A través de una conferencia de prensa, el alcalde de la Municipalidad de La Unión, Copán, Hugo Alvarado, y los representantes de patronatos de las comunidades de San Miguel, San Andrés y Azacualpa, informaron que mañana miércoles se bloqueará la carretera CA-4 en protesta por el anuncio de cancelación de la actividad minera que “perjudica directamente al municipio”.
Hugo Alvarado aseguró que el municipio se verá afectado si cierra operaciones la empresa Minerales de Occidente, ya que se trata de la principal fuente de empleos y el mayor contribuyente de impuestos y proyección social en la zona.
El edil explicó que la minera, bajo programas de responsabilidad social, paga docentes y médicos. La preocupación en el municipio se generalizó ante el anuncio efectuado por el Gobierno, mediante Mi Ambiente, de cancelar toda actividad extractivista en Honduras.
Por su parte, Fernando Trigueros, presidente del sindicato de trabajadores de Minerales de Occidente, informó que Minosa tiene unos 5,000 empleados directos e indirectos “que estarían quedando en condiciones precarias por falta de empleos”.
“Dónde queda el derecho a la vida, al trabajo”, cuestionó Trigueros, al tiempo que subrayó que “el Gobierno se está basando en lo que dice una organización que no representa al pueblo de La Unión. Están provocando una crisis y nos preocupa esta situación, pedimos que por favor se nos escuche”.
Tanto el edil como los representantes de los patronatos aseveraron que la actividad minera se desarrolla de forma responsable con el ambiente y negaron que sea un área de residencia de pueblos indígenas, ya que se trata de un municipio con actividad minera centenaria.
El gobierno hondureño de Xiomara Castro declaró al país “libre de minería a cielo abierto” y anunció la “cancelación” de las licencias, permisos y concesiones, hecho celebrado el martes por ambientalistas, pero que provocó incertidumbre en la industria.
“Se declara todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto (...) y se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de las licencias ambientales, permisos y concesiones”, dijo el lunes en un comunicado la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.
“Se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista por ser lesivos contra el Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derechos humanos”, añadió.
De acuerdo con la Secretaría, “las áreas naturales de alto valor ecológico serán intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación y beneficios comunes para el pueblo”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras saludó la medida, al considerar que primó “el principio de justicia climática y en protección de los recursos naturales, la salud pública y el acceso al agua como derecho humano”.
Al asumir el poder el 27 de enero, Xiomara Castro anunció que la prohibición de la minería a cielo abierto era uno de sus planes.
Para el asesor de la Asociación Nacional de Mineros de Honduras, Santos Gabino Carvajal, el comunicado del Gobierno es “muy ambiguo” porque “prohíbe hasta la extracción de piedra y arena para la construcción y atenta contra la Ley de Minería”.
“Se trata de hacer una minería que no dañe a las personas y al medio ambiente, pero aquí lo que se hace es prohibir, matar la posibilidad de desarrollo. En Centroamérica, el país que mayor potencial de oro tiene es Honduras”, aseguró.
Carvajal precisó que en Honduras solo hay una minera a cielo abierto operando, que es en San Andrés, departamento de Copán (noroeste), controlada por la multinacional Aura Minerals, que explota y exporta oro; sin embargo, ambientalistas reclaman por una operación de óxido de hierro de la minera Los Pinares, en la jurisdicción de Tocoa (noreste), a la que acusan de dañar una reserva forestal. En 2018, ocho ambientalistas fueron presos tras manifestarse contra esa actividad, pero recién fueron liberados.
“Esperamos que no sólo revoquen las concesiones sino que (las mineras) sean sometidas a la justicia, reparen a las víctimas”, dijo el abogado Víctor Fernández, defensor de los ambientalistas.
En Centroamérica, El Salvador fue el primer país en prohibir la minería metálica en 2018, mientras que Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010
