La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este martes, mediante una cadena nacional de radio y televisión, la creación de una comisión de seguridad agraria.
La mandataria indicó que la decisión de crear la referida comisión se tomó en una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Castro detalló que históricamente la mayoría de las políticas agrarias “han derivado en procesos fracasados, no podemos desconocer las condiciones precarias en que vive el sector rural y agrícola de nuestro país”.
“Se garantiza el acceso a la tierra para los campesinos, mujeres, comunidades indígenas y pueblos originarios, situación, problema y limitantes del acceso a la tierra”, indicó la titular del Ejecutivo en su comparecencia.
CUESTIONAMIENTO
Xiomara Castro señaló que en 2008 se creó el decreto 18, el cual logró disminuir la mora agraria conformada por las solicitudes de tierras presentadas ante el INA, y desde 2010 a la fecha hay una mora agraria de más de mil solicitudes.
La gobernante mencionó que la reforma agraria “es un asunto pendiente, han transcurrido más de 30 años, desde la promulgación de la ley para la modernización y desarrollo del sector agrícola”.
Asimismo, cuestionó que dicha problemática “no permite al Instituto Nacional Agrario (INA) dar respuestas positivas a la demanda de tierras que presentan continuamente las mujeres campesinas, grupos campesinos, comunidades indígenas y pueblos originarios”.
ESCALADA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS
Además, ordenó al Instituto de la Propiedad (IP) y al INA que realicen una “investigación exhaustiva” de las propiedades que tienen carácter legal en sus antecedentes registrales, pero que en su tramitación y adquisición es de ilegitimidad, concediendo prioridad a la revisión de tierras denuncias por los campesinos, apostilló Castro.
Desde 2021, agregó a la mandataria, se ha generado “una escalada en la ocupación de tierras productivas” en Honduras, que ha provocado “inseguridad y anarquía en el acceso a la tierra e impactando negativamente en el desarrollo del agro, la economía nacional y la inversión”.
Destacó que los departamentos de Colón y Atlántida, en el Caribe hondureño, son los “principales polos de conflictividad” sobre la ocupación de tierras por organizaciones campesinas que reclaman “derecho a la tierra, grupos irregulares y, en algunos casos, otros sectores influenciados por el crimen organizado para crear anarquía en el país, y otros no determinados”.
Un total de 36.451 manzanas de tierra (25,415 hectáreas) han sido ocupadas por grupos de personas, lo que ha causado “graves daños” a la producción nacional y la economía, señaló Castro, quien afirmó que las investigaciones demuestran “poca operatividad” en la evacuación de denuncias y emisión, ejecución de órdenes judiciales de desalojo.
