No pasar la pruebas de evaluación y confianza en la DIECP.
La misma resuelve que continúe la ejecución del proceso de depuración policial de acuerdo con el Decreto Legislativo 89-2012, que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial, enmarcados en el artículo 2, numeral 1, párrafo segundo, que literalmente dice: “Cuando el evaluado repruebe cualquiera de las pruebas que se le practiquen, esto será causal de despido justificado de forma inmediata de la Policía Nacional”.
En el oficio recibido en la Secretaría General del Ministerio de Seguridad el 20 de septiembre se describe el nombre, el grado y el tipo de prueba reprobada por los 33 miembros de la Policía Nacional, que deben salir de la institución porque así lo establece la ley.
La lista de los 32 oficiales de policía y un policía clase III es encabezada por el comisionado Manuel de Jesús Escobar Murillo, nombre que el mismo Juan Carlos Bonilla dio a conocer en los medios de comunicación.
Los reprobados
En la lista que está en poder del ministro Pompeyo Bonilla se incluye a los subcomisionados Gustavo Adolfo Fajardo Hernández, Erick Naval García Canales, Ariel Ernesto Padilla Mejía, Ricardo Nicolás Murillo Matute, José Manuel Rodríguez Hernández, José Francisco Blanco Ulloa y Daniel Omar Matamoros Ávila, además de tres comisarios, 12 subcomisarios, cuatro inspectores, cinco subinspectores y un policía clase III.
El pasado 27 de junio empezó el proceso de evaluación de los policías, en que se sometieron a las pruebas toxicológicas, psicométricas, socioeconómicas, psicológicas y posteriormente al polígrafo o detector de mentiras 36 oficiales, de los 40 a quienes las autoridades les hizo el llamado, por lo que cuatro quedaron faltistas.
Tres semanas después, otros 36 policías pasaron por el proceso de evaluación de expertos de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público con el acompañamiento de expertos de Colombia y Estados Unidos.
Hasta la fecha se han sometido a las pruebas 235 miembros de la Policía Nacional, de los que ya se remitieron 70 expedientes completos a la Dirección General de la Policía Nacional, nueve se encuentran en evaluación re-test de prueba de polígrafo, 18 en re-test de pruebas psicométricas y 138 en proceso de revisión y análisis de las pruebas.
Polémica por el polígrafo
La aplicación de las pruebas de confianza, entre ellas el polígrafo y las pruebas socioeconómicas, a los miembros de la Policía Nacional ha abierto una vez más el debate en torno a la legalidad de las mismas.
Rigoberto Espinal Irías, asesor del Ministerio Público, considera que la ley es válida porque no ha sido modificada ni derogada. Sin embargo advirtió que no es legítima porque está contra los valores que inspiran las convenciones de derechos humanos.
“Dichos instrumentos prohíben torturas y esas formas psicológicas que sirven para inducir a las personas a que reconozcan circunstancias que no lo están haciendo con su voluntad”, indicó.
Eduardo Villanueva, titular de la DIECP, opina que las pruebas son “formalmente válidas” porque están comprendidas en las reformas que el Congreso Nacional le hizo a la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
“Las disposiciones de la ley de emergencia para la depuración policial y la de reforma de la Ley de la Policía Nacional que fueron emitidas en el marco formal de la ley fueron atacadas de inconstitucionalidad por personas que consideran que violentan disposiciones constitucionales; sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, al que le corresponde el control de la constitucionalidad de las leyes en nuestro país, no se ha pronunciado en esas circunstancias”, dijo.
Ramón Custodio, comisionado nacional de los Derechos Humanos, opinó que mientras no se expresen con claridad cuáles artículos se violan de la Constitución, las pruebas son legales.
Ver más noticias sobre Honduras
