Tegucigalpa, Honduras.
La Corte Suprema de Justicia nombró al magistrado Reinaldo Antonio Hernández como juez natural del proceso judicial sobre el supuesto desvío de 21.1 millones de lempiras por medio de la oenegé Asociación Planeta Verde, en el que están 21 personas acusadas, entre diputados, exdiputados y sus familiares.
Este caso fue denominado “Arca Abierta” por la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic), que presentó el requerimiento fiscal el martes pasado en la Corte.
De igual manera, se seleccionaron como juez de la Corte de Apelaciones Natural a los magistrados Wilfredo Méndez Romero, Miguel Alberto Pineda Valle y Rafael Bustillo Romero.
La designación de estos togados fue confirmada por el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte.
La Corte inicia este lunes 16 de diciembre un feriado de dos semanas, pero podría programar la audiencia de declaración de imputado dentro de ese período o, en su defecto, hasta el próximo año cuando concluya el asueto en enero.
Imputados
Los acusados por malversación de caudales públicos son cinco diputados nacionalistas: Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez (excomisionado presidencial de la Vivienda), Welsy Milena Vásquez y Milton de Jesús Puerto.
También se procesaron a seis exdiputados nacionalistas: Carlos Humberto Bonilla, Óscar Arturo Álvarez (exministro de Seguridad), Hernán Enrique Vindel, Audelia Rodríguez (Libre), Edwin Roberto Pavón (Unificación Democrática) y Fabricio Puerto Oseguera.
En el requerimiento se incluyó a Gregorio Alberto González, representante legal de la Asociación Planeta Verde.
Por cómplices de malversación de caudales públicos fueron procesados Arnold Gustavo Castro Hernández y Ana Lucía Castro López, esposo e hija de la diputada Gladis Aurora López.
Por el mismo delito fue acusada Yajaira Lisbeth Talbbott, exesposa del parlamentario Edwin Pavón.
La lista de imputados por complicidad la completan Estela Lisseth Hernández, José Alejandro Flores, Indira Virginia Osorio, Iveth Salomé Navas, Geovany Castellanos Deras y Allan Arony San Martín.
Según el requerimiento fiscal, los diputados y exdiputados solicitaron los L21 millones a la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas para realizar proyectos sociales a través de la Asociación Planeta Verde en 2015.
Los fondos fueron desembolsados en tres meses, pero según la acusación, el dinero fue destinado para gastos personales de los funcionarios y sus familiares.
La Casa Presidencial transfirió 2 millones; el Congreso Nacional L3 millones y la Secretaría de Finanzas L16.1 millones. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) participó como asesor de la Ufecic en la investigación de este caso.
La Corte Suprema de Justicia nombró al magistrado Reinaldo Antonio Hernández como juez natural del proceso judicial sobre el supuesto desvío de 21.1 millones de lempiras por medio de la oenegé Asociación Planeta Verde, en el que están 21 personas acusadas, entre diputados, exdiputados y sus familiares.
Este caso fue denominado “Arca Abierta” por la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic), que presentó el requerimiento fiscal el martes pasado en la Corte.
De igual manera, se seleccionaron como juez de la Corte de Apelaciones Natural a los magistrados Wilfredo Méndez Romero, Miguel Alberto Pineda Valle y Rafael Bustillo Romero.
La designación de estos togados fue confirmada por el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte.
La Corte inicia este lunes 16 de diciembre un feriado de dos semanas, pero podría programar la audiencia de declaración de imputado dentro de ese período o, en su defecto, hasta el próximo año cuando concluya el asueto en enero.
Imputados
Los acusados por malversación de caudales públicos son cinco diputados nacionalistas: Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez (excomisionado presidencial de la Vivienda), Welsy Milena Vásquez y Milton de Jesús Puerto.
También se procesaron a seis exdiputados nacionalistas: Carlos Humberto Bonilla, Óscar Arturo Álvarez (exministro de Seguridad), Hernán Enrique Vindel, Audelia Rodríguez (Libre), Edwin Roberto Pavón (Unificación Democrática) y Fabricio Puerto Oseguera.
En el requerimiento se incluyó a Gregorio Alberto González, representante legal de la Asociación Planeta Verde.
Por cómplices de malversación de caudales públicos fueron procesados Arnold Gustavo Castro Hernández y Ana Lucía Castro López, esposo e hija de la diputada Gladis Aurora López.
Por el mismo delito fue acusada Yajaira Lisbeth Talbbott, exesposa del parlamentario Edwin Pavón.
La lista de imputados por complicidad la completan Estela Lisseth Hernández, José Alejandro Flores, Indira Virginia Osorio, Iveth Salomé Navas, Geovany Castellanos Deras y Allan Arony San Martín.
Según el requerimiento fiscal, los diputados y exdiputados solicitaron los L21 millones a la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas para realizar proyectos sociales a través de la Asociación Planeta Verde en 2015.
Los fondos fueron desembolsados en tres meses, pero según la acusación, el dinero fue destinado para gastos personales de los funcionarios y sus familiares.
La Casa Presidencial transfirió 2 millones; el Congreso Nacional L3 millones y la Secretaría de Finanzas L16.1 millones. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) participó como asesor de la Ufecic en la investigación de este caso.
