San Pedro Sula, Honduras.
Empresas que han gozado de varios beneficios fiscales se verán afectadas por las nuevas reglas que comenzarán a limitar algunos privilegios tributarios.
El 4 de mayo, tras ser publicada en el diario oficial La Gaceta, entró en vigor la Ley de Responsabilidad Fiscal que tiene, como objetivo principal, controlar el gasto público y el nivel de la deuda.
Pero más allá de esos sos propósitos destacados por las autoridades del gobierno, este decreto legislativo de 29 artículos propone la modificaciones de algunas reglas del juego para muchas empresas.
Para el caso, el decreto exhorta a las personas jurídicas a inscribirse obligatoriamente en el Registro de Exonerados que administra la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin), a más tardar en un plazo de 90 días a partir de la publicación del reglamento de la presente Ley en el Diario Oficial La Gaceta.
David Antonio Alvarado, subdirector general de Política Tributaria, explicó que desde 2010 existía el Registro de Beneficiarios, que era administrado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y ahora deberán realizar la gestión ante la nueva entidad. Alvarado, quien contestó las preguntas de LA PRENSA a través de la oficina de Transparencia de Sefin, dijo que “la ley está en proceso de reglamentación y se cumplirá con los plazos establecidos” y aclaró que “los reglamentos únicamente desarrollan de manera procedimental los aspectos contenidos en la ley, es decir, los reglamentos no pueden normar más allá o contravenir las disposiciones contenidas en una norma de jerarquía superior”.
Un solo beneficio
La Ley de Responsabilidad Fiscal condiciona a las personas jurídicas, que tenían simultáneamente varias exoneraciones, a elegir solamente un beneficio fiscal y no más.
En este ámbito, según Rita Silva, directora de la firma Deloitte, esta nueva ley “deja una laguna legal de interpretación a dicho ordenamiento”.
“Entenderíamos que el espíritu del legislador fue indicar que no se pueden tener beneficios fiscales de la misma naturaleza, es decir, gozar de los beneficios otorgados por la ley de zonas libres y tener también los beneficios de un Régimen de Importación Temporal”, ejemplificó.
En el país hay diversos regímenes de exoneración a los cuales se han acogido decenas de empresas con el objetivo de ser competitivas. Bajo el contexto actual, a juicio de Silva, la nueva ley puede “afectar los derechos adquiridos de las contribuyentes que gozan de beneficios fiscales.
La Ley de Responsabilidad Fiscal es un instrumento que busca asegurar la consolidación fiscal, manteniendo la consistencia en el tiempo de la política presupuestaria, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y por ende la sostenibilidad de la deuda.
El alcance de la aplicación de esta ley es para el Sector Público No Financiero (SPNF) que está conformado por las instituciones de la administración central y descentralizadas, incluyendo los gobiernos locales (municipalidades) más las empresas públicas no financieras.
Empresas que han gozado de varios beneficios fiscales se verán afectadas por las nuevas reglas que comenzarán a limitar algunos privilegios tributarios.
El 4 de mayo, tras ser publicada en el diario oficial La Gaceta, entró en vigor la Ley de Responsabilidad Fiscal que tiene, como objetivo principal, controlar el gasto público y el nivel de la deuda.
Pero más allá de esos sos propósitos destacados por las autoridades del gobierno, este decreto legislativo de 29 artículos propone la modificaciones de algunas reglas del juego para muchas empresas.
Para el caso, el decreto exhorta a las personas jurídicas a inscribirse obligatoriamente en el Registro de Exonerados que administra la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin), a más tardar en un plazo de 90 días a partir de la publicación del reglamento de la presente Ley en el Diario Oficial La Gaceta.
David Antonio Alvarado, subdirector general de Política Tributaria, explicó que desde 2010 existía el Registro de Beneficiarios, que era administrado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y ahora deberán realizar la gestión ante la nueva entidad. Alvarado, quien contestó las preguntas de LA PRENSA a través de la oficina de Transparencia de Sefin, dijo que “la ley está en proceso de reglamentación y se cumplirá con los plazos establecidos” y aclaró que “los reglamentos únicamente desarrollan de manera procedimental los aspectos contenidos en la ley, es decir, los reglamentos no pueden normar más allá o contravenir las disposiciones contenidas en una norma de jerarquía superior”.
Un solo beneficio
La Ley de Responsabilidad Fiscal condiciona a las personas jurídicas, que tenían simultáneamente varias exoneraciones, a elegir solamente un beneficio fiscal y no más.
En este ámbito, según Rita Silva, directora de la firma Deloitte, esta nueva ley “deja una laguna legal de interpretación a dicho ordenamiento”.
“Entenderíamos que el espíritu del legislador fue indicar que no se pueden tener beneficios fiscales de la misma naturaleza, es decir, gozar de los beneficios otorgados por la ley de zonas libres y tener también los beneficios de un Régimen de Importación Temporal”, ejemplificó.
En el país hay diversos regímenes de exoneración a los cuales se han acogido decenas de empresas con el objetivo de ser competitivas. Bajo el contexto actual, a juicio de Silva, la nueva ley puede “afectar los derechos adquiridos de las contribuyentes que gozan de beneficios fiscales.
La Ley de Responsabilidad Fiscal es un instrumento que busca asegurar la consolidación fiscal, manteniendo la consistencia en el tiempo de la política presupuestaria, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y por ende la sostenibilidad de la deuda.
El alcance de la aplicación de esta ley es para el Sector Público No Financiero (SPNF) que está conformado por las instituciones de la administración central y descentralizadas, incluyendo los gobiernos locales (municipalidades) más las empresas públicas no financieras.
