Tegucigalpa, Honduras
El actual proceso de depuración de la Policía Nacional le ha costado a los hondureños un poco más de 178 millones de lempiras en prestaciones y otros derechos laborales pagados a la fecha a unos 1,651 agentes de la escala básica y altos oficiales dados de baja entre el 12 de abril y el 23 de noviembre del año en curso.
En su más reciente informe la Comisión Especial de Depuración detalló que desde el 12 de abril pasado al menos 2,590 policías han sido sometidos a exhaustiva evaluación a fin de determinar la idoneidad y confianza para continuar formando parte del cuerpo armado.
Los policías examinados pertenecen a diferentes niveles jerárquicos, de los cuales nueve ostentan el rango de general, 47 son comisionados, 108 subcomisionados, 108 comisarios, 154 subcomisarios, 241 inspectores, 497 subinspectores, 215 suboficiales, 1,083 agentes de escala básica y 128 auxiliares.
De ese número, los depuradores excluyeron a 1,651 uniformados, de los cuales 1,299 se fueron por reestructuración, en razón del nuevo esquema organizacional, 174 fueron despedidos con justa causa sin responsabilidad para el Estado y a 178 se les canceló el acuerdo de nombramiento por retiro voluntario en aplicación del artículo 109, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía.
Para sustituir a esta gente y evitar que la Policía quede diezmada, la Comisión determinó incorporar a la recién aprobada nueva estructura policial a 887 oficiales y agentes de escala básica.
No obstante, todavía quedan en proceso de evaluación 11 miembros de la carrera policial y 14 continúan suspendidos a fin de facilitar sus investigaciones, juzgamientos y sanciones judiciales por la comisión de diversos delitos.
Fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad precisaron que a la fecha se han pagado 178.5 millones de lempiras en concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos a altos oficiales y agentes que han sido cancelados en los primeros siete meses del proceso de emergencia en materia de depuración.
Los depuradores precisaron que se ha tenido el especial cuidado de no violentar los derechos laborales de quienes son evaluados y en todos los casos se ha respetado el debido proceso, lo que ha provocado que la mayoría de los excluidos han recibido sus respectivas prestaciones laborales.
Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial, manifestó que la profilaxis es irreversible, no tiene punto de retorno y avanza irrefrenable hasta edificar una institución integrada por profesionales decentes y competentes. Urgen al Congreso aprobar la nueva ley.
“Vamos a construir la nueva Policía que nos merecernos los hondureños, conformada por hombres y mujeres comprometidos con el respeto a la Ley y con la necesaria vocación de servicio para brindar servicios oportunos de óptima calidad”, dijo Rivera.
