Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, negoció con Estados Unidos la nacionalización de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, a cambio de reducir el embargo económico y sanciones contra su gobierno, según Ramón Barrios, diputado del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).
Barrios preside la Comisión de Extradición surgida en el Congreso Nacional y que se ha encargado, en los últimos meses, de evaluar casos pendientes relacionados a la temática.
El parlamentario por Cortés es del criterio que Juan Orlando Hernández, días antes de vacar su cargo, intentó cruzar hacia Nicaragua a través del punto fronterizo de Las Manos, en el oriente hondureño. Sin embargo, su intento habría sido frustrado cuando se percató de la presencia de un comando de agentes de Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés).
“Llegó a la frontera de Las Manos, quiso entrar a Nicaragua, pero ya había un comando de la DEA vigilándolo y él quiso entrar y el comando le dijo que escogiera la forma en que se lo iban a llevar a Estados Unidos, si en ese momento o que esperara la extradición”, expuso Barrios.
Remarcó que “Daniel Ortega ya había negociado con Estados Unidos algunas rebajas en el embargo que tiene Nicaragua, para no permitirle a Juan Orlando Hernández que entrara y solicitara la nacionalidad nicaragüense”.
El expresidente de Honduras podría enfrentar en juicio tres cargos relacionados al tráfico de drogas a gran escala. Estados Unidos lo acusa de traficar incluso mientras fungía como mandatario, así como conspirar con otros capos.
ÉXODO DE EXFUNCIONARIOS
Ebal Díaz, ministro de la Presidencia en la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), y Ricardo Cardona, exsecretario privado de Hernández, recibieron la nacionalidad nicaragüense por naturalización durante la última semana, otorgada con la venia de Daniel Ortega.
Sobre Ebal Díaz existen al menos dos procesos investigativos pendientes en el Ministerio Público. La primera investigación está en manos de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) y se trata del mal manejo del denominado proyecto de Residencias Morazán y Reasentamiento de pobladores de Lomas del Diamante.
La segunda investigación está en poder de la Unidad Especializada contra Delitos Electorales, la que indaga un presunto fraude electoral tras los comicios del 27 de noviembre de 2021.
Los fiscales detectaron una serie de anomalías en cuadernillos en la que se adulteraron cifras a favor de Díaz, que aspiraba a convertirse en diputado. En este caso, Díaz fue a declarar en calidad de investigado ante los fiscales.
Tratado Que Díaz y Cardona se hayan nacionalizado nicaragüenses no los salva del todo de la justicia, esto por la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, de la que son parte Honduras, Nicaragua, Estados Unidos y otros países de istmo.
El excanciller Milton Jiménez Puerto explicó que de estar vigente la convención, esta se puede aplicar hasta que el MP realice acciones concretas por imputación de delitos hacia los exfuncionarios. Graco Pérez, experto en derecho internacional, consideró que hay varios puntos a considerar, en primer lugar, que Nicaragua tiene un Gobierno que no es democrático.
Otro aspecto es que Díaz y Cardona están en Nicaragua, y la Constitución de ese país en el artículo 43 establece que sus ciudadanos no podrán ser objeto de extradición; además, la misma convención dice que esta no aplica para delitos políticos, y se pueden amparar en eso.
