Tegucigalpa, Honduras.
Las controversiales reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, mediante las cuales se pretendía renovar automáticamente unos 20 contratos de generación renovable quedaron en suspenso, mientras una firma internacional realiza un exhaustivo examen de los mismos para determinar su viabilidad, legalidad y el impacto financiero en las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
La semana anterior, el pleno legislativo aprobó en primero y segundo debate las referidas reformas que daban luz verde a decenas de contratos energéticos que estaban vigentes antes de la aprobación de la Ley de la Industria, contraviniendo lo contenido en dicha legislación que ordena someterlos a procesos de licitación pública internacional para lograr mejores precios en el mercado.
Los cambios no fueron comunicados ni concertados con la Enee ni con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree).
Estos convenios preexistentes representan una oferta adicional de potencia de entre 1,750 y 2,500 megavatios.
La demanda de energía en el país es de 1,500 megavatios y la oferta anda por la misma cantidad, de modo que de aprobarse estos contratos significaría un excedente de generación que la Enee no tendría capacidad de colocar y se vería obligada a pagarlos en detrimento de sus deterioradas finanzas.
Proyectos de cartón
Ricardo Espinoza, presidente de la Cree, reafirmó que esta propuesta de reformas es una amenaza y daña la visión general de la Ley de Industria Eléctrica, y eso se le transmitió a la Comisión Legislativa de Energía con cuyos miembros se reunieron esta semana para abordar el tema.
Además, advirtió que la aprobación automática de los contratos representaría la debacle financiera para la empresa estatal de energía, porque no tendría capacidad de hacerles frente a dichos compromisos y atentaría contra su proceso de modernización y rescate.
La Cree, asimismo, exteriorizó su preocupación por un sinnúmero de proyectos que están en el aire porque comenzaron antes de la entrada en vigor de la ley y que por diferentes razones no pudieron terminar sus trámites o no cumplieron con todos los requisitos.
“Quiérase o no es un cúmulo de proyectos que están en el aire, muchos de ellos son de cartón o de papel, o sea, que no tienen la viabilidad técnica, financiera o legal, muchos son proyectos de especulación o de maletín”, remarcó.
No obstante, Espinoza reconoció que hay muchos proyectos que son viables, pero que no entraron en operación antes de la vigencia de la Ley de la Industria por la burocracia gubernamental.
En función de lo anterior se acordó que sea una firma externa la que haga un diagnóstico, inventario y evaluación de los contratos y que un comité interinstitucional de todos los entes involucrados dé seguimiento al proceso de depuración de los mismos.
Las controversiales reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, mediante las cuales se pretendía renovar automáticamente unos 20 contratos de generación renovable quedaron en suspenso, mientras una firma internacional realiza un exhaustivo examen de los mismos para determinar su viabilidad, legalidad y el impacto financiero en las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
La semana anterior, el pleno legislativo aprobó en primero y segundo debate las referidas reformas que daban luz verde a decenas de contratos energéticos que estaban vigentes antes de la aprobación de la Ley de la Industria, contraviniendo lo contenido en dicha legislación que ordena someterlos a procesos de licitación pública internacional para lograr mejores precios en el mercado.
Los cambios no fueron comunicados ni concertados con la Enee ni con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree).
Estos convenios preexistentes representan una oferta adicional de potencia de entre 1,750 y 2,500 megavatios.
La demanda de energía en el país es de 1,500 megavatios y la oferta anda por la misma cantidad, de modo que de aprobarse estos contratos significaría un excedente de generación que la Enee no tendría capacidad de colocar y se vería obligada a pagarlos en detrimento de sus deterioradas finanzas.
Proyectos de cartón
Ricardo Espinoza, presidente de la Cree, reafirmó que esta propuesta de reformas es una amenaza y daña la visión general de la Ley de Industria Eléctrica, y eso se le transmitió a la Comisión Legislativa de Energía con cuyos miembros se reunieron esta semana para abordar el tema.
Además, advirtió que la aprobación automática de los contratos representaría la debacle financiera para la empresa estatal de energía, porque no tendría capacidad de hacerles frente a dichos compromisos y atentaría contra su proceso de modernización y rescate.
La Cree, asimismo, exteriorizó su preocupación por un sinnúmero de proyectos que están en el aire porque comenzaron antes de la entrada en vigor de la ley y que por diferentes razones no pudieron terminar sus trámites o no cumplieron con todos los requisitos.
“Quiérase o no es un cúmulo de proyectos que están en el aire, muchos de ellos son de cartón o de papel, o sea, que no tienen la viabilidad técnica, financiera o legal, muchos son proyectos de especulación o de maletín”, remarcó.
No obstante, Espinoza reconoció que hay muchos proyectos que son viables, pero que no entraron en operación antes de la vigencia de la Ley de la Industria por la burocracia gubernamental.
En función de lo anterior se acordó que sea una firma externa la que haga un diagnóstico, inventario y evaluación de los contratos y que un comité interinstitucional de todos los entes involucrados dé seguimiento al proceso de depuración de los mismos.
