Dos relatores enviará a Honduras la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, OACDH, para que elaboren un informe sobre la situación de los derechos humanos y el acceso a la educación.
El embajador de Honduras en Ginebra, Roberto Flores Bermúdez, confirmó el arribo del oficial de derechos humanos en los próximos días, en respuesta a una petición que hizo el presidente Porfirio Lobo al organismo internacional.
“El presidente Lobo ha formulado la invitación para mostrar la apertura de su Gobierno en este campo (derechos humanos)”, indicó Bermúdez.
La visita de este delegado de Naciones Unidas se hace en el marco del procedimiento especial que existe para que OACDH mande relatores a conocer cómo funciona la política de derechos humanos en un país y los resultados de la misma.
El informe que elabora el relator no es acusatorio, sino que se convierte en un expediente que se manda al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para, en caso de ser necesario, formular recomendaciones, sugerencias o peticiones.
Los relatores son instancias de apoyo de la OACDH para conocer de cerca el ambiente sobre respeto a la equidad de género, libertad de prensa, derechos humanos y otros que existen en los países.
Policía Nacional
El diplomático dijo que los casos de abusos y crímenes cometidos por elementos de la Policía Nacional y lo que ha hecho el Gobierno para frenarlos serán parte de los fenómenos sobre derechos humanos que el relator indagará. También será parte del informe el nivel de impunidad de los crímenes contra periodistas y miembros de la comunidad homosexual.
“En el fondo las circunstancias que hay en el país serían parte de lo que observarían los relatores especiales”, remarcó el embajador Flores.
En los dos años del gobierno del presidente Lobo se han registrado 17 asesinatos contra comunicadores y al menos 25 homosexuales sin que los mismos hayan sido esclarecidos.
Educación
El embajador también anunció que está pendiente la confirmación de la llegada al país de un relator en materia de educación. Su misión será verificar el nivel de acceso a clases que tienen los alumnos y qué factores repercuten para que este derecho se violente por los continuos paros de labores de los profesores.
Organizaciones de padres de familia aseguran que en 2001 se impartieron solo 140 días de clases de los 200 programados en el sector público; aunque la Secretaría de Educación asegura que en general la pérdida solo fue de 13 días.
