Sara Zavala, precandidata a diputada por el Movimiento de Nasry Asfura, del partido Nacional, solicitó al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) medidas de protección para garantizar su integridad física y la de su familia.
La política afirmó ser blanco de ataques insultantes y denigrantes a través de redes sociales, además de haber sufrido una agresión física el pasado 18 de noviembre.
En declaraciones a la prensa, Zavala manifestó su preocupación por la inseguridad que enfrenta su familia, especialmente sus hijos. “Se han vulnerado nuestros derechos fundamentales a la seguridad. Mis hijos han sido víctimas de ataques de todo tipo, y eso no se debe permitir”, enfatizó.
La precandidata instó a activar mecanismos para salvaguardar sus vidas y las de todos los hondureños en un país marcado por altos índices de violencia.
El incidente que llevó a Zavala a tomar estas acciones ocurrió durante la presentación de planillas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando un sujeto le lanzó un cono de tránsito, impactándola en el rostro.
“Este hecho violento no solo me expone como figura pública, sino que pone en riesgo a mi familia”, declaró Zavala, quien también ha sido blanco de mensajes violentos en redes sociales.
Zavala expresó su esperanza de que el Conadeh continúe con las diligencias necesarias para garantizar derechos fundamentales, como la vida y la integridad personal. Además, pidió a las autoridades que identifiquen y procesen al agresor para evitar que el caso quede en la impunidad.
En un llamado a la reflexión, la precandidata destacó la necesidad de que las autoridades electorales implementen mecanismos que aseguren un proceso democrático en paz y tranquilidad.
“El pueblo hondureño demanda elecciones libres de violencia. Necesitamos garantías para participar en igualdad de condiciones, sin miedo a represalias”, declaró.
El Conadeh, por su parte, condenó los actos de violencia contra mujeres y otros grupos históricamente subrepresentados en la política. Además, instó a los partidos políticos a evitar actos ilícitos que alteren el orden público o perturben el funcionamiento de las instituciones estatales.