Más de un centenar de abogados de la Secretaría de Seguridad desfilaron hoy en el cuartel general de la Policía para rendir cuentas ante la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía.
Los juristas llenaron un formulario con sus datos y entregaron copias de los expedientes que están bajo su poder.
La evaluación a estos profesionales se da enmedio de fuertes cuestionamientos por denuncias que personal de Asesoría Legal y Recursos Humanos hacían cobros ilícitos a policías depurados o que están bajo procesos disciplinarios por faltas y delitos.
De acuerdo a información proporcionada a LA PRENSA muchos de estos juristas cobraban tarifas de 5,000, 10,000 y hasta 20,000 lempiras por limpiar y desaparecer expedientes, modificar dictámenes, borrar datos, sustituir o destruir oficios y negociar juicios y demandas.
LA PRENSA tiene en su poder los nombres de al menos ocho abogados que se habían aliado para delinquir dentro de la misma institución.
En vista de esa irregularidades la Comisión Especial inició la evaluación del desempeño de todos los asesores legales, procuradores y oficiales jurídicos que trabajan en los diferentes organismos policiales y distintas dependencias de la Secretaría de Seguridad.
El depurador Alberto Solórzano adelantó que los servicios legales de la Policía se centralizarán en una unidad con personal calificado, honesto y que haya sido sometido a pruebas de confianza.
 La evaluación a estos profesionales se da enmedio de fuertes cuestionamientos.
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