Posiciones contradictorias que persisten entre el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y los operadores privados están sembrando con espinas el camino para la discusión y aprobación de la nueva Ley marco de telecomunicaciones, en su nueva versión.
La pugna por el control de Conatel vuelve a ser la polémica debido a que el CN insiste en quitarle al Ejecutivo la atribución de nombrar a los miembros del ente regulador.
Dirigentes de la empresa privada advierten que en la nueva propuesta de ley no existe la garantía jurídica para atraer inversiones y que, además, se impone un tributo de un cuatro por ciento sobre los ingresos brutos mensuales de las operadoras privadas contrariando la decisión adoptada en un consenso preliminar que definió un aporte de 1.25 por ciento.
Se ha denunciado que hay sectores del Poder Ejecutivo que tienen vínculos con empresas de telecomunicaciones, interesados en atrasar esta ley.
Se rompen reuniones
El presidente de Conatel, Rasel Tomé, convocó ayer a una reunión al sector privado y a los diputados de la comisión de telecomunicaciones para iniciar el consenso del proyecto remitido en su nueva versión, pero se suspendió al enterarse que los diputados no darán marcha atrás en su proposición.
Tomé justificó que “el Poder Ejecutivo decidió no continuar desarrollando estas reuniones si no se respeta la Constitución de la República, en donde se le atribuye al presidente de la República la facultad de nombrar a los miembros de Conatel”.
Según Tomé, el CN pretende controlar la radiodifusión, la telefonía y la televisión, otorgando las concesiones y licencias de operación.
El diputado Marvin Ponce lamentó que el Ejecutivo haya cambiado radicalmente el dictamen consensuado.
Curiosamente, dijo, cuando la Cámara se aprestaba a aprobar el dictamen en su tercer y último debate, el ministro de la Presidencia, Yani Rosenthal, solicitó que le devolvieran el proyecto para darle una revisión y emitir opiniones al respecto, pero lo que hizo fue redactar un nuevo proyecto con una serie de contradicciones.
Ley mordaza
Diputados liberales y nacionalistas rechazaron tajantemente ayer la intención del presidente Zelaya de regular vía decreto legislativo la cobertura de la nota roja por parte de los medios de comunicación, especialmente los periódicos.
El delegado de la Sociedad Interamericana de Prensa en Honduras, SIP, Edgardo Dumas Rodríguez, se reunió ayer con Roberto Micheletti, sin que trascendiera el motivo de la entrevista.
