San Pedro Sula, Honduras.
La propuesta del nuevo Código Tributario -que el Congreso Nacional aprobará próximamente- mantiene en alerta al sector privado, dado que, pese a las críticas que han hecho, siguen latentes algunos artículos que representan una amenaza.
Desde enero, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha presentado observaciones y críticas a la propuesta oficial; sin embargo, la preocupación y las dudas persisten.
La instauración del nuevo Código es la secuela de acciones estratégicas que el Gobierno comenzó a ejecutar años atrás para modernizar, según la versión oficial, el sistema.
El proceso
En 2010, el primer año de Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el Congreso Nacional aprobó la Ley del Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, la cual, por medio de su artículo 71, creó la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), adscrita a la Secretaría de Finanzas.
Cuatro años después, en febrero de 2014, tras asumir el Gobierno de Juan Orlando Hernández, por medio del decreto ejecutivo PCM 001-2014, reestructuró la administración central y dentro del paquete la DEI experimentó un cambio inadvertido por los contribuyentes.
Ese decreto, con el artículo 25, trasladó de la Secretaría de Finanzas a la Presidencia de la República bajo la orden de que debía rendirle “cuenta directa de su funcionamiento, metas alcanzadas en recaudación tributaria, así como de los procesos de certificación del personal de la misma institución (...)”.
En noviembre de 2015, el Poder Ejecutivo tomó una nueva determinación: decidió, por medio del decreto PCM-082-2015, “escindir” la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (Dara) de la DEI y la adscribió a la Secretaría de Finanzas.
Según Rita Silva, directora de la firma consultora Deloitte, este movimiento implica que “todos los temas aduaneros ya no tienen nada que ver con la nueva entidad tributaria, todos los temas aduaneros tienen que ver con la Secretaría de Finanzas”.
El Poder Ejecutivo remató la DEI en noviembre de 2015. Determinó liquidar esa institución a partir del 16 de marzo de 2016.
De acuerdo con Silva, el Gobierno recurrió al cierre porque “los reportes solicitados por el Poder Ejecutivo reflejaron que la DEI presentaba deficiencias que le impidieron su función de administrar el sistema tributario con el fin de maximizar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes”.
Al mismo tiempo, en noviembre de 2015, el poder Ejecutivo creó (decreto PCM-084-2015) el Servicio de Administración de Rentas (SAR) bajo el control de la Presidencia de la República.
El futuro
SAR operará basado en el nuevo Código Tributario que, de ser aprobado tal como está el proyecto, ofrecería herramientas nuevas a los contribuyentes y, al mismo tiempo, condiciones que, a juicio de los expertos, son negativas.
“Este es un código tributario actualizado, hay un tema que habla de derechos y garantías. Esto es excelente, pero hay algo que nos preocupa: le quieren dar a la nueva administración tributaria la facultad para legislar”, dijo.
Según los análisis de Deloitte, SAR podrá, en cualquier momento, decretar resoluciones que entrarán en vigor una vez que las publique en el sitio web y eso promoverá el cambio de las reglas del juego y propiciará la incertidumbre jurídica.
El nuevo proyecto propone la creación del derecho de la consulta para los contribuyentes que en un determinado momento tengan dudas; sin embargo, tal como está planteado se convierte en un elemento contraproducente.
La nueva administración tributaria, una vez que reciba la consulta de una persona natural o jurídica, tendrá 60 días hábiles para responderle.
Mientras le llega la respuesta, la persona estará obligada a cumplir con la obligación tributaria independientemente de que sus dudas tengan un fundamento racional.
Marcia López, quien hace varios años desempeñó el cargo de directora de Cumplimiento de la DEI, explicó que otro tema que es “importante, pero despierta dudas” es el derecho a la denuncia plasmado en el nuevo proyecto.
Las personas tendrán el derecho a denunciar a la administración tributaria, mas no tendrán garantizada una solución, pues el proyecto del nuevo código establece que “las denuncias infundadas podrán archivarse sin más trámite”.
“Creemos que el nuevo código debe considerar el procedimiento de cómo se hará la denuncia y quién decidirá si una denuncia es infundada o no”, dijo López.
Otra novedad que plantea el proyecto y que no es vista con buenos ojos es lo concerniente a las responsabilidades solidarias que tienen los grupos empresariales: si una empresa evade los impuestos, los debe pagar una relacionada.
La propuesta del nuevo Código Tributario -que el Congreso Nacional aprobará próximamente- mantiene en alerta al sector privado, dado que, pese a las críticas que han hecho, siguen latentes algunos artículos que representan una amenaza.
Desde enero, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha presentado observaciones y críticas a la propuesta oficial; sin embargo, la preocupación y las dudas persisten.
La instauración del nuevo Código es la secuela de acciones estratégicas que el Gobierno comenzó a ejecutar años atrás para modernizar, según la versión oficial, el sistema.
El nuevo Código Tributario es un instrumento de desarrollo para el país Juan Orlando Hernández, Presidente
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En 2010, el primer año de Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el Congreso Nacional aprobó la Ley del Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, la cual, por medio de su artículo 71, creó la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), adscrita a la Secretaría de Finanzas.
Cuatro años después, en febrero de 2014, tras asumir el Gobierno de Juan Orlando Hernández, por medio del decreto ejecutivo PCM 001-2014, reestructuró la administración central y dentro del paquete la DEI experimentó un cambio inadvertido por los contribuyentes.
Ese decreto, con el artículo 25, trasladó de la Secretaría de Finanzas a la Presidencia de la República bajo la orden de que debía rendirle “cuenta directa de su funcionamiento, metas alcanzadas en recaudación tributaria, así como de los procesos de certificación del personal de la misma institución (...)”.
En noviembre de 2015, el Poder Ejecutivo tomó una nueva determinación: decidió, por medio del decreto PCM-082-2015, “escindir” la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (Dara) de la DEI y la adscribió a la Secretaría de Finanzas.
La propuesta del Código es un modelo interesante, pero hay que consensuarlo Marcia López, exfuncionaria de la DEI
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El Poder Ejecutivo remató la DEI en noviembre de 2015. Determinó liquidar esa institución a partir del 16 de marzo de 2016.
De acuerdo con Silva, el Gobierno recurrió al cierre porque “los reportes solicitados por el Poder Ejecutivo reflejaron que la DEI presentaba deficiencias que le impidieron su función de administrar el sistema tributario con el fin de maximizar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes”.
Al mismo tiempo, en noviembre de 2015, el poder Ejecutivo creó (decreto PCM-084-2015) el Servicio de Administración de Rentas (SAR) bajo el control de la Presidencia de la República.
El futuro
SAR operará basado en el nuevo Código Tributario que, de ser aprobado tal como está el proyecto, ofrecería herramientas nuevas a los contribuyentes y, al mismo tiempo, condiciones que, a juicio de los expertos, son negativas.
“Este es un código tributario actualizado, hay un tema que habla de derechos y garantías. Esto es excelente, pero hay algo que nos preocupa: le quieren dar a la nueva administración tributaria la facultad para legislar”, dijo.
Según los análisis de Deloitte, SAR podrá, en cualquier momento, decretar resoluciones que entrarán en vigor una vez que las publique en el sitio web y eso promoverá el cambio de las reglas del juego y propiciará la incertidumbre jurídica.
El nuevo proyecto propone la creación del derecho de la consulta para los contribuyentes que en un determinado momento tengan dudas; sin embargo, tal como está planteado se convierte en un elemento contraproducente.
La nueva administración tributaria, una vez que reciba la consulta de una persona natural o jurídica, tendrá 60 días hábiles para responderle.
Mientras le llega la respuesta, la persona estará obligada a cumplir con la obligación tributaria independientemente de que sus dudas tengan un fundamento racional.
Marcia López, quien hace varios años desempeñó el cargo de directora de Cumplimiento de la DEI, explicó que otro tema que es “importante, pero despierta dudas” es el derecho a la denuncia plasmado en el nuevo proyecto.
Las personas tendrán el derecho a denunciar a la administración tributaria, mas no tendrán garantizada una solución, pues el proyecto del nuevo código establece que “las denuncias infundadas podrán archivarse sin más trámite”.
“Creemos que el nuevo código debe considerar el procedimiento de cómo se hará la denuncia y quién decidirá si una denuncia es infundada o no”, dijo López.
Otra novedad que plantea el proyecto y que no es vista con buenos ojos es lo concerniente a las responsabilidades solidarias que tienen los grupos empresariales: si una empresa evade los impuestos, los debe pagar una relacionada.
