureño. “Estoy preocupada, sobre todo por las acciones del Congreso hondureño para debilitar la Maccih; sin embargo, consideró que la Maccih necesita un apoyo más firme desde el Gobierno hondureño”, remarcó.
Juan Jiménez Mayor, exvocero de la Maccih, renunció tras desavenencias con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Almagro dijo que desde abril propuso al exfiscal brasileño Luiz Antonio Guimaraes como nuevo vocero de la Maccih, pero el Gobierno hondureño no lo ha ratificado.
