A través de un comunicado, la Procuradoría comunicó que, en el marco del respeto al debido proceso y la legalidad, y en vista del recurso de impugnación presentado por Juan Orlando Hernández, queda sin efecto el oficio dirigido ayer al fiscal general Óscar Chinchilla.
Asimismo, ratificaron que reconocen la independencia y el monopolio del ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público y reafirmaron “el irreductible compromiso de la presentación legal del Estado con la defensa decidida del interés nacional y la justicia”.
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Este jueves, Manuel Antonio Díaz Galeas, procurador general, firmó una solicitud destinada al fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, como primera medida del Estado en contra de Hernández.
La PGR subrayó en el oficio la aplicación de los artículos de la Ley de Privación de Dominio hondureña, que abrirían un procedimiento de aseguramiento e incautación de los bienes del exmandatario.
”Le insto que proceda de manera inmediata a solicitar ante el órgano jurisdiccional competente medidas de aseguramiento e incautación de todos los bienes que posea a su nombre el ciudadano Juan Orlando Hernández, esto en razón de la solicitud de extradición autorizada en fecha 16 de marzo de 2022 por juez natural nombrado de la Corte Suprema de Justicia”, refería el documento de la PGR que ahora queda sin efecto hasta que no se evacue el recurso de impugnación.
