San Pedro Sula, Honduras.
Construir las plantas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad es una urgencia, pero las acciones son pocas con el argumento que resultaría demasiado caro.
La administración anterior es la única que ha hecho algo con la compra de terrenos para construir las plantas y entregarlas a la concesionaria Aguas de San Pedro. Por el momento, los sampedranos tendrán que vivir en medio de la hediondez y la contaminación.
La ingeniera Diana Betancourt, experta en saneamiento ambiental, dice que varios municipios en la cuenca de Chamelecón han hecho importantes esfuerzos en el tratamiento de sus aguas residuales, pero San Pedro Sula que aporta más del 80% de contaminación se ha quedado en el rezago, ya que la ciudad no trata ni siquiera el 1% de sus aguas residuales.
La especialista dice que la autoridad municipal ambiental aplica la legislación ambiental al sector privado y hay algunas industrias que sí han invertido en el tratamiento de sus aguas residuales.
15 años de rezago
Recordó que en 2001, la Municipalidad justificó el concesionamiento de los servicios de agua y saneamiento con el argumento de que el consorcio venía con fondos frescos para invertir en el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad.
Han pasado 15 años, la mitad del período de la concesión, la ciudad sigue creciendo y produciendo más aguas contaminadas sin ningún tratamiento.
A su juicio, la responsabilidad de no ejecutar esta inversión es compartida por la Municipalidad y la empresa concesionaria.
“La Municipalidad, por su parte, aceptó un contrato de concesión que no favorecía a la ciudad; y por otro lado, la empresa concesionaria se acomodó por años esperando que la ciudad comprara los terrenos para la instalación de las obras de tratamiento, acción que finalmente se concretó en 2014”, dijo.
Un estudio de tarifas para alcantarillado sanitario realizada por Inecon en 2012 indicó que la inversión requerida para la instalación de redes de alcantarillado, macrocolectores y plantas de tratamiento es de 181 millones de dólares (solo las plantas implican el 70% de la inversión).
E l costo promedio de la operación de las plantas en los próximos 15 años sería de aproximadamente un millón de dólares por año.
El estudio concluyó que los costos por la inversión en alcantarillado y tratamiento de aguas residuales no son social ni políticamente viables, ya que la población no podría pagarlos.
Ese estudio recomendó que las inversiones en tratamiento se trasladen al Gobierno o sean ejecutadas por la cooperación internacional.
El director de la unidad de Concesiones, Rodolfo Bueso, es consciente del problema de contaminación por no tratar las aguas; pero también sabe que no es fácil dar ese paso por los gastos que implica.
“Implementar las plantas de tratamiento tal como están concebidas en el contrato implicaría incrementar el servicio de una forma exagerada por el valor de las plantas, por lo que consideramos que es un tema de ciudad”, dijo.
“A la concesionaria se le entregaron ya los terrenos, según consta en un acta y ya es el momento de buscar una solución para este problema”, aseguró.
Construir las plantas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad es una urgencia, pero las acciones son pocas con el argumento que resultaría demasiado caro.
La administración anterior es la única que ha hecho algo con la compra de terrenos para construir las plantas y entregarlas a la concesionaria Aguas de San Pedro. Por el momento, los sampedranos tendrán que vivir en medio de la hediondez y la contaminación.
La ingeniera Diana Betancourt, experta en saneamiento ambiental, dice que varios municipios en la cuenca de Chamelecón han hecho importantes esfuerzos en el tratamiento de sus aguas residuales, pero San Pedro Sula que aporta más del 80% de contaminación se ha quedado en el rezago, ya que la ciudad no trata ni siquiera el 1% de sus aguas residuales.
La especialista dice que la autoridad municipal ambiental aplica la legislación ambiental al sector privado y hay algunas industrias que sí han invertido en el tratamiento de sus aguas residuales.
15 años de rezago
Recordó que en 2001, la Municipalidad justificó el concesionamiento de los servicios de agua y saneamiento con el argumento de que el consorcio venía con fondos frescos para invertir en el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad.
Han pasado 15 años, la mitad del período de la concesión, la ciudad sigue creciendo y produciendo más aguas contaminadas sin ningún tratamiento.
A su juicio, la responsabilidad de no ejecutar esta inversión es compartida por la Municipalidad y la empresa concesionaria.
“La Municipalidad, por su parte, aceptó un contrato de concesión que no favorecía a la ciudad; y por otro lado, la empresa concesionaria se acomodó por años esperando que la ciudad comprara los terrenos para la instalación de las obras de tratamiento, acción que finalmente se concretó en 2014”, dijo.
Un estudio de tarifas para alcantarillado sanitario realizada por Inecon en 2012 indicó que la inversión requerida para la instalación de redes de alcantarillado, macrocolectores y plantas de tratamiento es de 181 millones de dólares (solo las plantas implican el 70% de la inversión).
E l costo promedio de la operación de las plantas en los próximos 15 años sería de aproximadamente un millón de dólares por año.
El estudio concluyó que los costos por la inversión en alcantarillado y tratamiento de aguas residuales no son social ni políticamente viables, ya que la población no podría pagarlos.
Ese estudio recomendó que las inversiones en tratamiento se trasladen al Gobierno o sean ejecutadas por la cooperación internacional.
El director de la unidad de Concesiones, Rodolfo Bueso, es consciente del problema de contaminación por no tratar las aguas; pero también sabe que no es fácil dar ese paso por los gastos que implica.
“Implementar las plantas de tratamiento tal como están concebidas en el contrato implicaría incrementar el servicio de una forma exagerada por el valor de las plantas, por lo que consideramos que es un tema de ciudad”, dijo.
“A la concesionaria se le entregaron ya los terrenos, según consta en un acta y ya es el momento de buscar una solución para este problema”, aseguró.
