El aumento de la violencia en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, ha llevado a las empresas de limpieza tradicionales a incluir entre sus servicios las sangrientas escenas del crimen, por lo que algunas cobran una media de entre 200 y 300 dólares por caso (3,800-5,700 lempiras).
Algunos trabajadores de esas compañías confesaron a Efe que la falta de empleo en la considerada urbe con más violencia de México les ha llevado a aceptar un empleo “mal remunerado” y en el que se enfrentan en ocasiones a escenas “dantescas”.
Uno de ellos, que prefiere omitir su nombre por motivos de seguridad, declaró que ha pasado de limpiar hogares a otras labores “más desagradables, porque ahora tenemos que limpiar sangre, recoger restos humanos, masa encefálica y desinfectar áreas en donde se cometieron asesinatos”.
“Nos asignaron limpiar el cuarto de un motel donde mataron a cuatro personas para poder usarlo al día siguiente. Llevábamos máscaras y, aún así, el olor era insoportable”, recordó.
Este empleado define experiencias como la de aquel día como “una cosa espantosa. En esa ocasión hicimos de todo: desde limpiar manchas de sangre seca hasta retirar masa encefálica del techo y las paredes”.
Otro joven juarense de 17 años llamado Andrés que trabajaba en un lavadero de coches rememora con horror el día en que tuvo que limpiar un vehículo donde tres jóvenes fueron asesinados.
“Ése fue el último día que trabajé ahí”, dijo.
Lo mismo ocurre con el personal que se dedica a la limpieza de locales de ocio, hoteles o viviendas, quienes jamás imaginaron que limpiar los escenarios de ‘balaceras’ sería parte de su trabajo por culpa del crimen organizado.
Limpieza tras el crimen
En esta ciudad fronteriza mexicana se han perpetrado asesinatos y masacres en todo tipo de lugares, que deben quedar impecables para seguir siendo utilizados por sus propietarios como si nada hubiera ocurrido.
Pero no son sólo limpiadores profesionales los que se enfrentan a estas situaciones. Angélica M., una ama de casa de 46 años, no olvida el día en que tuvo que salir a limpiar la sangre que quedó frente a su casa después de que tres hombres fueran asesinados allí.
“No quería que mis hijos vieran los charcos de sangre al día siguiente. En cuanto se llevaron los cuerpos tuve que limpiar a fondo la calle con agua y jabón”, recordó.
Al contrario que en otras ciudades, en Juárez no hay equipos especializados en desinfectar escenas de crimen, por lo que la única opción de familiares de las víctimas ha sido pedir que hagan ese trabajo a las empresas de limpieza tradicionales, que se han hecho con ese mercado.
Esa nueva faceta “no será jamás una opción para ganarse la vida o algo visto como un negocio” sino que se contempla como una deferencia “porque si un cliente llega y nos lo solicita, no nos podemos negar a ello”, explicó la administradora de una de estas empresas.
Varias de las compañías del sector consultadas por Efe, que no publicitan este servicio pero sí cuentan con él, se negaron a proporcionar sus tarifas por limpiar las escenas del crimen, si bien otras calcularon entre 200 y 300 dólares el coste medio que cobran.
“Hay que valorar las condiciones en las que se encuentra el lugar para poder hacer una cotización”, explicó un supervisor de la empresa Servi Max, quien aseguró que “ese tipo de cotizaciones las hacemos personalmente y no por vía telefónica”.
La mayoría no publicitan ni ofrecen la limpieza tras un asesinato, aunque no niegan la limpieza si se les solicita, dijo una fuente de la empresa Multi Servicios del Norte.
“Nos han solicitado limpieza de vehículos mayormente, pero costos no te puedo dar. Tendríamos que ver las condiciones del lugar”, insistió.
Ciudad Juárez acumula en lo que va de año unas 1,800 muertes violentas, mientras que en 2009 la cifra fue de 2,635 y un año antes de 1,607.
Violencia en auge
Ciudad Juárez terminará este año con cerca de 2,500 asesinatos, la mayor cantidad de muertes violentas atribuidas por autoridades al crimen organizado en México. La secuencia criminal que se sostiene desde enero de 2008 deja un promedio de 175 homicidios por cada 100 mil habitantes, equiparable a la de naciones en guerra. Sin embargo, eso no es causante del temor y desesperanza colectivos: lo son el secuestro y la extorsión.
“No existe una cifra oficial que pueda referirle y tampoco se trata de hechos que se hablen abiertamente entre las víctimas debido al miedo y la desconfianza, pero informes de distintas organizaciones nos llevan a estimar que por cada 10 comerciantes, seis pagan cuota”, dice Eduardo Güereque, presidente del Comité Médico Ciudadano, un grupo de autoayuda que nació en la ciudad a partir del desorbitado número de secuestros y despojos mediante amenaza.
Empresarios, profesionistas, académicos, ejecutivos de la industria maquiladora y profesores de primaria fueron desde noviembre de 2008 objetivo primordial de criminales. Muchos de ellos perdieron la vida por resistirse al soborno; otros sucumbieron tras el secuestro de algún familiar o de ellos mismos y varios más huyeron dejando propiedades y empleos.
Pero desde agosto de este año, la cartera de víctimas potenciales se abrió al resto de la población, acentuando el estrés colectivo.
“El último nivel de la extorsión se encuentra ahorita entre los vendedores de elotes. Así de grave está la cosa”, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hoy refugiado en Texas por amenazas de muerte en su contra.
“Los criminales se aprovechan del alto nivel de impunidad para extorsionar, puerta por puerta, a casi cualquier ciudadano”.
Cierre de negocios
La inseguridad en Ciudad Juárez provocó durante los últimos dos años el cierre de por lo menos 10 mil negocios, la pérdida de un número indeterminado de empleos, el éxodo de unas 100 mil personas a El Paso, Texas, y un incremento de 500% en el costo de operación de las empresas, debido a que se han visto obligadas a invertir más en sistemas de seguridad privada.
Así lo dieron a conocer Gerardo Gutiérrez Candiani y César Chávez, presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana y del Centro Empresarial de la Coparmex en Ciudad Juárez, respectivamente, en una conferencia en la que exigieron una actuación más efectiva de las autoridades de seguridad contra la delincuencia, para evitar que la inseguridad provoque salida de capitales.
“La inseguridad ha incrementado los costos del empresariado. El presupuesto que el sector destina al rubro de seguridad ha crecido en al menos 500% en los últimos dos años. Por este motivo, Coparmex exige la coordinación de las autoridades en materia de seguridad pública para evitar la salida de inversionistas y empresas que hoy son fuentes generadoras de empleo y que al irse agravarían el problema social”, dijo Gutiérrez.
El presidente de la Coparmex atribuyó los altos niveles de inseguridad a la corrupción y tolerancia de las autoridades federales, estatales y municipales que, lejos de combatir la delincuencia, durante años permitieron que se infiltrara en las instituciones, y a que las medidas instrumentadas en el estado en materia de seguridad obedecen más a criterios políticos, partidistas o personales.
Polémica por legalización de drogas
El debate sobre la legalización de drogas en México es “una cortina de humo” porque no resolverá la violencia generada por los cárteles del narcotráfico que se dedican, además, al secuestro, la extorsión, contrabando y trata de personas, aseguró una organización civil.
“Para nosotros la legalización es una cortina de humo porque si la legalizamos no vamos a resolver el gravísimo problema de violencia que es lo que en este momentos nos afecta”, dijo José Antonio Ortega, director de Consejo Ciudadano para la Seguridad.
Más de 28,000 personas han muerto en México desde diciembre de 2006, cuando el gobierno echó a andar una campaña contra los cárteles de la droga con el despliegue de más 50,000 militares.
El presidente Felipe Calderón ha convocado a sectores de la sociedad a debatir una estrategia de seguridad pública y en la discusión algunas organizaciones civiles, académicos y partidos opositores propusieron legalizar las drogas para debilitar a los cárteles.
Jesús Ortega, líder del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD, tercera fuerza en el Congreso) y Arturo Escobar, coordinador en el Senado del Verde Ecologista (PVEM, cuarta fuerza) respaldaron la despenalización de algunas drogas en un foro sobre política de seguridad convocado por Calderón.
“Hay que quitarle valor al negocio de las drogas, eso se logra, al menos lo muestra la experiencia internacional, con su legalización”, dijo Ortega.
El senador Escobar, del PVEM, sugirió que “se debería pensar en legalizar la marihuana” la droga de mayor consumo y que mayores ganancias genera en Estados Unidos y México.
Sin embargo, Beatriz Paredes, líder del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que tiene la mayoría relativa en el Congreso, evadió el debate.
