El gobierno hondureño se declaró este jueves 'preocupado' por las restricciones migratorias y el castigo de hasta 18 meses de cárcel aprobados por la Unión Europea, UE, para los indocumentados que entren en territorio comunitario.
'Es altamente preocupante, se habla de manera preliminar hasta de doce meses de detención para inmigrantes y se considera la migración como un posible delito', declaró en rueda de prensa para abordar el tema el vicecanciller Eduardo Enrique Reina.
Los ministros del Interior de los 27 países de la UE aprobaron la denominada 'Directiva Retorno', que establece reglas comunes de expulsión de los clandestinos. La norma será sometida a discusión por el Europarlamento a mediados de junio.
'Hemos pedido a nuestra embajada en Bruselas, a través del embajador Ramón Custodio, que nos amplíe inmediatamente la información oficial de la aprobación del Parlamento para analizar esta medida', agregó el ministro.
Reina lamentó que la UE tome decisiones contra los inmigrantes 'cuando estamos con la Unión Europea en una negociación de un acuerdo de asociación en que el tema migratorio es precisamente para Centroamérica uno de los temas principales'.
La UE y Centroamérica iniciaron en octubre la negociación del Acuerdo de Asociación, que contiene tres capítulos, comercio, política y cooperación. La negociación proseguirá a partir del 14 de julio en Bruselas.
Reina recordó que la UE 'ha sido una región que ha promovido los derechos humanos en el mundo y cuando América Latina ha sido una región de puertas abiertas a las migraciones europeas, sobre todo cuando la Unión Europea vivía crisis, guerras o bien conflictos'.
El viceministro hondureño manifestó que 'seguramente' Centroamérica fijará una posición en las reuniones preparatorias de la próxima cumbre con la UE.
Más de 1,1 millones de hondureños ha emigrado al exterior, casi 900.000 a Estados Unidos, mientras que España es el segundo destino.
Primera actualización a las 11.22 am de hoy jueves (17.22 GMT)
Inmigrantes preocupados por reforma migratoria en España
Francis González lleva nueve meses en España y tiene miedo de salir a la calle. Teme que el endurecimiento de las sanciones contra la inmigración ilegal aprobado por la Unión Europea conduzcan irremediablemente a su deportación.
'Apenas me muevo de casa. No quiero que un policía pueda pedirme los documentos legales de trabajo, que no tengo', cuenta.
González es una nicaragüense de 30 años que dijo haber dejado su trabajo como profesora universitaria y venido a España para tratar de ampliar sus estudios como licenciada en ingeniería agronóma. Pero la suerte le fue esquiva.
No encontró un empleo relacionado con su profesión y se quedó en el país ilegalmente, trabajando en el servicio doméstico, sin contrato, sin cobertura sanitaria y sin el amparo de la ley.
'Hay gente que viene a delinquir y estoy de acuerdo con que se les expulse. Lo que no pueden es agarrar a la gente en masa y echarla, sin conceder una sola oportunidad', comenta.
Las nuevas normas europeas prevén hasta 18 meses de retención para una persona sin papeles mientras se tramita su repatriación, la posibilidad de retener a menores no acompañados como último recurso y la prohibición de volver a pisar territorio europeo durante cinco años a cualquier deportado.
El gobierno español insiste en que nada va a cambiar y en que no se van a multiplicar las expulsiones ni la policía va a perseguir a los inmigrantes.
'No entiendo las críticas que he leído sobre supuestas violaciones de los derechos humanos. Esta directiva, como la ley española, es garantista y define la inmigración como un fenómeno positivo', dice Diego López Garrido, secretario de estado para la UE del gobierno español.
Garantista, según López Garrido, porque obliga a los 27 países del bloque a prestar asistencia jurídica a los inmigrantes durante el tiempo que se prolongue su retención.
'Es un acuerdo muy importante, porque había países de la UE que ni ofrecían supervisión judicial ni contaban con un periodo máximo de internamiento para estas personas que llegan sin contrato de trabajo', señala López Garrido.
En España, la ley estipula que un inmigrante ilegal sólo puede estar retenido 40 días y el gobierno ha dicho que no hará uso del derecho a mantener detenido a un indocumentado hasta 18 meses, como contemplan las nuevas normas. El ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó la semana pasada que el gobierno español sólo se plantearía ampliar el periodo de retención a 60 días como máximo.
'La única modificación de la directiva que afecta a la legislación española vigente es la prohibición de regresar a Europa durante cinco años', señala López Garrido.
La presidenta de la Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos, Aicode, Elvyra Pabón, colombiana que asesora a indocumentados, no acepta ese argumento y sostienen que no hay garantía alguna de que los españoles no retendrán más de 60 días a un indocumentado.
'Dicen que no cambia nada, pero pasar de 40 días a 18 meses de internamiento me pone la carne de gallina', afirma con vehemencia. 'Lo llaman retención, pero la realidad es que están encerrados como delincuentes'.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega reiteró el jueves el compromiso de que no se retendrá a las personas más de 60 días, pero al mismo tiempo dijo que era 'necesario hacer algunos ajustes' a las leyes españolas con el objetivo de alentar el retorno de los inmigrantes sin trabajo, tengan papeles o no.
El proyecto del gobierno pretende incentivar el regreso de los desocupados que están legalmente en el país adelantando parte del pago del subsidio por desempleo que les corresponda. Las personas que se acojan a este programa cobrarían un 40% del subsidio en España y un 60% en sus países.
La iniciativa obedece a que España encara una fuerte desaceleración de su economía y ha aumentado el número de desocupados que cobran seguro de desempleo, especialmente entre los inmigrantes.
El gobierno español cree que unos 20.000 extranjeros podrían acogerse a estas medidas.
La vicepresidenta Fernández de la Vega dijo que el gobierno se propone además restringir la concesión de permisos de residencia por reagrupación familiar. Sólo el cónyuge y los hijos menores de 18 años del inmigrante podrán beneficiarse de esta figura en el futuro.
Javier González es ecuatoriano y, a sus 41 años, ya sabe lo que es ser deportado. Emigró hace ocho años a Estados Unidos y fue expulsado. Decidió probar suerte en España y, tras dos años con trabajos más o menos estables, la crisis económica le ha pasado factura. Ahora está desempleado y se siente perseguido.
'No tengo la residencia legal y para ir a la cárcel, prefiero volver a mi país', reconoce el sudamericano, quien no tiene parentesco alguno con Francis González.
Las medidas son bastante resistidas en Latinoamérica y Africa, de donde salen también muchos emigrantes hacia España. Cuarenta y cuatro países de esas dos regiones enviaron una carta a Bruselas para condenar la ley europea.
Sin embargo, la UE no acaba de entender los recelos humanitarios y cree que el problema es más bien económico.
'Está preocupados porque si los inmigrantes regresan a Latinoamérica se va a perder mucho dinero. En algunos países, las remesas económicas que envían los inmigrantes son un parte muy importante de su producto interior bruto', dijo a la AP un diplomático de la UE que pidió no ser identificado porque no quiere herir sensibilidades.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los inmigrantes latinoamericanos y caribeños enviaron desde Europa unos 16.000 millones de dólares a sus países de origen en 2007. Algo menos de la mitad de esas remesas procedían desde España.
De los 27 socios comunitarios, España es el principal receptor de emigrantes latinoamericanos. Más de un millón residen de forma legal, según cifras oficiales del gobierno, y organismos no gubernamentales como AICODE calculan que unos 700.000 se encuentran de forma irregular. En toda la UE, se estima que hay más de tres millones de personas procedentes de América Latina. Algo más de dos millones de inmigrantes regulares, según datos de Eurostat, y un millón de indocumentados. No hay datos acerca de qué porcentaje de las remeses los envían indocumentados.
Pabón opina que la inmigración bien regulada y con contratos de trabajo sigue siendo necesaria.
'Latinoamérica abrió las puertas a Europa sin problemas cuando lo necesitó. Sólo esperamos que se responda de la misma manera', expresó.
Nota del día
Los “sin papeles” podrían estar detenidos hasta 18 meses y se les prohibirá el ingreso por cinco años
Europa se pone de acuerdo para expulsar a los ilegales
El Europarlamento aprobó ayer la polémica ley de expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea, UE, que establece un periodo de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa.
El texto, resultado de un compromiso entre la Eurocámara y los 27 Estados miembros de la UE, fue aprobado por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones gracias a una alianza entre conservadores, liberales y euroescépticos y las divisiones del grupo socialista. La denominada 'Directiva Retorno' armoniza las reglas de expulsión de los clandestinos hallados en territorio europeo, con una detención máxima de 18 meses para quienes no quieran partir por propia iniciativa y una prohibición de cinco años de regresar a la UE.
Criticada por El Vaticano, la izquierda y organizaciones de defensa de los derechos humanos, la ley no prohíbe además la expulsión de menores.
España, con 40 días, es junto con Francia y Chipre uno de los países en los que el período de retención es más corto para los ilegales; ese plazo supera los 6 meses en Hungría, Bélgica o Polonia, alcanza los 18 meses en Alemania y ni siquiera tiene límites en el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda u Holanda.
Principales aspectos
País de retorno:
•El texto plantea el principio de 'retorno' de todo extranjero en situación irregular hacia su país de origen, hacia un país de tránsito con el cual se hayan celebrado acuerdos o hacia otro país al cual el implicado quiera regresar, siempre y cuando sea admitido.
Retorno voluntario:
• Para el 'sin papeles' se acordará un plazo de 7 a 30 días para su 'retorno voluntario', que puede ser ampliado en forma 'apropiada' en función de las circunstancias de niños escolarizados, otros vínculos familiares y sociales.
La detención:
• Se decide en caso de 'riesgo de fuga' o si el 'sin papeles' se niega a ser expulsado.
El texto garantiza a las ong acceso a los centros de retención, la posibilidad de recurso efectivo contra la decisión de expulsión y el derecho del clandestino a asistencia jurídica.
Duración de la detención:
• La duración máxima de retención es de seis meses, pero puede ser prolongada hasta 18 meses en caso de 'falta de cooperación' del clandestino o retrasos para obtener los documentos necesarios de los países terceros.
Más allá de los 18 meses, cuando la expulsión parezca imposible, el clandestino recupera su libertad. Actualmente, la duración de la retención es ilimitada en siete países europeos (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Holanda y el Reino Unido). Los países con disposiciones más favorables como Francia -32 días de retención máxima- no están obligados a alinearse.
Sin embargo, el texto no cambiará nada en las legislaciones en vigencia en Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca, ya que esos tres países gozan de exenciones en las áreas de Justicia e Interior.
Prohibición de entrada:
•Una expulsión será seguida de una prohibición de entrada de cinco años, incluso más en caso de 'amenaza grave' para el orden y la seguridad, aseguraron las autoridades.
Menores y familia:
•Los menores no acompañados y las familias con menores son colocados en retención especial. El texto garantiza 'el acceso a la educación' de los menores y pide a los Estados miembros tomar en cuenta 'el interés superior del niño'.
Pero autoriza la expulsión de menores no acompañados a países en los que no tengan ni tutor ni familia a condición de que haya en ellos 'estructuras de recepción adecuadas'.
Las cifras
55,938 extranjeros
Fueron expulsados de España el año pasado debido a la política de inmigración del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
20 mil trabajadores extranjeros
Podrían beneficiarse del plan de regreso voluntario para los inmigrantes que está poniendo en marcha el Gobierno.
9 centros
De internamiento de extranjeros hay en España, donde inmigrantes en situación irregular pueden estar retenidos un máximo de 40 días.
Centros de detención parecen más una cárcel.
Madrid. España es uno de los países europeos que cuentan con uno de los plazos más cortos de detención de inmigrantes ilegales en espera de su expulsión, pero sus centros se parecen más bien a una cárcel aunque no tienen carácter penitenciario.
Llegan más de 150 inmigrantes clandestinos
Islas Canarias. Más de 150 inmigrantes clandestinos africanos llegaron ayer al archipiélago de Las Canarias en tres pequeños botes pesqueros, informó la Cruz Roja local.
Estas llegadas elevan a 262 inmigrantes clandestinos esta semana.
