A San Pedro Sula y 16 municipios más de la Región Metropolitana del Valle de Sula los escogieron para un proyecto de prevención debido a su vulnerabilidad ante el crimen.
Diez años después y con un préstamo de $22 millones, el proyecto de Paz y Convivencia no ha podido revertir los índices de criminalidad y sus frutos son casi imperceptibles para una zona que convierte al país en uno de los más violentos del mundo.
El proyecto, que se gestó en la administración de Roberto Larios Silva en 1998, dio sus pininos en 2001 con el lanzamiento de la propuesta “Ciudadanos por la Paz y la Convivencia” que recibió su capital semilla de $50 mil de la embajada de Inglaterra. Allí en ese evento, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) se comprometió a apoyar el proyecto.
Ese respaldo se concretó en la administración de Óscar Kilgore, cuando el BID aprobó el préstamo de 20 millones de dólares con una contraparte municipal de $2 millones.
El programa ha pasado por siete directores en cuatro administraciones municipales y 10 años después de los primeros desembolsos se observan solo algunos logros.
Hay casas de la cultura, bibliotecas semivirtuales y canchas construidas; también un observatorio de la violencia que no es referencia en el país; sin embargo, el atraso y letargo en cumplir a cabalidad los componentes del diseño original hicieron que el plan se volviera obsoleto y los resultados minúsculos frente a la realidad que vive el país.
El Proyecto de Paz y Convivencia pensado para prevenir el crimen y la violencia deja una estela de frustración en algunos sectores y esperanzas en otros. Cuando nació el programa, la tasa de homicidios en Honduras era de 60 por cada 100,000 habitantes, arriba de la tasa promedio de Latinoamérica que entonces era de 40. Al finalizar el programa de los $22 millones previstos para invertir en prevención de la violencia solo se ejecutaron $13.4 millones; el resto nunca fue desembolsado al proyecto, pero sí al gobierno de Manuel Zelaya, quien tomó los restantes $8.6 millones supuestamente para destinarlos a emergencias por inundaciones.
Cifras frías
La Región del Valle de Sula era en 1998 una de las zonas más afectadas por la criminalidad. En la actualidad es mayor y una tasa promedio de 107 homicidios por cada 100,000 habitantes es muestra obvia.
Como la región más industrializada de Honduras, el Valle de Sula aportaba cuando se concibió el proyecto el 55% del producto interno bruto del país.
Su población era de 1.3 millones de habitantes y ha crecido a una tasa promedio del 5% anual debido a la inmigración interna.
Según estudios realizados, en el Valle de Sula la mayoría de los delitos violentos los cometían varones entre 15 y 30 años de edad. Casi 86% de las víctimas eran hombres jóvenes y además se estimó que unos 8,000 jóvenes ya eran pandilleros.
Esos fueron los datos que se utilizaron para lograr que el proyecto llegara a San Pedro Sula, Puerto Cortés, La Lima, Villanueva, Choloma, Omoa, Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, Pimienta, San Manuel, San Antonio, San Francisco de Yojoa en Cortés; en Yoro, El Progreso, Santa Rita y El Negrito; y en Santa Bárbara, Petoa y Quimistán.
Desde ese momento la percepción generalizada de la opinión pública en la región era no solo que el problema era serio, sino que se agravaba y urgía implementar un programa de Paz y Convivencia con un enfoque integral y preventivo.
Hoy, y cuando ya están a punto de cumplirse los 10 años de gracia que otorga el BID para el pago del préstamo, Cortés sigue siendo el departamento con el mayor número de muertes violentas en Honduras.
El departamento cuenta con 12 municipios, de los cuales tres superan la tasa nacional y departamental de homicidios por cada 100,000 habitantes: San Pedro Sula con 166.4; La Lima con 162 y San Francisco de Yojoa con 149.
Curiosamente, de esos solo San Pedro Sula era altamente vulnerable cuando se concibió el proyecto.
Desfases y ampliaciones
El objetivo principal del proyecto era mejorar los niveles de paz, convivencia y seguridad ciudadana en las 17 municipalidades, apoyando la reducción de los índices de inseguridad y violencia de los jóvenes de 12 a 25 años, mediante acciones integrales de prevención y fortalecimiento de las municipalidades, e instituciones de seguridad, protección de los jóvenes y promoción del desarrollo humano.
El proyecto en función de su diseño original debía tardarse cuatro años en ejecutarse, pero se pidieron plazos de ampliación y de cuatro se extendió a 12 años.
Paz y Convivencia finalizó en agosto de 2012 bajo la dirección de Gustavo Valenzuela, un médico veterinario que asegura que logró el 52 % de los objetivos en 14 meses con el 30% del presupuesto.
Valenzuela aún sigue al frente de la oficina y según él dependerá directamente de la Municipalidad de San Pedro Sula. La capital industrial fue el único municipio que puso contraparte de dos millones de dólares y una de las obras más grandes es la puesta en marcha del SISC (Sistema Integrado de Información de Seguridad Ciudadana) más conocido como el Observatorio del Delito.
Esa obra fue diseñada para concentrar la información estadística del SISC y de otras fuentes de datos, procesar, analizar y producir informes y estudios sobre la evolución de la situación y percepción ciudadana de la violencia en la región.
Se trabajaría estrechamente con la Dirección de Estadística Municipal y reforzaría técnicamente con el proyecto para darle soporte logístico e informático y se establecería un convenio con una Universidad u ONG con experiencia en el tema de seguridad o afines, para realizar análisis y estudios sobre las estadísticas de seguridad. Nada se cumplió.
Esa obra costó 25 millones de lempiras y se inauguró en la administración de Rodolfo Padilla Sunseri.
Una esperanza
“Me di cuenta que no bastaba fortalecer a la Policía, darle más recursos materiales, coordinar juntos operativos, emitir ordenanzas para regular horarios de expendio de bebidas o prohibir el uso de pólvora. Había que trabajar en la protección de la niñez y la juventud y velar por la integración familiar y promover una nueva cultura hacia la tolerancia la paz y la equidad”, cuenta el exalcalde Roberto Larios, precursor del programa que sería piloto en el país y en América Latina. Ese sueño no fue posible hacerlo realidad.
El exalcalde considera que no se llenaron las expectativas, pero con lo poco logrado puede optarse por un programa similar si las autoridades aún están interesadas en la prevención.
Millonaria inversión
Los $22.2 millones del proyecto se financiaron con un préstamo de $20.0 millones, 90% con recursos del FOE ( Fondo para Operaciones) y una contrapartida nacional equivalente a $2.2 millones que significó el 10%. El préstamo del BID se otorgó con un plazo de amortización de 40 años y un período de gracia de 10 años.
El préstamo llevaría una tasa de interés de 1% durante los primeros 10 años y del 2% por el restante período, con una comisión de crédito de 0.50%, y una comisión de inspección y vigilancia del 1% del monto del préstamo. Según documentación del BID, el prestatario es el Gobierno de Honduras y el ejecutor la Municipalidad, la cual ejecutó el proyecto a través de la oficina de Paz y Convivencia Ciudadana.
La creación y el reglamento de la OPC (Oficina de Paz y Convivencia) fueron aprobados por la Corporación Municipal, en su sesión ordinaria celebrada el 14 de enero de 2003.
La Oficina de Paz y Convivencia tuvo como responsabilidad la coordinación, administración, procedimientos de licitación, supervisión y control del proyecto.
Hasta la fecha, la Corporación Municipal sampedrana no ha recibido el finiquito del proyecto ni detalles de las obras con las que fue beneficiada la ciudad pese a que el proyecto cerró en agosto y lo que sigue es darles seguimiento a las obras en todas las alcaldías.
“No se logró lo pensado”: Argentina Valle
San Pedro Sula. Argentina Valle, primera directora del programa y una de las que diseñó el proyecto, recuerda cuál era la concepción original del proyecto.
“Cuando empezamos a soñar hablamos con los jóvenes del Valle de Sula y ellos pedían capacitaciones en resolución pacífica de conflictos porque empezaban las pandillas y porque era una forma de manifestar la problemática que estaban viviendo. Nadie se imaginaba que los mismos jóvenes se expresarían de esa forma, por lo que se empezó a diseñar el proyecto con base en esas necesidades”.
La abogada recuerda que el proyecto original de Paz y Convivencia tenía cinco componentes.
“Había uno fundamental: el de comunicación social, el que no se cumpliera provocó que la gente no se apropiara del programa y no lo sintiera como suyo, por ello no se volvió auditor social.
Otro de los componentes era la prevención terciaria dirigida a niños y jóvenes que están en programas de detención de menores. Esa parte comprendía también la atención en los centros penales, ese era el quinto componente. No se logró”.
Se buscaba que los proyectos surgieran de las comunidades y así se priorizarían las obras; además, el componente de deportes no era solo construir las canchas, sino preparar a la comunidad para que se apropiara de la cancha, la sostuviera y la cuidara como un centro de integración social y así los jóvenes empezaran a respetar las reglas jugando, afirmó la experta. “Siento que no se logró lo pensado”, dijo la abogada.
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